Sigue la pelea entre jueces y fiscales para decidir quién investiga una causa conexa a la corrupción en la AFA

A pesar de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó quitarle la causa por corrupción en la AFA -que gira alrededor de la mansión de Pilar- al juez federal de Zárate y devolverla a un magistrado porteño, el fiscal general de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, pidió este martes que la investigación por lavado de dinero contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino quede en manos de Adrián González Charvay.

En un extraño dictamen, Vehils Ruiz, en lugar de avalar el planteo del fiscal Pedro Simón para que la causa por lavado contra Toviggino, su entorno y Tapia permaneciera en Santiago del Estero, solicitó a la Cámara Federal de Tucumán que el expediente instruido por Simón sea enviado al juzgado de Zárate, a cargo de González Charvay.

La postura del fiscal tucumano va a contramano del fallo dictado el viernes por la Cámara Federal de Casación Penal —el máximo tribunal penal antes de la Corte Suprema—, que había ordenado apartar a González Charvay del caso de la mansión de Pilar y dispuso que la Cámara Federal en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires defina qué juez porteño continuará con las investigaciones vinculadas a la AFA.

Incluso, Vehils Ruiz debió, en todo caso, seguir el criterio del fiscal de Casación, Mario Villar, por el principio de unidad de actuación que rige en el Ministerio Público Fiscal y porque se trata de un superior jerárquico.

La implementación del fallo de Casación sobre qué juez de la Ciudad de Buenos Aires quedará a cargo del expediente deberá ser tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán,Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

Sin embargo, el fiscal general de Tucumán pretende enviar una causa conexa -la instruida por Pedro Simón- al juzgado de Zárate, en una nueva muestra de las dificultades de la Justicia para unificar expedientes y lograr la denominada “economía procesal”, como se conoce en Tribunales.

Vehils Ruiz basó su dictamen en el voto en disidencia del juez de Casación Mariano Borinsky, no en el de la mayoría.

En su resolución, sostuvo que la declaración de incompetencia del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay -quien rechazó el pedido de detención de Tapia y Toviggino y remitió la causa impulsada por Simón al juzgado de Zárate-, “resulta ajustada a derecho, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho que se desarrollarán en los capítulos siguientes, siendo la competencia la primera cuestión que debe zanjarse en todo proceso penal”, según señalaron fuentes judiciales consultadas por Clarín.

Por eso, agregó: “entiendo que corresponde desistir del recurso interpuesto (por Simón), debiendo quedar firme, por ende, la decisión impugnada en lo que a este aspecto atañe, y remitirse los actuados al Juzgado Federal de Zárate-Campana, por resultar competente para entender en esta investigación”.

Y añadió: “La postura asumida por esta representación del Ministerio Fiscal permitirá que sea el juez natural de la causa quien decida sobre el mérito de los elementos causídicos y de la acción penal, en tanto el juez de Santiago del Estero no resulta competente para decidir sobre el particular”.

La hipótesis acusatoria original de Pedro Simón “se orientó a la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos (artículos 210 y 303 del Código Penal), bajo la premisa de que fondos de origen espurio —derivados de supuestas defraudaciones, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares— habrían sido canalizados mediante transferencias bancarias cruzadas y la posterior adquisición de bienes muebles e inmuebles distribuidos en distintas jurisdicciones del país”, agregó el fiscal de Tucumán.

Recordó que el 21 de abril de 2026, el juez Argibay sostuvo que la AFA “posee su domicilio legal y el centro principal de sus intereses en el partido de Pilar, territorio asignado a la jurisdicción del Juzgado Federal de Campana”. Sin embargo, ni la Inspección General de Justicia (IGJ) ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reconocieron ese cambio de domicilio.

Además, Vehils Ruiz citó el voto en disidencia de Borinsky, según el cual “no resulta arbitrario que se priorice al juez que tiene jurisdicción territorial (el de Campana), más allá de que por posteriores anoticiamientos se ampliara la denuncia”.

En abril de este año y en tiempo récord, el juez federal de Santiago del Estero desestimó el pedido del fiscal Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero y liderazgo de una asociación ilícita destinada, según la acusación, a desviar fondos de la entidad madre del fútbol argentino.

En una polémica maniobra, el magistrado santiagueño se declaró incompetente y envió el expediente al juez federal de Zárate, Adrián González Charvay, quien, paradójicamente, también rechazó intervenir. Se trató de una cadena de decisiones judiciales tomadas con diferencias de apenas minutos.

Argibay —quien años atrás había validado la tercera reelección de Gerardo Zamora como gobernador de Santiago del Estero— notificó a las partes de su resolución a las 13.07, mientras que la Cámara Federal de Tucumán lo apartó del caso a las 13.55.

Días después, y con duras críticas a Argibay, el fiscal Simón apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la desestimación del pedido de detención de Tapia y Toviggino, así como la declaración de incompetencia de los tribunales santiagueños para seguir adelante con la investigación. Esa apelación fue finalmente rechazada por el fiscal general Vehils Ruiz.