Con escuchas, documentos y fotografías, acusan a Lázaro Báez en otra causa que lo vincula al lavado de $ 400 millones y a una organización narco

“El dueño de la historia acá, soy yo (…) y si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá”. La comunicación ocurrió a 3.000 kilómetros de distancia. De un lado del teléfono y desde el Penal de Ezeiza, Lázaro Báez exigió la actualización de un alquiler que, pese a su frase inicial, no le pertenece porque sus bienes fueron decomisados. La conversación es una de las tantas pistas que involucran al ex socio comercial de Cristina Kirchner con una pista narco y que tiene como pieza clave a su pareja, quien en un cuaderno dejó constancia de una importante cantidad de cobros de dinero que eluden la cautela judicial: hicieron circular 400 millones de pesos.

A Lázaro Báez las rejas no lo detienen para burlar las órdenes judiciales. No es la primera vez que lo hace, sin embargo, ahora inaugura un expediente judicial por colaborar con una organización que trafica drogas en suelo patagónico.

Condenado por haber lavado 55 millones de dólares a través de Austral Construcciones, la firma que también le permitió recibir obra pública vial de forma irregular, Báez suma una nueva acusación por lavado de dinero y narcotráfico, que involucra a su actual pareja, Claudia Insaurralde, presa desde comienzos de semana junto a Sebastián Ibañez -señalado como testaferro del contratista K- y otros imputados.

El fiscal federal de la capital santacruceña, Julio Zárate, tiene a su cargo la pesquisa en la cual intervienen la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco, y los fiscales generales Diego Luciani y Abel Córdoba. En la causa, según el detalle al que accedió Clarín, se describe un complejo entramado societario nucleado al holding de Lázaro Báez.

Parte de lo investigado tuvo su correlato en dos cuadernos secuestrados: uno que Báez tenía en su celda del Penal de Ezeiza con un detalle del dinero recaudado, de cuánto podía sacar sobre algunas propiedades, cómo recuperar fondos de otras operaciones. Junto con eso, la justicia le secuestró un papel cuyo título era “El Clan”: los nombres detallados en él coinciden con gran parte de los imputados en la causa.

El segundo cuaderno es el de su novia, Claudia Insaurralde, donde anotó con precisión las fechas en las que cobró dinero, de manos de quién lo recibió, a quiénes reclamar, entre otros datos. “Una bitácora de la corrupción”, replicó una fuente judicial estableciendo una comparación con los cuadernos de Oscar Centeno.

La maniobra descrita por el Ministerio Público Fiscal como una asociación ilícita dedicada a operaciones de blanqueo, ubica como principal responsable a Lázaro Báez, quien operó dando órdenes desde la cárcel donde se encuentra cumpliendo la pena unificada de 15 años por las condenas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, de los casos Ruta del Dinero K (blanqueo de activos) y Vialidad (administración fraudulenta en perjuicio del Estado).

La organización delictiva funcionó con “carácter estable” y dedicada a la “comisión de delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita calificada, insolvencia fraudulenta y defraudación”.

Uno de los puntos más destacados es que los involucrados no crearon nuevas empresas para introducir fondos ilícitos al mercado, como suele ocurrir en las operaciones de blanqueo, sino que “operaron directamente sobre un vasto patrimonio preexistente que ya se encontraba judicialmente cautelado mediante embargos, depósitos judiciales e incluso mandatos firmes de decomiso dictados en causas previas contra Lázaro Báez”.

La maniobra principal consistió en sustraer dichos activos para evitar la ejecución patrimonial judicial, ya que el empresario kirchnerista debe responder al decomiso ordenado en la Ruta del Dinero K (55 millones de dólares) y del caso Vialidad (685.000 millones de pesos).

La causa radicada en la fiscalía federal de Río Gallegos sostiene que los involucrados en la presunta asociación ilícita buscaban mantener esos bienes en explotación comercial productiva y “derivar sistemáticamente sus beneficios económicos”, burlando la inhabilitación dictada sobre Lázaro Báez respecto a la administración y disposición de sus bienes.

El detalle al que pudo acceder Clarín, expone que entre los bienes explotados se encuentran las estancias agropecuarias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, todas ellas identificadas por el Ministerio Público Fiscal para su decomiso en el marco del caso Vialidad.

También se encuentran detallados como parte de la estructura criminal, inmuebles en Río Gallegos y en El Calafate, donde había propiedades en alquiler de uso médico y comercial.

Entre las empresas utilizadas, se encuentran Austral Agro, titular de varias estancias adquiridas por Lázaro Báez entre 2010 y 2012 como parte del lavado de activos investigado en la Ruta del Dinero K. También, la firma Kank y Costilla, receptora de obra pública vial de forma irregular, con sobreprecios y en simultáneo, inquilina de las empresas de la familia Kirchner: Los Sauces y Hotesur.

Los rodados -todos con pedidos de secuestro- fueron parte de las maniobras investigadas, como así también algo que se describió como “operaciones clandestinas de venta de galpones”.

Durante la audiencia de acusación, el fiscal Zárate sostuvo que la procedencia de estos activos “confluye en dos vertientes: por un lado, las condenas firmes impuestas a Báez por defraudación a la administración pública y lavado de dinero en expedientes como Vialidad y Ruta del dinero K; por el otro, vinculaciones directas con economías criminales ligadas al narcotráfico advertidas en causas satélites patagónicas”.

La investigación que derivó en una serie de allanamientos simultáneos en Río Gallegos, refiere a las órdenes del empresario desde la cárcel, la circulación de 400 millones de pesos, el uso de empresas alcanzadas por el decomiso, bienes embargados y una pista que involucra 60 kilos de cocaína secuestrados en un operativo en Comodoro Rivadavia (Chubut).

La fiscalía federal de Río Gallegos comenzó a tramitar una causa llamada “Lubricentro”: allí, una de las escuchas telefónicas encendió las alarmas. Cristina Sebastián Ibañez recibió una comunicación de Lázaro Báez, es decir: desde el Penitenciario Federal de Ezeiza. ¿Por qué saltó esa comunicación? Porque Ibañez está bajo investigación y tiene sus teléfonos intervenidos por orden judicial, en el marco de una causa que involucra tráfico y comercialización de droga.

Nadie estaba escuchando a Báez, sino a alguien que en las calles de la capital santacruceña era señalado como un “secreto a voces”, como el “nuevo testaferro” del contratista preso por lavado de dinero y administración fraudulenta.

Fueron varias las comunicaciones que, en principio, desorientaron a los investigadores porque la referencia más recurrente era la de “el tío”. Otra comunicación en el marco de la causa por tráfico de estupefacientes, brindó más detalles: “Fuimos a Corrientes a buscar máquinas del Tío Lázaro”.

Aquella escucha se dio entre dos personas bajo investigación en un expediente por narcotráfico, con conexiones directas con los imputados el caso Lubricentro, y fue la punta del ovillo.

De aquel expediente quedó intervenido el teléfono de Ibañez, quien continuó refiriéndose a Lázaro Báez como el “tío”. A la novia del empresario la llaman “la tía”.

La fiscalía continuó analizando un conjunto de llamados telefónicos entre quien se presentaba en diversas operaciones comerciales en Río Gallegos, como el “apoderado de Báez”.

De esas escuchas telefónicas surgió una causa apodada “Tío” y que contó con el aval del Procurador General Eduardo Casal, tras la consulta del fiscal Zárate. ¿Por qué entendió que había que investigar? Porque aquellas conversaciones daban cuenta de dos cosas centrales: en una de las escuchas, Ibañez se lamentó del secuestro de 60 kilos de cocaína que pocos días antes había ocurrido en la localidad de Comodoro Rivadavia. “Qué cagada, cayeron los kilos”, sostuvo en la charla telefónica.

La sospecha de los investigadores es que el presunto testaferro de Báez tenía conocimiento de la llegada del cargamento y es parte de la estructura dedicada a su comercialización en suelo santacruceño.

La estructura delictiva se valía para la distribución y comercialización de drogas de “maquinaria, camiones de Austral Agro y otras empresas”, todo ello propiedad de Báez.

Entre las conversaciones que involucran a Ibañez se habla del uso de propiedades del empresario: “Dame la llave de la estancia”, en otra ocasión dicen “pasale la llave de la casa”. Todos esas referencias fueron constatadas durante dos meses y las propiedades allanadas a comienzos de esta semana.

En este punto la justicia tiene la siguiente hipótesis: ni las propiedades ni la maquinaria que son parte del acervo patrimonial de Lázaro Báez fueron utilizadas sin su consentimiento. Es más, la imputación refiere al “apoyo logístico” brindado a la organización dedicada a la comercialización de drogas.

El entorno de Lázaro Báez puso en circulación un flujo financiero consolidado de aproximadamente 390.880.000 pesos.

En la causa “Tío”, que coloca en el centro de las operaciones a Lázaro Báez desde su lugar de detención, se determinó que existió movimiento de fondos que eluden los controles y restricciones judiciales.

Así lo expuso la comunicación telefónica desde el Penal de Ezeiza. El ex socio comercial de Cristina Kirchner fue concreto: “Andá y sacá plata de Gregores (en referencia a una de las propiedades de Báez)”. Del otro lado del teléfono, estaba Ibañez.

La justicia habla de “nodos” de personas utilizados por el empresario preso, para “controlar y comercializar los bienes”, en absoluta desobediencia a las órdenes judiciales.

A partir de los informes bancarios que fueron analizados y constituyen parte de la prueba del caso, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 hubo 677 transacciones bancarias en las cuentas vinculadas a Ibáñez y Jorge Ulloa (imputado y preso), de las cuales 662 resultaron efectivamente acreditadas por un monto de 380.620.089 pesos.

El flujo consolidado total detectado por la fiscalía alcanzó aproximadamente 390.880.000 pesos, una cifra que representa cerca de 980 salarios mínimos, vitales y móviles, pulverizando el piso típico de 150 salarios mínimos exigido por el artículo 303 del Código Penal.

Uno de los movimientos fue la comercialización de locales que están bajo cautela judicial. “Nada de eso interrumpe los negocios de Báez”, sostuvo una fuente judicial.

Desde el teléfono público del Penal de Ezeiza la conversación fue la siguiente: “El único dueño acá soy yo, ni mi familia, ni abogados, ni nadie. Acá la única parte soy yo, no hay dos partes. Mi contador es tu contador. Así que ya sabés lo que tenés que hacer. Claudia (Insaurralde) tiene todas las instrucciones, y si no les gusta se rescinde el contrato y se van a la mierda”.

Del otro lado del teléfono estaba uno de los dueños de un laboratorio que según Lázaro “se vienen haciendo los boludos hace diez años”. El mismo tiempo que transcurrió desde que los bienes se encuentran bajo cautela judicial. El ex socio comercial de Cristina Kirchner jamás dejó de obtener rédito económicos de algunos de esos bienes.

Lo que estaba reclamando era la actualización del alquiler de bienes que tienen un pedido de decomiso.

La acusación fiscal describe la maniobra aplicando las tres fases clásicas del lavado de activos para explicar cómo el entorno de Lázaro Báez logró volver a poner en circulación fondos millonarios.

El punto de partida fue la colocación, una etapa que no se originó en la creación de nuevas empresas o dinero en efectivo común, sino en la toma de control fáctico sobre propiedades, estancias y sociedades que la justicia ya tenía embargadas o decomisadas. La organización instaló a administradores de extrema confianza para explotar comercialmente esos campos y cobrar alquileres a espaldas del control judicial, generando así una caja continua y clandestina de recursos corrientes.

La segunda instancia, la estratificación, constituye el núcleo técnico, destinada a borrar el rastro del dinero mediante un auténtico laberinto de transacciones financieras complejas.

Para evitar los controles automáticos del sistema bancario, los acusados recurrieron a maniobras de fraccionamiento veloz, como una serie de siete transferencias consecutivas por casi 7 millones de pesos ejecutadas en apenas cuatro minutos y quince segundos. A esta mecánica se sumó la interposición de cuentas bancarias de terceros que carecían de capacidad económica declarada y el desvío sistemático de partidas hacia el sector de los juegos de azar y apuestas, un rubro propicio para enmascarar el origen espurio de los fondos.

Dentro de esta misma etapa de diversificación, el dictamen hace foco en el rol protagónico que desempeñó el operador bancario Jorge Manuel Ulloa mediante un esquema circular de autotransferencias masivas. El imputado movilizó más de 165 millones de pesos moviendo fondos exclusivamente entre cuentas propias, un volumen que representó el 63% de todos sus egresos registrados.

Esta operatoria de giros cruzados en circuito cerrado funcionó como una pantalla artificial para abultar movimientos contables, generar confusión en las auditorías y dificultar el rastreo del verdadero origen de los recursos que provenían de la explotación de los bienes comprometidos.

El circuito concluyó con la integración: el tramo final donde los fondos ya blanqueados reingresaron a la economía formal para ser usufructuados por los beneficiarios del esquema. La fiscalía acreditó que parte de ese flujo fue destinado de manera directa a la manutención de Claudia Insaurralde, pareja de Báez, a través de seis transferencias por un total de 5.100.000 pesos.

La otra vía de retorno consistió en la inyección de capital en una firma agropecuaria inscripta, maniobra que dejó al descubierto una flagrante inconsistencia documental cuando se intentó simular el ingreso de divisas bajo el concepto de comercialización de lana, a pesar de que la constancia oficial de actividad de la empresa excluía expresamente la producción lanera.