Senado: el oficialismo aprobó un régimen de incentivo para inversiones desde los 12 millones de dólares

El Senado le dio media sanción al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo, que propone incentivos fiscales para emprendimientos que aporten como mínimo 12 millones de dólares. Ahora lo tiene que votar Diputados para que se convierta en ley.

El texto obtuvo 60 votos a favor y 2 en contra, de los santacruceños.

En la sesión, también le dieron luz verde a la creación de un marco regulatorio de Carbono fue una propuesta de la salteña Flavia Royon, la misionera Sonia Rojas Decut y el peronista Jorge Capitanich. Para la madrugada se espera la votación de la modificación de la Ley de Salud Mental.

“El RIIR es un bache entre el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), aprobado en la Ley de Modernización Laboral, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, había señalado el autor del proyecto, el radical correntino Eduardo Vischi.

Durante su alocución en el recinto, Vischi agregó que la iniciativa surgió de “la recopilación de planteos del sector privado” y agregó: “este tipo de inversiones son un engranaje para abastecer las grandes inversiones, desarrollar la competitividad sistémica de los actores de la economía real pese a la falta de consumo y venta, y el objetivo es la exportación de nuestros productos”.

El jefe de bloque Justicialista, José Mayans, sentenció que el texto “tiene buenas intenciones” pero que “no basta”, por la situación económica del país. Por su parte, el chaqueño Jorge Capitanich advirtió: “Estamos generando múltiples regímenes de inversión con asimetrías desde el punto de vista de sus valores, con impacto fiscal y sin considerar el cupo fiscal dentro de los respectivos presupuestos”.

El régimen exige una inversión productiva mínima de 12 millones de dólares y se aplicaría a inversiones realizadas durante los primeros 2 años desde entrada en vigencia la ley.

Incluye inversiones en maquinaria y bienes de capital nuevos, obras destinadas directamente a actividades productivas, equipos de riego y de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes amortizables. Se excluyen automóviles, activos financieros, inversiones de cartera y bienes de cambio.

Entre los beneficios se encuentran la amortización acelerada en Ganancias, la amortización especial de bienes de capital y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.

Los beneficios tendrán estabilidad normativa tributaria durante los 30 años posteriores a la promulgación de la ley.

Para ingresar, la empresa interesada debe presentar el plan de inversión, informar el cronograma de ejecución, la producción prevista, las exportaciones y el empleo estimado. Y comprometer al menos un 20% de contratación de proveedores nacionales sobre el monto destinado a proveedores del proyecto, siempre que exista oferta local en condiciones de precio y calidad de mercado. La autoridad de competencia tendrá hasta 90 días hábiles para evaluar la solicitud.

En el arranque de la sesión hubo tres homenajes: por la muerte del senador libertario Juan Carlos Pagotto, por el fallecimiento del secretario general de APL, Norberto Di Próspero, y porque se cumplieron 16 años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.

A su vez, los legisladores votaron de común acuerdo un proyecto para invitar al Papa León XIV a brindar unas palabras en una asamblea legislativa en el Congreso, aunque saben que la agenda del pontífice está cerrada.

Pasadas las 22, el Senado también aprobó con 59 votos a favor y 2 en contra la creación del régimen de Carbono.

La iniciativa busca impulsar proyectos que reduzcan o capturen gases de efecto invernadero y regular la comercialización de sus créditos de carbono en mercados nacionales e internacionales.

Para ello, crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), garantiza la trazabilidad y evita la doble contabilización. Además, reconoce los créditos como activos jurídicos, otorga estabilidad fiscal por diez años, elimina derechos de exportación y habilita instrumentos financieros ambientales.

También establece reglas para su uso bajo el Acuerdo de París y requiere autorización estatal para transferencias internacionales.

“Si nosotros conseguimos avanzar con esta ley y tener un marco regulatorio para poder hacer las autorizaciones y ajustes correspondientes para poder participar de estos mercados regulados, estos mismos créditos podrían generar entre 1.400 y 3.900 millones de dólares para nuestro país. Es decir, son exportaciones. Podemos exportar estos servicios ambientales y significaría un ingreso por este monto”, aseguró la salteña Flavia Royón, una de las autoras de la iniciativa.

Pro su parte, la misionera Rojas Decut, agregó: “Hoy debatimos una ley que puede definir cómo se integra la Argentina a los mercados internacionales de carbono. Un mercado en donde conservar bosques y reducir emisiones, puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias argentinas, para las empresas argentinas y para los productores argentinos”.