Adrián Charvay, el juez amigo de la AFA que en cuatro meses no hizo casi nada en la causa por corrupción

Un cuatrimestre que sólo sirvió como veranito en quizás la causa más mediática que persiguen a los dueños del fútbol argentino. Pablo Toviggino y Claudio Tapia lograron que durante cuatro meses un juez los ayude. El 20 de enero, Adrián Charvay, el juez federal de Campana logró quedarse con la investigación de la Quinta de Pilar que intenta comprobar lo que todo el mundo sabe: que Luis Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte no son sus verdaderos dueños.

Todo arrancó en diciembre, con un extraño mail que Pantano le manda a Charvay con aparentes sugerencias del propio juzgado. El correo le pide al juez que le saque la causa que venía investigando Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico y que lo tenía contra las cuerdas.

En poco tiempo, Aguinsky había reunido mucha evidencia para demostrar una supuesta administración fraudulenta alrededor de la Quinta de PIlar. Esto es, intentar demostrar que hubo lavado de dinero en la compra de la mansión que peritos judiciales valuaron en US$20 millones.

Para ser más claros: la plata para comprar la quinta la puso otra persona que no fueron ni Pantano ni su madre. Aguinsky demostró que buena parte de los gastos de la quinta se pagaron con una tarjeta corporativa que Pantano tenía de la AFA. Había autos de lujos, caballos y aterrizaban helicópteros.

A principios de año, Aguinsky estaba cerca de, quizás, poder involucrar a Toviggino como imputado, tal vez como el verdadero dueño de la quinta. Así, Pantano y su madre serían testaferros del tesorero de la AFA.

El viento venía en popa hasta que dejó de soplar. Con ayuda del camarista de San Martín Alberto Lugones, Charvay tomó la causa y no pasó nada o casi nada. Ya no hubo avances, ni sorpresas, ni evidencias. Cuatro meses donde los acusados y supuestos culpables pudieron dormir un poco mejor, sin tantas preocupaciones o sinsabores.

Básicamente lo hizo Charvay fue volver a pedir medidas de pruebas que ya había. Esto es, ordenar un nuevo peritaje contable sobre para, con suerte, desmentir los montos que ya se habían calculado en el juzgado de Aguinsky. En la jerga judicial se llama congelar la investigación o, en criollo, amagar que se hace algo para que nada se haga.

Clarín pudo confirmar que en la Cámara Federal de Casación no tenían una buena opinión de lo que se describe en esta nota, más allá de los fundamentos que se dieron para sacarle la causa a Charvay.

¿Hubo algún pedido político para que Charvay solicite y logre, a través del camarista Lugones, quedarse con la acusación?

Tanto Charvay como Sergio Massa niegan conocerse. Ambos se lo aseguraron a Clarín. Algunos que conocen como pocos los juzgados federales del GBA señalan que el lobby para ayudar a Tapia y Toviggino podría haber venido de la política del conurbano. Apuntan a Pilar, donde Tapia asegura haber mudado la sede de la AFA a un terreno que hasta no hace mucho abundaban los pastizales y carecían los servicios.

Durante 2025, Luciano Pantano, al parecer, hacía consumos mensuales de $50 millones con una tarjeta corporativa American Express que pertenece a la AFA. Entre otros gastos, se abonaban peajes y algunos seguros de los 54 vehículos de lujo que secuestraron en la mansión de Villa Rosa.

Desde el juzgado de Charvay, se defienden remarcando que avanzaron con varios informes periciales que “podrían sostener” una indagatoria contra los acusados. Aseguran que se pidieron medidas de prueba contra los más de 80 bienes que tiene la empresa Real Central de Pantano y que pidieron el levantamiento del secreto bancario para cotejar los gastos que Pantano hizo con la tarjeta de crédito de la AFA.

“Tenemos 230 cajas de documentación que obtuvimos con el allanamiento que se realizó en la sede de Viamonte de la AFA, más informes de la IGJ y el ARCA. En síntesis, justo nos sacan la causa cuando estabamos cerca de entender el origen de dinero, es decir, el delito precedente para sostener una posible lavado de dinero”, se quejan en Campana.