Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

Se celebró una nueva audiencia del juicio por el caso Cuadernos, donde se juzga el circuito de sobornos que se montó entre ex integrantes del gobierno kirchnerista (2003-2015) y empresarios contratistas del Estado. Está semana declararon como testigos ex integrantes y actuales funcionarios del ARCA. La fiscalización de un grupo de empresas y el movimiento de dinero es el objeto central por el cual los convocó la fiscalía. Este jueves se volvió a hablar de una obra calificada como un “emblema de la corrupción”, emplazada en Santa Cruz: a 18 años de su licitación, jamás se terminó.

Los hechos que fueron investigados y que condujeron a 60 empresarios y a la ex Presidenta junto a ex integrantes de su gabinete al banquillo de los acusados, incluyeron cohechos pasivos y activos: quienes recibieron y pagaron las coimas. Entre los pagadores, este jueves mayoritariamente se consignó a dos empresas que tenían dos proyectos licitados en suelo santacruceño.

Una de ellas es Isolux Corsán, la firma cuya casa matriz se encontraba en España y que fue la adjudicataria en 2008 de la obra para la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, la localidad minera ubicada al noroeste de Río Gallegos.

La obra nunca se terminó y estuvo envuelta en cuantiosas denuncias de corrupción. De hecho, por el desvío de 256 millones de pesos que debían destinarse a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, responsable de alimentar de carbón a la Usina para que genera 240 Mw que se iban a inyectar al Interconectado Nacional, fue preso Julio De Vido en 2017.

Verónica Iglesias, contadora de ARCA, relató ante el TOF 7 y la fiscal Fabiana León que en el año 2016 se encontraba trabajando como supervisora en un área de fiscalización y en 2017 fue promovida.

Cuando trabajaba como integrante del equipo de fiscalización del organismo, le dieron el CUIT de la UTE integrada por la firma de origen española, Isolux Corsán y otras compañías. Cuando la fiscal León le consultó qué originó la fiscalización, contó: “Cuando fui nombrada jefa de división, había una sospecha de facturas apócrifas”.

Iglesias explicó que existe una base de firmas proveedoras consignadas como apócrifas, entonces cada vez que eran contratadas se disparaba una alarma en el sistema que derivaba en inspecciones.

Respecto a Isolux Corsán se analizaron las facturas “que no podrían tener veracidad: algunas prestaban horas hombre como concepto de la facturación o maquinaria. Pero no nos abocamos al concepto de la compra en sí sino a los proveedores que ya estaban catalogados como apócrifos”.

Durante el primer mandato de Cristina Kirchner se realizó la licitación de la obra que buscaba subsanar los problemas deficitarios de YCRT y otorgarle otro sentido -a largo plazo- al yacimiento de carbón. La obra fue adjudicada a una UTE liderada por la española Isolux Corsán en 857.341.128 dólares.

“Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a la empresa en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a 1.726.251.982 dólares”, explicitó una pericia oficial incorporada a la causa judicial que investigó a Julio De Vido, al ex titular de YCRT y a otros ex funcionarios y participantes de aquel proceso.

Conclusión: la usina habrá costado entre dos y tres veces más de lo que se había presupuestado originalmente.

La obra que se convirtió para la justicia federal en un “emblema de la corrupción”, fue uno de los proyectos en base a los cuales se cobraron coimas atribuidas como destinataria final, a Cristina Kirchner.

Sobre esta obra, recordó la contadora Iglesias que se le imputaron los montos de la facturación apócrifa.

Fuentes judiciales señalaron a Clarín que este ejemplo concreto, como ocurrió con otras firmas fiscalizadas y que son parte de la causa Cuadernos, “tienen salidas no documentadas de dinero proveniente de anticipos financieros de las obras obtenidas”. Es decir, retiros de efectivo.

Isolux Corsán tenía como una de sus principales autoridades, a Juan Carlos De Goycochea, uno de los empresarios que comparece ante el TOF 7 en el juicio y que se acogió, durante la instrucción, a la figura del imputado colaborador.

“En el año 2008, cuando se gana la obra de Rio Turbio y vienen de España a firmar el contrato, que se hace en un acto público, a partir de ahí fui convocado, en febrero o marzo de 2009, a una reunión al despacho de Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación Federal. La licitación ya estaba ganada, y él en esa oportunidad me manifiesta que era necesario aportar dinero para la campaña electoral”, contó en su confesión como imputado colaborador De Goycochea, entonces presidente de Isolux Corsán.

Dio más detalles que constan en la acusación: “A partir de esa reunión, se me indicaba por teléfono, por línea fija cuyo número de abonado no recuerdo, que fuera a tal dirección, que eran las casas de cambio para retirar los dólares, siempre ubicadas en microcentro, y que luego los entregara a Baratta. Cuando iba a las casas de cambio yo decía que iba de parte de Isolux, me hacían pasar a un cuartito y me entregaban los dólares en una bolsa de tela que no permitía traslucir los billetes. Quien me daba la orden siempre mencionaba explícitamente a Baratta como a quien yo debía entregarle el dinero”.

Las entregas -según el relato- fueron aproximadamente tres veces por año y se hacían en Maipú 741, piso 1° B. “Normalmente le entregaba los dólares en la misma bolsa de tela que me daban en la financiera. En esas oportunidades, Baratta tomaba la bolsa, no contaba el dinero, y la introducía en un portafolios o porta notebook rígido, tipo carrito”.

Hubo una aclaración realizada por De Goycochea: “Baratta me hizo el pedido de dinero para la ‘campaña electoral’, pero en todo momento lo tomé como un eufemismo, y que en realidad lo que estaba reclamando era el pago de un ‘retorno’, ‘coima’, ‘soborno’ o cómo quiera llamárselo, y es en este último sentido que transmití el mensaje a las autoridades españolas de la empresa. Nunca estuvo en la intención de la empresa Isolux el realizar aportes para campañas electorales. Por eso no había duda que el pago se realizaba para evitar represalias por parte de los funcionarios”.

La empresa señaló haber accedido al pago de los sobornos porque “existía un gran temor en enemistarse con el gobierno, y que suspendieran los pagos o rescindieran el contrato de la obra; pues era conocido en el ambiente el trato extorsivo por parte del gobierno Kirchner hacia las empresas. Baratta siempre daba a entender, de manera más o menos directa, que si no se hacía el aporte se bloqueaban los pagos de los certificados de obra. Y obviamente el bloqueo de pagos de certificados de obra causaba un terrible perjuicio a la empresa, que tenía gastos mensuales de 30 millones de pesos aproximadamente, y entre otras cosas, debía pagar sueldos a unos 3.000 empleados, entre directos e indirectos”.

En definitiva, añadió el empresario en su confesión, “lo que quiero dejar en claro es que los pagos que se le hicieron a Baratta fueron irregulares y una imposición del gobierno relacionada exclusivamente con el hecho de que Isolux tenía a su cargo la obra de la Central Térmica de Río Turbio”.

Estos pagos se realizaron entre 2009 y 2014. “Fueron alrededor de 17 entregas en total, cada una de ellas de aproximadamente 300.000 dólares”.

En relación a la obra de Río Turbio, explicó De Goycochea, “además de los pagos a Baratta, otra cuestión irregular con el gobierno fue la imposición para la contratación de determinados proveedores que nos indicaba Baratta. Entre esos proveedores puedo señalar a las firmas Fainser y Termipol. En el caso de Termipol, Baratta comentó que era un amigo de De Vido, que eran vecinos en el country. Otras firmas impuestas fueron Prosetec y Blutech, que estaban vinculadas el sindicato de soldadores eléctricos. En relación a estos proveedores, cuando el gobierno hacía pagos, Baratta nos imponía la obligación de pagarles primero a tales proveedores, por encima de todas las otras obligaciones, incluidas las obligaciones salariales e impositivas de la empresa”.

Algunos de los pagos también figuran en los cuadernos de Centeno. Se leyó este jueves las siguientes referencias: “11/10 13.45 horas “Del ministerio lo lleve al lic a Maipú 741, lo esperaba “Mario” y subió al auto y le entrego allí un bolso con 200.000 U$S (dólares doscientos mil); luego Mario se bajó a dos cuadras mas y lo traje al lic al ministerio (Mario es de Isolux)”.

Además: “3/6/15 10.03 horas “Lo lleve a Nelson al edificio donde opera ISOLUX, ahí subió al auto un tal César, trajo con él una bolsa de papel duro y otra mas pequeña, decía que eran U$S 1.500.000 (un millón quinientos mil dólares) en total, También hicimos un recorrido hasta Paseo Colon y Belgrano donde se bajo. Luego lo lleve a Nelson con el dinero y se lo entregó al Lic Baratta en su oficina luego a la noche ese dinero el lic lo bajo en su casa.”

Después de la contadora Iglesias, declaró como testigo Carlos Alberto Staforni, quien se refirió a la fiscalización de la UTE que tuvo a su cargo la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, otra obra que lleva más de una década licitada e inconclusa.

La UTE tuvo entre sus integrantes a la firma IECSA, entonces propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. El empresario también se convirtió en imputado colaborador pero buscó establecer que los pagos indebidos realizados, correspondían a aportes de campaña. Sin embargo, esa tesis fue desestimada por la justicia federal y se encuentra en el banquillo de los acusados por pagar sobornos.

No fue la única fiscalización sobre IECSA. También fue por una UTE constituida con JCR (Grupo Relats). Estos últimos fueron responsables de administrar el hotel más lujoso de Cristina Kirchner, casa patagónica Los Sauces. Según explicaron los testigos, había anticipos de obra pagados a la Unión Transitoria de empresas cuyo destino no se logró determinar.