Maniobras con el cepo K: prorrogaron el secreto de sumario a la espera de buscar más celulares y dispositivos para la causa

La causa penal en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de dólar blue y autorizaciones para aprobar importaciones a través del sistema SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández seguirá bajo secreto de sumario. El juez federal Ariel Lijo tomó esa medida por tercera vez por 10 días hábiles más, por lo que el expediente seguirá reservado.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado prorrogó el secreto luego de 30 allanamientos que se realizaron el mes pasado porque todavía se busca a personas para secuestrarles celulares y dispositivos digitales para peritar en el expediente.

Se trata de allanamientos solicitados por el fiscal federal Franco Picardi y ordenados por Lijo. Los operativos fueron en casas de cambios y bancos para secuestrar documentación, celulares y todo dispositivo útil para el expediente. “Algunas personas que no fueron encontradas se presentaron en la causa. A otras las seguimos buscando“, explicó una fuente judicial.

El diario La Nación reveló esta semana que de la investigación surgió que cuatro empresas pagaban entre un 10 y un 15 por ciento de sobornos para obtener las aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que se aplicó en octubre de 2022 durante la presidente de Fernández y la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación.

“De mínimo son cuatro por lo que se sabe hasta ahora”, le dijo a este medio una fuente del mundo financiero que conoció de cerca y con preocupación los allanamientos que se realizaron.

Esas empresas habrían pagado coimas por importaciones reales para que se agilicen las autorizaciones. Fueron por un monto total de 3.5 millones de dólares y en la causa se ordenaron más medidas de prueba como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas y se pidieron informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Secretaría de Comercio.

Hasta el momento la causa tenía en el eje central operaciones irregularidades con el dólar blue, principalmente de casas de cambio de Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles. Pero la investigación ahora encontró elementos para señalar que se pagaban sobornos con las SIRA, algo que en el mundo financiero y político estaba instalado y de lo que se hablaba entre quienes trabajaban en el mundo de las importaciones.

La causa se inició el año pasado como un desprendimiento de la investigación en la que Piccirillo le dejó un kilo de cocaína y un arma en el auto a su socio Hauque, quien le reclamaba una deuda de 6 millones de dólares. Hauque fue detenido en un operativo policial armado y como arrepentido del hecho declaró Carlos “Lobo” Smith.

El arrepentido habló de los negociados de Piccirillo, Hauque y Migueles, los tres socios en financieras, y contó que Hauque amenazaba a directivos del BCRA para que dejen operar a sus casas de cambio y aprueben operaciones de dólar blue. Para eso apartó audios que le había dado Piccirillo.

Uno de esos audios es con Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA. Piccirillo la graba en una conversación telefónica para que la funcionaria diga que Hauque la amenazaba y así poder denunciar a su socio que le reclamaba seis millones de dólares.

Allí García reconoce que asesoraba a Haunque –“está prohibido eso”, admite- y que funcionarios más altos del BCRA sabían de las amenazas pero no hacían nada. “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?. Porque si nosotros recibíamos eso, se lo mostrábamos y no hacían nada”, reveló.

García y otros cuatro directivos del BCRA fueron allanados en diciembre del año pasado y se le secuestrados sus teléfonos celulares y dispositivos. En la casa de Analía Jaime, inspectora General de supervisión de entidades no financieras del BCRA, secuestraron documentos de “ARG EXCHANGE S.A”, una de las casas de cambio de Piccirillo y Migueles.

La justicia detectó que “ARG EXCHANGE S.A” operó 184 millones de dólares en seis meses de 2023 y en ese año las casas de cambio de Piccirillo, Hauque y Migueles movieron 253 millones de dólares.

Esos procedimientos de diciembre y otros avances de la causa llevaron al fiscal Picardi, quien tiene delegada la investigación, a pedir los allanamientos que se hicieron el mes pasado en los que se secuestraron celulares, distintos dispositivos digitales y documentación.

Se esperaba que hoy se levante el secreto de sumario en la causa pero se prorrogó por 10 días hábiles más, la última extensión adelantaron las fuentes. Cuando eso ocurra se conocerán detalles de las operaciones que se investigan. La incógnita se develará los primeros días de mayo.