Mensaje de la Corte Suprema al Gobierno por las universidades en medio de la polémica por Michelli

Justo cuando el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques sugirió que Javier Milei no está obligado a firmar la designación de María Victoria Michelli como jueza, la Corte Suprema envió un mensaje contundente al Poder Ejecutivo en otra causa sensible para el Gobierno.

El máximo Tribunal desestimó el planteo de la procuración del Tesoro, que había querido recusar a los magistrados que intervinieron en el amparo del Consejo Interuniversitario Nacional y autoridades de universidades públicas para que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario.

Los abogados del Estado argumentaban que los jueces de primera y segunda instancia no habían sido imparciales por su condición de docentes y ex docentes de las Casas de Estudio. El mismo planteo había hecho a la Corte para que convocara a conjueces que reemplazaran a los supremos que también son profesores.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y la Corte consideraron que el hecho de ejercer la docencia en universidades públicas no implica, por sí solo, un interés directo en el resultado del litigio ni un beneficio concreto que comprometa la independencia judicial.

La resolución del máximo Tribunal -sin disidencias- añadió que una eventual excusación de sus propios miembros no puede ser promovida por las partes y que no se acreditó ninguna causal válida que afecte la imparcialidad de los magistrados.

Ahora, la Corte debe definir sobre el Recurso Extraordinario Federal que la Procuración del Tesoro a cargo de Sebastián Amerio presentó para evitar los dos fallos en contra de un juez de primera instancia y de la Cámara Federal en el amparo presentado por las universidades. Las casas de Estudio nacionales reclaman que el Estado cumpla de una vez con la ley de financiamiento universitario que fue sancionada por el Congreso y reafirmada tras el veto de Javier Milei.

Los supremos, además, podría tener que involucrarse en la suerte de la jueza Michelli, designada por el Senado en la convulsionada sesión del jueves.

El Gobierno había querido retirar el pliego de la magistrada, cuando los hermanos Milei se enteraron de que la funcionaria judicial es la cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que incomoda a la Rosada con sus investigaciones.

El ex senador y jefe del radicalismo Ernesto Sanz sugirió ante la consulta de Clarín que Michelli podría demandar a Milei si el Ejecutivo no promulga su nombramiento, como sugirió Mahiques. “El Presidente podría no querer firmarlo, pero esto ya lo hace entrar en un conflicto con la jueza, que tiene un derecho adquirido y podría ir contra el Presidente por abuso de autoridad ante la Corte o un tribunal inferior. Podría poner en un aprieto al Gobierno, que debería presentar razones para no firmar los decretos. Son razones que tampoco presentó para retirar el pliego en el Senado ”, señaló uno de los fundadores de Cambiemos.

Mahiques había declarado que Milei no está obligado a avalar la designación de la jueza. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, interpretó el ministro en declaraciones a Mitre.

Sanz vivió de cerca un antecedente similar en 2011, cuando Cristina Kirchner ordenó retirar el pliego de Juan Manuel Yalj, que había concursado para ser camarista de San Martín y -como juez subrogante- ordenó la detención del gremialista Rubén Sobrero. La entonces presidenta prefirió no nombrar a Yalj. El episodio, sin embargo, se terminó resolviendo con la renuncia del aspirante a camarista.

El máximo Tribunal también quedó involucrado en los nuevas designaciones de magistrados por el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Horacio Rosatti, como juez federal de Santa Fe.

Las designaciones de los 74 nuevos magistrados también calaron dentro de la interna oficial. No solo por la diferenciación que hizo la jefa de bloque libertaria Patricia Bullrich, que manifestó públicamente su rechazo al retiro del pliego, primero, y se abstuvo, a la hora de la votación, para evitar rechazar su nombramiento.

El sector que se referencia en Santiago Caputo y en el procurador del Tesoro Amerio -desplazado de la secretaría de Justicia- culpa a su reemplazante Santiago Viola y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem por incorporar pliegos que el Presidente no hubiera acompañado y por someterlo a pagar un costo político excesivo con el intento de retirarlo o su demora en promulgar el nombramiento.

El mismo sector le adjudica a Rosatti nexos con los Menem, a quienes responsabilizan por no avalar sus negociaciones con las universidades para evitar un fallo judicial con un costo de $2,5 billones para las arcas públicas, que podría poner en riesgo el equilibrio fiscal, según los cálculos oficiales, y que además impacta en la debilitada imagen de la gestión.

Rosatti y el supremo Carlos Rosenkrantz participaron el jueves de la entrega de la pluma de honor que la Academia Nacional de Periodismo le entregó al ex juez del tribunal Juan Carlos Maqueda, todo un mensaje en medio de las constantes diatribas del Presidente dirigidas a la prensa.