Mansión de Pilar: la Fiscalía apeló a la Corte Suprema para que revoque el fallo que llevó el caso al juzgado que quieren Tapia y Toviggino

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar apeló este lunes el fallo que ordenó que la causa por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se investigue donde quieren los acusados; en el juzgado federal de Campana.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Villar reclamó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la sentencia -que calificó de “arbitraria”– y que la causa regrese al primer juez que la tuvo. Se trata de Daniel Rafecas, quien en diciembre pasado allanó la propiedad y secuestró 54 autos de lujo y colección.

Ahora la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si acepta que la apelación llegue a la Corte Suprema. Si la rechaza, el fiscal Villar podría ir con un nuevo planteo directamente al máximo tribunal.

Los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tienen varias causas vinculadas a la AFA para resolver.

La justicia investiga por presunto lavado de dinero la compra de la mansión de Pilar de 105 mil metros cuadros, con helipuerto y valuada en 20 millones de dólares que está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte a través de la empresa “Real Central SRL”.

Pero ni Pantano ni Conte tienen la capacidad económica declarada para adquirir esa propiedad. La sospecha es que son testaferros de Toviggino porque en el lugar se encontraron objetos del tesorero y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que pagaba el telepase de autos que manejan familiares del dirigente de la entidad.

Desde que se inició la causa en diciembre pasado, el expediente pasó por 14 jueces, entre los que investigadores y los que resolvieron dónde debía tramitarse, sin que haya todavía una decisión final.

Pantano y Conte plantearon que el caso debía investigarse en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, porque es el tribunal que tiene jurisdicción sobre Pilar, que es donde está la mansión. Al juez se le atribuyen vínculos con la AFA por lo que aceptó y pelea por la causa.

La discusión llegó a la Cámara de Casación que a mediados de mes resolvió que el caso debe investigarse en Campana porque el lavado de dinero es un delito federal y no le corresponde a la justicia Penal Económico, que era donde estaba el expediente. La decisión fue tomada por los jueces Diego Barroetaveña –hasta diciembre pasado presidente del tribunal de Ética de la AFA- y Mariano Borinsky.

El fiscal de Casación objetó esa decisión. Consideró que en el caso no solo se investiga la compra de la mansión sino “la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero” que luego fueron canalizados fuera de las arcas de la entidad.

“No se investigó exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales. La existencia del inmueble constituyó, únicamente, el hecho que motivó la denuncia inicial y el primer indicador patrimonial que permitió inferir la posible existencia de aquella operatoria, pero de ningún modo abarca el objeto de investigación”, agregó Villar.

El fiscal señaló que tanto la sociedad que compró la casa como otras empresas que intervinieron en la maniobra tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo la AFA, más allá que está en discusión porque quiere mudarla a Pilar: “en este ámbito se encontraba radicada la sede de AFA al momento de la comisión de los hechos (calle Viamonte 1366/76 de esta ciudad), y con actividad constatada en esa sede hasta principios de este año”.

Por lo tanto, para Villar el caso corresponde a la justicia federal pero no a la de Campana, sino a la de la ciudad de Buenos Aires. Eso es los tribunales de Comodoro Py y el primer juez del caso, que fue Rafecas.

Para el fiscal la sentencia de Casación fue “arbitraria” porque los magistrados hicieron un “análisis fragmentado y aislado de los hechos y pruebas existentes sin visión de conjunto” y hubo una “palmaria violación a la garantía del juez natural”.

“La decisión de enviar la causa al Juzgado de Campana no solo es equivocada, sino que sembraría la duda acerca de la imparcialidad de los jueces Barroetaveña y Borinsky al atribuir competencia de manera manifiestamente indebida al juez elegido por la defensa de Pantano y Conte”, sostuvo Villar.

El fiscal planteó que la Corte Suprema debe intervenir porque el caso presenta un “interés institucional suficiente” para que así sea ya que la AFA es una entidad de “indudable e indiscutible interés de la comunidad toda, ya que trasciende el marco natural de la causa y los intereses de las partes aquí comprometidas”. Además resaltó que hay una causa en los Estados Unidos en la que se investiga los fondos de la asociación.

Villar también resaltó que el máximo tribunal tiene otras causas sobre la AFA que debe resolver. “Ello determina la necesidad de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se reclama, ya que la diversidad de expedientes y conflictos de competencia suscitados entre distintos tribunales, incluso algunos que ya se encuentran tramitando ante el cimero tribunal, determinan la grave afectación a la garantía del juez natural de la causa que exige una tutela inmediata”, sostuvo.