Segundo y último día ante el Tribunal del Mar por el petróleo en Malvinas: Argentina responde al contraataque británico

El equipo jurídico que representa al gobierno de Javier Milei defiende este miércoles, en Hamburgo, Alemania, ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) su pedido para que se suspendan de manera provisional las actividades petroleras en las islas Malvinas.

Es la segunda y última audiencia sobre este pedido de medidas provisionales (cautelares). El fallo se espera para fines de mes o principios de diciembre. Esta miércoles por la mañana, el abogado Marcelo Kohen, el profesor Nico Schrijver y el embajador Mario Oyarzábal respondían a los argumentos de la delegación británica.

En duros términos, el equipo británico planteó el lunes -día de la primera audiencia- que iba a haber consecuencias “devastadoras” para los habitantes de las Malvinas y pérdidas millonarias para las empresas, si Argentina lograba frenar los proyectos petroleros vigentes alrededor del archipiélago.

Además de buscar que el TIDM, que depende de la Convención Internacional del Derecho del Mar (Convemar), desestime el caso por considerar que existe de fondo un problema de soberanía entre ambos países y ese no es el lugar para discutir el petróleo, la defensa británica planteó el derecho a la autodeterminación.

Además, sumó un aspecto complejo: que se trate a las islas en disputa como un “estado costero” de la Argentina, lo que estaría reconociéndolo como otro país distinto a nuestro continente internacional. Argentina no considera ninguna de estas cuestiones como válidas porque para la Argentina las Malvinas son argentinas. Sin embargo, el gobierno está concentrado en que las medidas cautelares se concentren sobre la explotación petrolífera en el mar y no en la cuestión de fondo, que es el reclamo de soberanía.

Tres años después de haber asumido con un enfoque de diálogo hacia Londres, el Gobierno intenta frenar sobre todo el proyecto Sea Lion, de la israelí Navitas y la británica Rockhopper. Las empresas anunciaron que comenzarán a extraer crudo entre 2027 y 2028 en áreas marítimas que controla el Reino Unido alrededor de las islas. Se trata de una reserva millonaria que cambiará la geografía y la geopolítica del Atlántico Sur en desmedro de la Argentina.

El lunes, tanto Kohen, como Oyarzabal y Schrijver —en una delegación de muy alto nivel que encabeza la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal -aunque llama la atención la ausencia total de la secretaria del área Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro— pidieron al Tribunal cuatro medidas que este martes están desarrollando con fuertes argumentos: que se frene el proyecto Sea Lion; impedir el comienzo o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte de Malvinas, restringir el uso de la información obtenida; proteger el medio marino en cumplimiento con obligaciones locales e internacionales; y evitar nuevas decisiones unilaterales sobre la disputada plataforma continental.

Schrijver, de nacionalidad neerlandesa, sostuvo que “es ahora o nunca” para tomar medidas contra el avance petrolero en el archipiélago. Kohen detalló una por una las consecuencias de no actuar, y Oyarzábal recordó que Argentina también quiere negociar la soberanía de las islas en los términos de la descolonización.

Argentina sostiene que la autorización británica del proyecto Sea Lion viola una resolución de Naciones Unidas de 1976 que instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales sobre las islas hasta que se resuelva la disputa de soberanía. Y plantea cambios irreversibles en la zona con un enfoque curioso para el gobierno libertaria comparado con el que asumió: el ambiental.

Buenos Aires pretende obtener un compromiso del Reino Unido para que “detenga las perforaciones”, con el objetivo de “preservar la situación actual” antes de que se alcance una solución sobre el yacimiento”.

Reeves habló de autodeterminación y de Estado ribereño, y lanzó: “En realidad, lo que Argentina rechaza son las actividades hidrocarburíferas destinadas al beneficio económico de los habitantes de las Islas Malvinas. Lo que quiere es tomar el control de esos recursos para sí misma”. La delegación británica presentará su respuesta después de la argentina, como ocurrió el lunes.

El Tribunal está presidido por el juez Maurice Kanga. La vicepresidenta, la argentina Frida Armas, debió apartarse del caso. La delegación británica la integran Reeves, los abogados Sally Langrish, Paul McKell, Vaughan Lowe y Simon Young, el fiscal general de las Islas Malvinas y Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas.