Caso Vialidad: el fiscal Luciani trabaja en un tercer pedido de decomiso y evalúa reclamar la actualización de los $ 685.000 millones

Sin margen a una nueva discusión respecto al sistema de actualización que determinó que el fraude cometido en el caso Vialidad asciende a 685.000 millones de pesos, la instancia siguiente será la decisión de la Corte Suprema respecto a la ejecución patrimonial de 111 propiedades. Y mientras en Comodoro Py tramita un segundo pedido de decomiso de 141 inmuebles, el fiscal general Diego Luciani trabaja en una tercera tanda de bienes muebles e inmuebles a decomisar: participaciones societarias, bienes de las empresas y estancias, están bajo estudio. Además, la fiscalía solicitará una nueva actualización del monto correspondiente al decomiso, “ese valor tiene un año y debe ser revisado”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

¿Se logrará cubrir la cifra de 685.000 millones de pesos? No todos son optimistas dentro del Poder Judicial, pero las voces sí coinciden en señalar que se está frente a un decomiso histórico “por la cifra establecida por los especialistas y por el avance en la materia”, indicó un magistrado a este diario.

Se cumplió un año desde que Cristina Kirchner está detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario en cumplimiento de la condena del caso Vialidad, donde se la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. De la sentencia por corrupción con carácter de efectiva, sólo resta proceder en el avance del recupero del producido del delito.

La tarea de identificación de bienes para el decomiso quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por Luciani. A la fecha, relevó 252 propiedades factibles de ser decomisadas, 46 automotores, 4 motovehículos, 2 embarcaciones y más de cinco millones de dólares. Todo ello se divide entre la primera tanda de bienes a decomisar, pedido que se formuló el 12 de septiembre de 2025 y que ya tiene sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), responsable de ejecutar la pena y la confirmación de la Cámara de Casación.

La decisión final sobre la ejecución del primer conjunto de bienes, 111 en total, está en manos de la Corte a la que fueron en queja Cristina Kirchner y Lázaro Báez, quienes encabezan la mayor tenencia de bienes muebles e inmuebles. Los recursos extraordinarios buscan impedir la ejecución de 20 propiedades de la familia Kirchner (19 de Máximo y Florencia Kirchner y 1 de la ex presidenta), 84 bienes de Lázaro Báez, 2 de Kank y Costilla, 2 de Austral Construcciones, 2 de los Calzos y del Curto, todas ellas empresas del ex socio comercial de Cristina Kirchner.

Mientras los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tienen bajo análisis esos planteos y si los mismos tienen efecto suspensivo o no sobre el remate de bienes, en Comodoro Py el TOF 2 tiene con un importante grado de avance un segundo pedido de bienes a decomisar. De fuentes judiciales Clarín pudo saber que se trata de 141 inmuebles, 46 automotores, 4 motovehículos, 2 embarcaciones y los U$S 5.656.134 de Florencia Kirchner. De ese universo de propiedades 13 pertenecen a la familia Kirchner, el resto a Lázaro Báez y sus empresas.

No concluye allí el decomiso. Ahora el fiscal Luciani trabaja en una tercera tanda de bienes a decomisar para así, llegar a cubrir -lo más cercanamente posible- los 685.000 millones de pesos que se fijó como el dinero a devolver por parte de los condenados. El planteo contempla la individualización de bienes de sociedades involucradas, inmuebles, estancias, automotores. Se analizan 18 participaciones accionarias de Lázaro Báez y algunas propiedades que pertenecen a la familia Kirchner a través de las empresas que poseen: Los Sauces SA, Co.Ma SA y Hotesur SA.

Luciani entiende que hay más acervo patrimonial sobre el cual avanzar en la tarea de recuperar el producido del delito. “La cantidad colosal de bienes que tienen las personas condenadas demuestra cómo la gran corrupción socava las entrañas del Estado y amenaza con llevarse puesto todo”, expresaron fuentes judiciales al analizar los bienes identificados por el Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, los fiscales tienen “la decisión y el mandato constitucional de seguir defendiendo los intereses de la sociedad. Eso significa que quienes le robaron al pueblo argentino tendrán que devolverle hasta el último centavo. Ni más ni menos”, añadió una fuente judicial a Clarín.

Hay otro aspecto relevante. La Corte Suprema dejó firme el sistema de actualización del decomiso en este expediente. La sentencia condenatoria fijó el fraude en 85.000 millones de pesos. Los peritos contables del máximo tribunal indicaron que ese valor actualizado asciende a 685.000 millones de pesos.

Para arribar a ese valor se tomó “el último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC al 26/6/2025 (mayo de 2025) y al 6/12/2022 (noviembre de 2022)”. Esa fórmula fue avalada por el máximo tribunal. Pero el fiscal Luciani entiende que ese número ya se encuentra, nuevamente, desactualizado.

No duda, según pudo saber Clarín, en solicitar ante el TOF 2 presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, una nueva actualización teniendo como base los 685.000 millones de pesos, ya que -según consignaron fuentes judiciales-, transcurrió un año desde que ese valor se fijó y que ante los índices inflacionarios, debería ser calculado nuevamente.

A lo largo del segundo pedido formulado a comienzos de este año, para ejecutar más bienes sobre todo de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el fiscal Luciani sostuvo que la medida responde a recuperar parte de los 684.990.350.139,86 pesos producto de “la defraudación a la Administración pública”.

No sólo no han depositado voluntariamente el dinero exigido por el TOF 2, sino que “también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales -declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores-”, explicó el fiscal en ese pedido.

Como resultado de los recursos presentados, entiende Luciani, se “viene dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme. La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

A criterio de Luciani muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.