Diputados: se dilata el Presupuesto 2027 y el oficialismo busca destrabar la Ley Malvinas

El oficialismo dilata el Presupuesto 2027 y busca destrabar la Ley Malvinas, que tiene un capítulo entero con riesgo de caerse. La Libertad Avanza quiere votar ese proyecto la semana que viene junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y dejar la “ley de leyes” para el 25 de noviembre.

Este jueves, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, encabezaron una reunión con los jefes de bloque aliados en el que definieron la agenda legislativa: estuvieron Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), y otras bancadas provinciales.

En el encuentro, LLA confirmó que sesionarán el miércoles 18 y si bien días atrás habían deslizado la posibilidad de dictaminar el Presupuesto el martes 17 para llevarlo al recinto al día siguiente, esa opción quedó descartada. “Con suerte se vota el 25”, afirmó un aliado.

En la reunión de este jueves apenas tocaron el tema presupuestario y salvo el PRO -que recibió confirmaciones a sus exigencias vías whatsapp- las demás bancadas aseguran no haber tenido respuesta a los pedidos que presentaron hace ya dos semanas. “Entre hoy y mañana se van a estar resolviendo”, aseguró un referente de LLA. Al encuentro tampoco acudió ningún funcionario de Economía.

Solo estuvo presente Paula Taddei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico (en representación de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal) por la Ley Malvinas. Igualmente, tampoco aceptó el pedido de las bancadas para eliminar el título séptimo, como le están pidiendo de distintas bancadas.

Como contó Clarín, la norma necesita mayoría simple para su aprobación en general, pero el título de “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones” que modifica cuestiones electorales y penales requiere mayoría absoluta del total de los miembros. Es decir, 129 votos afirmativos.

Ese es el que piden sacar, pero Taddei se llevó el reclamo para trabajar en una contrapropuesta.

Dentro de ese título se encuentra el artículo que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, financiados o respaldados por actores extranjeros, interfirieran en elecciones mediante campañas de desinformación o promovieran actos de violencia o sabotaje en Argentina.

Si bien tras las críticas por una posible restricción a la libertad de expresión y persecución política fue modificado y se aclaró que quedan excluidas la actividad diplomática, el periodismo y la investigación académica entre otros sectores, el artículo no convence.

“Que los cambios a las leyes de partidos políticos y financiamiento se haga dentro de la reforma política que se va a debatir en el Senado. No tiene nada que ver ponerlo acá. Y lo mismo con las modificaciones al Código Penal”, repiten opositores y aliados.

Argentina Federal, Provincias Unidas y monobloques, como el de la radical Karina Banfi ya adelantaron que así como está ese título no lo votan.

De hecho, también hay un artículo que prohíbe a “las personas humanas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país y las personas jurídicas extranjeras” realizar “actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral”.

A su vez se modifica el Código Penal para, por ejemplo, agravar penas por traición a la patria si involucran funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia.