Encarni, 83 años: “Con mi pensión, tuve que poner a mis 3 hijos de avales para seguir viviendo en mi casa”
El aumento de los alquileres en España también golpea a los jubilados, que cada vez encuentran más dificultades para mantener una vivienda con sus ingresos. Encarni, de 83 años, es un ejemplo de esa situación: pese a haber trabajado durante toda su vida y cumplir con sus obligaciones, tuvo que recurrir a sus tres hijos como avalistas para poder seguir viviendo en su casa.
“Tengo tres hijos y a todos tuve que ponerlos de avalistas”, explicó la mujer. Su pensión no aumenta al mismo ritmo que el alquiler y las actualizaciones anuales del contrato complican cada vez más su economía. Lo que antes podía afrontar se convirtió en una preocupación constante.
El problema no se limita al monto mensual que debe pagar. Las condiciones que algunos propietarios imponen a los inquilinos mayores también dificultan la posibilidad de conservar un hogar. En el caso de Encarni, la necesidad de presentar garantías adicionales contrasta con su historial de pagos, que se extiende durante décadas sin registrar impagos.
La situación expone una dificultad que afecta a personas que ya terminaron su vida laboral y dependen de ingresos fijos. A diferencia de quienes todavía trabajan, los jubilados no cuentan con la posibilidad de aumentar sus ingresos mediante un nuevo empleo para compensar las subas de los gastos cotidianos.
Los adultos mayores, cada vez más expuestos a las exigencias del mercado inmobiliario
El acceso a una vivienda se convirtió en un problema en España. Durante años, la precariedad residencial estuvo asociada principalmente a los jóvenes que debían compartir departamentos para afrontar los costos. Sin embargo, las dificultades también alcanzan a los mayores de 50 años, especialmente a quienes dependen de una pensión y no tienen una propiedad propia.
En algunos casos, las condiciones para alquilar incluyen contratos de menor duración, garantías adicionales y revisiones frecuentes. También se han denunciado exigencias vinculadas con la autonomía personal e incluso con el estado de salud de los posibles inquilinos.
La situación de Encarni se suma a otros casos que pusieron en discusión la protección de las personas mayores frente a las dificultades habitacionales. Entre ellos se encuentra el de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid después de vivir más de siete décadas en el mismo piso.
Las pensiones, por su parte, están lejos de acompañar los precios de los alquileres en las grandes ciudades. Para quienes no cuentan con una vivienda propia, encontrar un lugar que puedan pagar sin destinar una parte excesiva de sus ingresos representa un desafío cada vez mayor.
Frente a las dificultades para sostener el alquiler, Encarni se encontró con otra opción que tampoco puede afrontar. “La única solución que te dan es que te vayas a una residencia”, explicó. Sin embargo, los elevados costos de estos establecimientos hacen que esa alternativa resulte igualmente inaccesible.
El problema se agrava por la escasez de plazas públicas y las listas de espera prolongadas. Aunque el Plan Estatal de Vivienda contempla ayudas para mayores de 65 años, acceder a esos beneficios exige cumplir determinadas condiciones, como acreditar ingresos bajos, no haber sido propietario y demostrar que el inmueble será la residencia habitual.
Las subvenciones pueden cubrir hasta la mitad del alquiler mensual, pero los trámites y los requisitos dejan a algunas personas fuera de la asistencia. Así, muchos jubilados quedan atrapados entre dos alternativas difíciles de sostener: afrontar alquileres que aumentan por encima de sus ingresos o buscar otra opción habitacional que tampoco pueden pagar.
Fuente: www.clarin.com
