Yenory Rivera, psicóloga clínico forense y criminóloga: “La situación de calle no convierte a personas en delincuentes”

En los últimos meses, en distintos momentos y lugares de San José, Costa Rica, ya hubo cuatro asesinatos de personas en condición de calle. Tales muertes pusieron bajo la lupa una dura realidad entre quienes permanecen en la vía pública.

Una especialista en psicología clínica forense y criminología advirtió sobre los factores a los que están expuestos: escenarios de violencia, consumo de drogas, exclusión y abandono. A todo esto le sumó el error de asociarlos automáticamente con la delincuencia.

Yenory Rivera, docente de la carrera de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica (Ulicori), fue contundente al marcar esa diferencia. “La situación de calle no convierte a personas en delincuentes”, sostuvo en un video difundido por el medio El Observador.

Dos de los casos mencionados ocurrieron el domingo 30 de agosto 2026 en las antiguas instalaciones del Consejo Nacional de la Producción (CNP). Aquel espacio es utilizado actualmente como refugio improvisado por personas en condición de calle.

Allí fue encontrado muerto Félix Irías, de 26 años, hijo de un reconocido boxeador nicaragüense. Una hora después, en el mismo sector, fue localizado sin vida otro hombre, de apellido Herrera y de 38 años, quien presentaba varios golpes en el cuerpo.

Estos dos episodios se sumaron a otros dos asesinatos registrados meses antes en diferentes puntos de San José.

El domingo 26 de julio, un hombre cuya identidad no había sido determinada murió apuñalado por una mujer en las cercanías al Organismo de Investigación Judicial.

El cuarto caso ocurrió el lunes 20 de abril. Un adulto mayor de apellido Montero, de 66 años, fue asesinado a golpes con un tubo metálico mientras permanecía sentado frente al Ministerio de Salud, informó el destacado medio de comunicación.

Para Rivera, uno de los principales puntos a tener en cuenta es evitar una relación automática entre la condición de calle y la comisión de delitos.

Sin embargo, la criminóloga destacó que en algunos casos se combinan el consumo problemático de drogas, la exclusión social, la pobreza y los problemas familiares.

Todo lo mencionado, sumado a la permanencia en espacios donde existe la venta de sustancias ilegales, puede “aumentar la exposición tanto a cometer delitos como a ser víctima de ellos”.

En otras palabras, las circunstancias en las que desarrollan su vida cotidiana pueden colocarlos en escenarios donde existen mayores posibilidades de sufrir agresiones o quedar involucrados en situaciones violentas.

Por ejemplo, comentó que “una persona puede cometer pequeños hurtos” para sostener el consumo. Pero también puede ser asaltada, explotada, agredida y, como se vio, asesinada. Fue entonces cuando la psicóloga clínica forense pidió analizar estos casos también desde su vulnerabilidad.

Las antiguas instalaciones del Consejo Nacional de la Producción son un ejemplo de esa dinámica.

Entre basura, suciedad y estructuras abandonadas, el lugar pasó de tener una función institucional a convertirse en un espacio utilizado por personas que no cuentan con una vivienda.

Sus recovecos pueden servir para dormir, consumir drogas, quemar chatarra o simplemente permanecer lejos de la mirada de buena parte de la ciudad.

Ese aislamiento, sin embargo, también puede aumentar la exposición a diferentes riesgos, ya que ofrecen poca vigilancia y cierto anonimato.

Desde la perspectiva de la criminología, explicó Rivera, los lugares abandonados y sin control pueden presentar condiciones que favorecen determinadas conductas de riesgo o actividades delictivas.

Frente a este tipo de situaciones, una de las respuestas posibles puede ser intentar recuperar o desalojar los espacios abandonados.

Rivera advirtió, sin embargo, que una medida de ese tipo por sí sola no resuelve el problema.

Según explicó, muchas veces el desalojo simplemente provoca que las personas se desplacen unas cuadras y busquen otro sitio donde refugiarse. El problema, por lo tanto, se mantiene pero en otro punto de la ciudad.

La especialista consideró necesario intervenir también sobre las condiciones que llevan a que determinados espacios sean utilizados como refugio. De lo contrario, se modifica el lugar donde se concentra la población, pero no las circunstancias que originaron esa ocupación.

En septiembre del año pasado, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Salud informaron que en Costa Rica había 7.133 personas en condición de calle.

De ese total, 3.643 se encontraban en San José. La cifra representaba el 51,1% de toda la población contabilizada en el país.

El resto se distribuía de la siguiente manera: Alajuela registraba 1.159 personas; Puntarenas, 694; Heredia, 497; Limón, 477; Cartago, 425; y Guanacaste, 238.

Los datos fueron difundidos durante el lanzamiento de un plan piloto denominado “Procedimiento de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación de Calle”.

La concentración en la capital ayuda a dimensionar por qué los espacios abandonados y otros sectores urbanos pueden convertirse en puntos de refugio para una población que enfrenta una situación habitacional extrema.

También permite entender por qué la problemática excede la cuestión de la seguridad y requiere, según remarcó la especialista, respuestas de distintas áreas del Estado.