La ex policía que reclutaba argentinos para combatir en Ucrania fue procesada pero recupera la libertad

La ex policía de la Bonaerense Griselda Inés Ortiz (45) fue procesada sin prisión preventiva por reclutar argentinos para ir a Ucrania para luchar en la guerra contra Rusia. Mientras tanto, su novio sigue prófugo.

La medida se conoció este jueves y fue dictada por el juez federal 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien también le trabó un embargo por 20 millones de pesos y le impuso una serie de normas de conducta que deberá cumplir ´para seguir el proceso en libertad.

Entre esas medidas le prohibió la salida del país, deberá presentarse el primer día hábil de cada mes en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro y no podrá tener ningún contacto con las víctimas del caso.

En su resolución de 41 páginas -al que accedíó Clarín-, el juez hizo lugar al pedido de la fiscalía de procesar a Ortíz como coautora de los delitos previstos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que castigan conducir a una persona al exterior de su país y trata de personas.

El magistrado aclaró que la calificación legal no habilita una eventual condena de ejecución condicional, en tanto la figura agravada de trata de personas prevé una escala penal de cinco a diez años de prisión.

Sin embargo, sostuvo que “los riesgos procesales que subsisten respecto de Griselda Inés Ortiz pueden ser adecuadamente neutralizados mediante medidas de coerción reforzadas, sin recurrir a su encarcelamiento preventivo“. Además, consideró que cuenta con un domicilio arraigado.

También recordó que Jorge Alberto Otero (38), pareja de la imputada, permanece prófugo y que “ambos habrían compartido el dominio funcional de la totalidad de la maniobra investigada”.

“(…) considero que el cuadro probatorio reunido permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una conducta integrada por actos de captación, traslado y acogida de las personas damnificadas con fines de explotación y, simultáneamente, por la conducción de aquellas hacia las fronteras nacionales con el propósito de alistarlas en un ejército extranjero“, indicó en el fallo.

En la resolución se dio por acreditada las maniobras en perjuicio de al menos cuatro víctimas identificadas que fueron captados por redes sociales y la aplicación Signal y llevados al Aeropuerto de Ezeiza para viajar a Ucrania.

Además tomó en cuenta que en su descargo ante la justicia, la propia Ortíz “reconoció su vinculación con el ejército ucraniano” y que en su domicilio se secuestraron “numerosos elementos” que prueban ese vínculo y que tenía conocimientos para reclutar.

En redes sociales lo describía como una aventura heroica. Pero “por privado” el gancho era otro: al menos 1.000 dólares por mes con un bono de 700 si el destino era en la primera línea de fuego.

Una oferta nada despreciable si se tiene en cuenta que la propia Ortíz -a la hora de pedir su baja de la Bonaerense- cobraba 1.200.000 pesos de básico en mano, lo que la obligaba a redondear con horas extras. Ella ganó más dinero que ese con la guerra, yendo a pelear a fines de 2025. De eso dan fe las decenas de fotos con uniforme militar y armas largas que compartió en sus dos perfiles de Facebook y su cuenta de Instagram. Pero después el negocio mejoró aún más, cuando empezó como reclutadora.

Según las pruebas por las que el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola la detuvo a fines de julio, Ortíz y su novio enviaban a Ucrania contingentes de entre 10 o 15 personas cuyos pasajes pagaban con fondos aún no claros. El viaje era sin regreso, el que iba debía quedarse al menos 6 meses. Si quería volverse lo amenazaban con un cargo de deserción, o pagar 2.500 dólares de indemnización. La mayoría ni siquiera tenía celular propio “por miedo de que se comuniquen con el enemigo”, tampoco pasaporte.

El contrato real -que los interesados nunca veían antes de viajar- era de tres años para integrar una fuerza especial de apoyo a las tropas de Ucrania en la guerra con Rusia. Algunos de los reclutados tenían experiencia (ex militares o miembros del Grupo Halcón) pero otros apenas habían cumplido la mayoría de edad y no tenían idea de lo que les esperaba. Fueron estos últimos, al menos unos 15, los que recurrieron a la embajada argentina para pedir ayuda.

A Ortíz no la detuvieron en el frente de batalla con una captura internacional con fines de extradición. La fueron a buscar, y la encontraron, en su casa de Tigre. Su último destino como policía había sido muy cerca, en la Comisaría de la Mujer y la Familia del mismo partido.

“Se logró detectar la modalidad del reclutamiento de hombres jóvenes ex integrantes de las Fuerzas Públicas con conocimiento de manejo de armas de fuego para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas hacia las zonas de conflicto armado en el continente europeo, ocultando la naturaleza real de las actividades, la firma de contratos en idiomas desconocidos, la retención de documentos, la imposición de condiciones coercitivas y en algunos casos, la vinculación directa a hostilidades armadas“.

Así empieza el “Alerta Morada” que Interpol Colombia giró a sus pares de la región el pasado jueves 23 de julio. Bajo el título “Modus Operandi: Trata de Personas con fines de Trabajo forzoso en Conflicto Armado”, la circular describe cómo se manejan las bandas que llevan carne fresca a la guerra Ucrania – Rusia, ya sea para el lado ruso como para el ucraniano. Apenas unos días después de esta circular cayó la ex policía Ortiz.

El caso de Ortiz es uno de los nueve que recopilaron los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Estas investigaciones en su mayoría tramitan en la Justicia Federal de Lomas de Zamora porque es la jurisdicción del Aeropuerto de Ezeiza. Aunque también habría un caso en Tucumán y otro en Santa Fe.

A eso hay que sumarle cinco casos más tomados por la línea 145 contra la trata de personas que fueron denunciados por familiares de gente que quedó varada en Ucrania.