Kicillof denuncia que la Nación tiene “pisados” créditos de organismos internacionales por más de U$S 1.000 millones

El gobernador Axel Kicillof denuncia un nuevo mecanismo de asfixia financiera desde el Gobierno nacional. En La Plata aseguran que el ministerio de Economía que conduce Luis Caputo tiene “pisados” permisos para acceder a créditos internacionales por más de US$ 1.000 millones que están destinados a obras de infraestructura.

Se trata, según explicaron funcionarios provinciales, de líneas crediticias de organismos internacionales que tienen pre aprobación de los directorios de esos entes pero que requieren un aval del ministro Caputo, para que se liberen esos fondos.

Inscriben esta demora burocrática en la política de “asfixia” hacia el gobierno de Kicillof que empuja la administración libertaria. E incluyen esta táctica en la restricción, suspensión o eliminación de líneas de aportes federales de Nación al estado bonaerense que –según los cálculos de las oficinas de calle 6 en La Plata– alcanzan los 26,7 billones de pesos desde que comenzó la gestión de Javier Milei.

El contratiempo arrastra una doble frustración: Kicillof tuvo que lidiar casi un año en la Legislatura bonaerense para lograr que le aprueben la ley de endeudamiento. Lo consiguió después de dejar parte del pellejo en las negociaciones con los bandos internos del PJ y con los bloques de la oposición. Logró permiso para salir a buscar deuda por hasta US$ 3.050 millones. Y hasta ahora no entró un dólar a las arcas provinciales, por ese item.

Después que obtuvo esa norma que habilita al Estado provincial a contraer deudas, la Nación obstruye el camino, se quejan los funcionarios bonaerenses.

Desde el primero minuto del arribo del gobierno libertario, la relación entre el Presidente y Kicillof resultó de extrema tensión. Se colocaron en posiciones antagónicas en todas y cada una de las políticas públicas. Un posicionamiento abonado por el choque de modelos ideológicos que se tradujo enseguida en disputas por los recursos que administra el poder central.

Las restricciones complican la gestión administrativa. Según un informe sobre el presupuesto ejecutado en 2025, que elaboró el ex senador y actual director del BAPRO Marcelo Daletto, el gobernador tuvo que recurrir a un “importante endeudamiento, sin autorización legislativa de $2,4 billones (más $0,88 billones de venta de activos financieros) para pagar $2,06 billones de déficit y $1,21 billones por vencimientos de capital de deuda”, el año pasado.

En La Plata aseguran que ese vínculo corrosivo con Nación derivó en una “clara discriminación” contra la Provincia. Y enumeran un listado de 18 autorizaciones de créditos internacionales que Caputo firmó para proyectos a realizar en Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, Salta, Rio Negro, Mendoza y Jujuy. Esas jurisdicciones pudieron incorporar a sus tesoros más de U$s 1.900 millones por líneas de financiamiento internacional, en los últimos dos ejercicios presupuestarios.

¿Qué proyectos quedaron congelados ahora en Provincia por la presunta indiferencia de Economía?. Hay uno que tiene interés prioritario, según informan en el Gobierno bonaerense. Es la obra para construir una planta de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.

Ocurre que por un litigio que se inició por el impacto ambiental que provoca la falta de estas obras, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, trabó un embargo de $ 157.164 millones a la Provincia de Buenos Aires para garantizar los trabajos de saneamiento y tratamiento cloacal en La Plata, Berisso y Ensenada. La medida busca frenar la contaminación en el Río de la Plata, el Arroyo El Gato y el río Santiago.

En el Ministerio de Infraestructura bonaerense aseguran que los fondos para ese emprendimiento los obtuvo la Provincia a través de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 270 millones que está “cajoneado” en un despacho de Economía.

“Son créditos solicitados para infraestructura específica, como el caso del vertedero cloacal que está judicializado y están los fondos otorgados pero no logramos el permiso nacional”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco en una nota con Infocielo.

“Estas líneas tienen tasas más favorables y no se usan para gastos corrientes. La Nación no tiene argumentos para negar los avales, algo que hace con todas las provincias que lo piden”, aclaró el funcionario.

La Provincia puede ejecutar deuda en el mercado local sin autorización nacional pero el acceso a organismos internacionales o mercados externos requiere obligatoriamente de una firma de la Nación. “El Gobierno de Milei usa ese recurso como una herramienta de ahogo financiero contra Buenos Aires”, consideró.

Un mecanismo similar denunciaba Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño y los Kirchner estaban en Casa Rosada.

Hace un mes, una empresa provincial fue descalificada para participar de las licitaciones para el mantenimiento y mejora de rutas nacionales que impulsó Economía. A través del Decreto 411/2026, Aubasa (la compañía vial estatal provincial que opera la Ruta 2 y la autopista La Plata-Buenos Aires) quedo apartada la licitación pública por incumplimiento de requisitos técnicos y financieros esenciales previstos en los pliegos de bases y condiciones.

En la firma aseguraron que fue una decisión arbitraria de Milei y la corrió de un negocio que implicaba más de $ 170 mil millones en dos años. Las notas con pedido de autorización se apilan en el Quinto Piso del edificio de Economía frente a la plaza de Mayo desde fines de 2024.

Las propuestas que el Gobierno bonaerense tiene encaminadas pero con el financiamiento trabado son variadas y en zonas diversas. El Tramo V -etapas 1 y 2- de la ampliación del Rio Salado tiene un préstamo aprobado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por US$ 135,7 millones que no se puede ejecutar.

Un plan de “intervenciones hidráulicas” en la zona norte y noreste del Gran Buenos Aires por US$ 180 millones que estaría disponible del BID. Una nueva planta potabilizadora y obras complementarias de ABSA en el Gran La Plata, por US$ 148,7 millones gestionados y autorizados por el directorio de la CAF. Y un paquete de obras para el saneamiento (hídricas e hidráulicas) del Río Luján que prevén US$ 313 millones también aprobadas por la Corporación Andina.

Junto con un crédito que gestionó la Provincia con un Fondo Kuwaití por US$ 62 millones para el acueducto del Parque San Martín en La Plata, conforman un paquete de más de US$ 1.000 millones que en el gobierno de Kicillof consideran “indispensables” para afrontar los déficits de infraestructura. Y un año electoral con expectativas de proyección nacional.