La causa Seguros ya está en manos del juez Lijo, que debe resolver si vuelve a procesar a Alberto Fernández

La causa penal que continúa teniendo bajo investigación a Alberto Fernández por presuntos hechos de corrupción, ya se encuentra en manos del juez federal Ariel Lijo. Es resultado del fallo de la Cámara Federal, que dictó la falta de mérito al entender -como el había ordenado la Casación-, que se debían tomar declaraciones testimoniales y volver a resolver si el expresidente debe ser procesado o no.

Alberto Fernández continúa bajo investigación, pero un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal le permitió ganar tiempo. Se encontraba a un paso del juicio oral, sin embargo, su situación volverá a ser analizada.

Se encontraba acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hay que recordar que el máximo tribunal penal no se pronunció sobre el fondo, esto es si Alberto Fernández cometió delitos de corrupción o no. Sino que ordenó a la Cámara Federal -que había confirmado la acusación dictada por el juez federal Sebastián Casanello- que revise la decisión.

En cumplimiento con la orden de la Casación, los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaron la falta de mérito y el caso volvió a la instancia de instrucción.

Cuando comenzó la causa, siempre radicada en el Juzgado Federal 11, fue el juez Julián Ercolini quien inició la investigación y realizó la primera ronda de indagatorias.

Como se trata de un juzgado vacante se va subrogando rotativamente, motivo por el cual fue el juez Sebastián Casanello quien, junto a otras medidas de prueba dictadas, resolvió procesar a Alberto Fernández, a Héctor Martínez Sosa su amigo y broker de Seguros, a María Cantero ex secretaria privada, entre un extenso listado de empresarios.

Esa decisión fue apelada por los imputados y el expediente llegó a la Cámara Federal. En esa instancia fue una decisión del fiscal que interviene -José Luis Agüero Iturbe- dejó la puerta abierta para el fallo que el miércoles firmó el máximo tribunal penal.

La defensa de Alberto Fernández reclamó que no se había escuchado a algunos testigos sugeridos por el ex Jefe de Estado, como Vilma Ibarra, quien fue su Secretaria Legal y Técnica. Agüero Iturbe adhirió a ese reclamo.

En otras palabras, entendió que había que dictar una falta de mérito porque había medidas de prueba que no se habían producido para arribar a la conclusión del procesamiento.

Los jueces de la Casación (que está por encima de la Cámara de Apelaciones) Mariano Borinsky y Javier Carbajo entendieron que ese reclamo debía atenderse y anularon la confirmación del procesamiento: no dijeron que Alberto Fernández era inocente, sino que su planteo tiene sustento suficiente para ser considerado en respeto a las garantías del proceso.

En su decisión, Borinsky y Carbajo solo tomaron en consideración la postura del fiscal Iturbe, que había sido desechada por la Cámara Federal y por un fiscal superior, Raúl Pleé.

Hubo un voto por la minoría correspondiente al juez Gustavo Hornos, quien consideró que asistía razón jurídica a la confirmación del procesamiento por corrupción.

Entonces, el caso regresó a los camaristas que habían decidido confirmar el procesamiento de los acusados, para que dicten un nuevo fallo que derivó en la falta de mérito.

Ahora, es el juez Ariel Lijo quien debe resolver una serie de medidas de prueba que son, en esencia, declaraciones testimoniales requeridas por la defensa de Fernández.

Fuentes judiciales explicaron a Clarín que varias testimoniales ya se fueron tomando, entre ellas la de Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica), Miguel Pesce (ex titular del Banco Central), entre otros. Sólo resta tomar declaración al exministro de Economía Martín Guzmán.

De considerar que son necesarias más declaraciones, deberán ser ordenadas por el juez Lijo, actual subrogante -suplente- del juzgado federal 11.

Una vez las medidas pedidas por la defensa se impulsen y concluyan, Lijo deberá resolver si vuelve a procesar a Alberto Fernández.

Alberto Fernández está acusado de haber firmado el decreto 823/21, por el cuál todos los ministerios y organismos del Estado nacional tenían que contratar a Nación Seguros. Tras esa decisión, el broker Martínez Sosa -amigo de Fernández- y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de seguros.

Así, se firmaron 45 contratos con la participación de 25 brokers. El monto de las comisiones pagadas a intermediarios de contratos entre organismos públicos, con irregularidades y direccionamientos -según consta en la acusación- fue de 3.364.522.944 pesos.

Las negociaciones incompatibles atribuidas a Alberto Fernández junto al incumplimiento de los deberes de funcionario público, se sustentan -según el procesamiento que ahora está bajo revisión- en el ranking de empresarios beneficiados con los contratos amañados: en primer lugar se encuentra Héctor Martínez Sosa con el 59,6% de los contratos. Se trata del amigo del ex mandatario y esposo de su secretaria privada, María Cantero.

Un factor clave fue la influencia que tenía Martínez Sosa sobre el entonces presidente. Fue el celular de Cantero el que permitió desnudar gran parte de la maniobra investigada.

“Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?”, le dijo Cantero a su esposo en una de las conversaciones.

Fue en función de ellos que se destacó las influencias de Martínez Sosa y Cantero: “Sus acciones mantuvieron la lógica que ya había comenzado en los meses previos a la asunción presidencial, ahora utilizando directamente el rol que tenía la segunda en la oficina de presidencia –y, se sospecha, los del entorno que se explicó más arriba- para conseguir reuniones y usufructuar contactos”.

Particular análisis mereció la amistad del ex Presidente con Martínez Sosa. Al respecto el juez Farah añadió: “El estrecho vínculo que los une no se reducía a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria de Fernández: existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc”.