Escándalo en Formosa: un juez militante de Gildo Insfrán condena a cinco días de arresto a cuatro periodistas

La Justicia de Formosa condenó a cinco días de arresto efectivo a cuatro integrantes del equipo periodístico del programa “Hambre de Futuro”, del canal de noticias La Nación+, por una serie de entrevistas y filmaciones que realizaron en septiembre de 2025 en la comunidad aborigen San José.

Los condenados son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. La pena puede reemplazarse por una multa de $282.550 para cada uno.

“El sistema opresivo está armado para que nadie que venga de afuera pueda ni siquiera charlar con gente de la comunidad”, dijo Urdinez en declaraciones a Radio Uno, de Formosa.

Es que el juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Omar Padilla, fue concejal peronista y condenó a los periodistas por una supuesta infracción al artículo 73 del Código de Faltas provincial, referido al inicio de actividades sin cumplir requisitos previos. Y recurrió, entre otros argumentos, a la falta de acreditación de la matrícula profesional en el lugar y a la carencia de vínculos laborales locales.

“Un proceder por demás cuestionable, sobre todo porque para ejercer el periodismo no es imperativo uso de un carnet en ningún lugar del país”, sostuvo el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

En el mismo sentido se expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que rechazó “enfáticamente una sentencia en Formosa que criminaliza a periodistas por hacer su labor y exige una matrícula para ejercer el periodismo”.

Es que en la Argentina no existe una matrícula obligatoria para ejercer el periodismo ni una habilitación estatal que permita trabajar como periodista. Por eso, las entidades periodísticas consideraron especialmente grave que la falta de una acreditación profesional aparezca entre los fundamentos de una condena de arresto.

El programa de LN+, Hambre de Futuro, recorre distintas provincias para mostrar situaciones de pobreza, historias de vida y las condiciones en las que viven comunidades vulnerables. En septiembre del año pasado, el equipo viajó a Formosa para realizar entrevistas y registrar imágenes en comunidades originarias, entre ellas la Comunidad San José.

En esa ocasión, el equipo periodístico fue seguido e interceptado por efectivos de la Policía de Formosa. Los agentes tomaron los datos de los periodistas, fotografiaron sus DNI y luego dos camionetas comenzaron a seguir sus movimientos y a filmarlos. Después, los policías detuvieron al equipo y pretendieron notificarlos de una denuncia contra los periodistas por una supuesta alteración de la tranquilidad de la comunidad.

La denuncia se atribuyó al cacique Guillermo López. Según FOPEA, López luego negó haber promovido la acusación y afirmó que agentes policiales lo trasladaron para firmar un escrito cuyo contenido desconocía.

FOPEA recordó en su comunicado que durante aquella cobertura denunció el seguimiento del equipo mediante vehículos sin identificar, la vigilancia, la interceptación policial en las rutas y la retención durante unas dos horas de los trabajadores de prensa. “La aplicación de este tipo de normas para sancionar a periodistas por el desarrollo de su tarea constituye un grave precedente y genera un efecto inhibitorio sobre quienes investigan e informan acerca de asuntos de interés público”, sostuvo la entidad.

ADEPA planteó además que el propio fallo reconoce que los periodistas recibieron autorización para ingresar a la comunidad y que se retiraron cuando les pidieron hacerlo. También remarcó que la sentencia no describe un ingreso violento o clandestino, una permanencia contra la voluntad de los integrantes de la comunidad, una agresión física ni una intromisión concreta en la intimidad de alguna persona.

ADEPA rechaza enfáticamente una sentencia en Formosa que criminaliza a periodistas por hacer su labor y exige una matrícula para ejercer el periodismo ➡️https://t.co/QWUmGITlli

— ADEPA (@Adepargentina) September 24, 2026

Omar Padilla asumió como juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas en marzo de 2025, luego de su designación por el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Antes de llegar a la Justicia fue concejal de Las Lomitas y dirigente del peronismo local. El Poder Judicial provincial informó entonces que Padilla era abogado, oriundo y residente de esa localidad.

Una investigación publicada este viernes por La Nación señaló que Padilla participó de actividades políticas del peronismo formoseño y expresó públicamente su respaldo al gobernador Gildo Insfrán antes de su designación como juez.

En una actividad política, cuando todavía no ocupaba el cargo judicial, Padilla afirmó que los dirigentes justicialistas de Las Lomitas tenían “quien nos indica el camino a tomar y que por muchos años lo ha hecho bien”, en referencia a Insfrán, quien gobierna la provincia desde 1995.

En las elecciones de 2023, el gobernador obtuvo el 70% de los votos y consiguió su octavo mandato consecutivo. Dos años después, la Convención Constituyente de Formosa eliminó la reelección indefinida para gobernador. Pero incorporó una cláusula que considera el actual mandato de Insfrán como el primero bajo la nueva Constitución y le permitiría buscar una nueva postulación en 2027. La posibilidad de esa candidatura se judicializó y quedó bajo análisis de la Corte Suprema.

El vínculo entre el gobierno provincial y el periodismo registra numerosos episodios de restricciones a la libertad de prensa. Uno de los más recordados fue cuando otros dos periodistas de LN+, Hugo Macchiavelli y Agustina Girón, tuvieron que presentar un habeas corpus para poder ingresar a Formosa durante la pandemia de Covid, ya que el gobierno de Insfrán bloqueaba el ingreso de periodistas que viajaban para investigar las denuncias por violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento.