Caso Vialidad: Cristina Kirchner volvió a apelar la ejecución patrimonial de sus bienes y los de sus hijos

Después del fallo de la Cámara de Casación que ordenó avanzar con la ejecución patrimonial de los condenados en el caso Vialidad, Cristina Kirchner apeló esa decisión y será la Corte Suprema la que deberá resolver si se procede con el decomiso de 111 bienes identificados por el Ministerio Público Fiscal. La cifra a cubrir es 685.000 millones de pesos, que representan el daño ocasionado con la maniobra defraudatoria con la obra pública vial.

Hace dos semanas, el 24 de abril, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó el decomiso de ciento once bienes inmuebles en virtud de las condenas firmes dictadas en la causa Vialidad.

Con la decisión se ratificó la recuperación efectiva de activos producto de hechos de corrupción.

Pero este viernes, los abogados de Cristina Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron un recurso extraordinario para evitar que se procesa con el decomiso de bienes.

El fallo del máximo tribunal penal consolidó un criterio clave: “que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados“, pero la defensa entiende lo opuesto.

Al momento de argumentar la decisión de que se avance con la ejecución patrimonial, como había resuelto el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), los jueces de la Casación indicaron que la maniobra investigada involucró un esquema complejo, prolongado en el tiempo y con “resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz y a un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner, a través de negocios compartidos durante los años en que se ejecutó la maniobra criminal”.

Los abogados de Cristina Kirchner entienden que la decisión de los camaristas “convalida un criterio jurisprudencial que de ninguna manera puede ser consentido por esta defensa, no solo por ser manifiestamente arbitrario y lesivo de garantías constitucionales, sino porque sus implicancias y derivaciones no se agotan en ese acto”. Se refirió a la delegación por parte del TOF 2 en el Ministerio Público Fiscal para identificar nuevos bienes a decomisar.

La Casación explicó que, en delitos extendidos durante más de una década, “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso. En cambio, señaló que alcanza con demostrar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva”.

La ex presidenta consideró que la decisión produce un “gravamen irreparable, dado que se intenta llevar a cabo un proceso ejecutivo totalmente ilegítimo” que causaría “daños patrimoniales irreversibles o de muy difícil subsanación”.

El abogado Beraldi señaló que hasta la Corte Suprema no se expida, no se puede proceder con el cumplimiento del fallo.

En el voto unánime de los camaristas, se destacó que el decomiso no requiere identificar exactamente el mismo bien proveniente del delito, “dado que el dinero es fungible y puede transformarse o mezclarse con activos lícitos, de modo que lo relevante es la equivalencia patrimonial como provecho del delito y la relación económica con éste”.

Para los asesores letrados de Cristina Kirchner el criterio “amplio de decomiso” es incorrecto y no se encuentra normado.

La decisión adoptada por la Casación Federal allanaba el camino para la ejecución de veinte propiedades que pertenecen a la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que son propiedad de las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas.

En el punto donde no votaron de forma unánime los interrogantes de la Sala IV es respecto a los bienes de los cuales son titulares los hijos de Cristina Kirchner. Se trata de inmuebles cedidos a título gratuito en marzo de 2016.

Los abogados defensores señalaron que el criterio de avanzar sobre la herencia realizada por Cristina Kirchner sobre sus hijos, “no solo no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, cuyo decomiso fue ordenado en la causa, son el producto o el provecho del delito enjuiciado en autos, sino para peor, se ha soslayado la evidencia que acredita la absoluta falsedad de semejante proposición”.

Entre los argumentos expresados por la defensa, se indicó: “Se descartó que Néstor Kirchner y CFK se hubiesen enriquecido ilícitamente y, en esa medida, se determinó tanto la legalidad de las operaciones a través de las cuales conformaron su patrimonio como el origen lícito de sus bienes. Esta circunstancia, por sí misma, impide afirmar que esos mismos bienes constituyen el producto o el provecho de un delito, pues si así fuera, en los procesos en los que se evaluó un posible enriquecimiento patrimonial injustificado por parte de los ex Presidentes de la Nación debieron haber sido condenados y no sobreseídos”.

En pocas palabras, dice el escrito, “si la justicia determinó por sentencia firme que las mismas operaciones que ahora se invocan para dar sustento al decomiso de bienes de Máximo y Florencia Kirchner no dieron lugar a un enriquecimiento ilícito y, por ende, no importaron actos ilícitos, no puede ahora afirmarse lo contrario y adjudicarse un origen ilícito a los mismos bienes que, insistimos, ya fueron objeto de análisis en causas judiciales”.