A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, Massa, Pichetto, Grabois y otros dirigentes del PJ apuntaron contra los discursos de odio y la violencia política

A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, un grupo de dirigentes del PJ y otras fuerzas aliadas firmó este martes un documento conjunto bajo el título “La democracia no admite la eliminación del adversario”. El texto, que lleva las firmas de Sergio Massa, Juan Grabois, Miguel Ángel Pichetto y José Mayans, entre otros, advierte sobre los riesgos de naturalizar discursos de odio y de difundir información falsa.

El comunicado sostiene que la “antipolítica no debe entenderse solo como un rechazo espontáneo de la sociedad” hacia sus representantes, sino como “un sentido común construido y amplificado por sectores del poder económico concentrado a través de medios, redes sociales y plataformas digitales”. En ese punto, los firmantes cuestionan las “prácticas conocidas como lawfare” —la utilización de mecanismos judiciales y comunicacionales para perseguir o excluir dirigentes— y advierten que la combinación de “persecución judicial, operaciones mediáticas y hostigamiento en redes puede terminar naturalizando lo que debería ser inadmisible”.

El texto recuerda de manera directa el momento del ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta. Para los dirigentes, el atentado marca una frontera que “ninguna democracia puede permitirse cruzar”, la que separa “la eliminación simbólica del adversario de la posibilidad de su eliminación física”.

“Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido. Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino”, enfatiza.

La difusión del comunicado coincide este martes con una concentración convocada por el peronismo y espacios aliados frente al edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

“Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas -fake news-, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner”, remarca el texto.

En el plano judicial, la causa por el atentado ya resolvió la responsabilidad de sus ejecutores materiales. En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión como autor del intento de homicidio, pena que se unificó con una condena previa y elevó el total a catorce años. Brenda Uliarte, su expareja, fue condenada a ocho años como partícipe necesaria, unificados en ocho años y dos meses. Un tercer imputado, Gabriel Carrizo, resultó absuelto en el juicio oral.

Pese a esas condenas, la Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver si corresponde aplicar al caso el agravante de violencia de género, tras un planteo de la fiscalía especializada que cuestionó el criterio del tribunal que llevó adelante el juicio oral.

Ese punto —la falta de avances sobre una eventual autoría intelectual— es, precisamente, uno de los reclamos centrales que unifica este martes a los distintos sectores del peronismo, más allá de sus diferencias internas. El comunicado insiste en la necesidad de que la Justicia profundice esa línea de investigación, todavía sin resultados concretos.

Sus autores sostienen que el aniversario interpela “al conjunto del sistema democrático argentino” y proponen un acuerdo básico entre fuerzas de distintos signos: que la disputa política se resuelva con “ideas, argumentos, organización y votos”, y “nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida”.

Además de Massa, Grabois, Mayans y Pichetto, el documento también lleva las firmas de Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Carlos Castagneto, Mario Secco, Emilio Pérsico, Carlos Heller, Jorge Rivas y Claudio Lozano, entre otros.