El Gobierno controla las comisiones de Diputados para apurar el súper RIGI y la ley de Lobby

El Gobierno se prepara para una nueva batalla en el Congreso y define la agenda en Diputados para el tratamiento en comisión del súper Rigi y la denominada ley de Lobby, que el oficialismo busca aprobar lo antes posible aunque ya enfrenta algunas observaciones entre los bloques aliados.

Este miércoles se confirmó que la propuesta orientada a atraer inversiones por encima de los US$1000 millones ya fue girada a las comisiones de Presupuesto, de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En tanto, la iniciativa enviada para transparentar las gestiones de intereses pasará por Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El dato a tener en cuenta es que las 5 comisiones que debatirán los dos proyectos están controladas por el oficialismo: 3 son presididas por diputados puros de La Libertad Avanza y 2 por aliados. A eso se suma que los violetas tienen la mayoría de las sillas en las comisiones y con los dialoguistas no tendría obstáculos para sacar despacho y llevarlo al recinto.

En el debate en comisión, el peronismo tiene menor representación que el oficialismo y hay un puñado de legisladores que están dentro de la oposición crítica. Por eso, en el oficialismo no descartan la posibilidad de abrir la agenda para la próxima semana con la intención de apurar el trámite legislativo antes del comienzo del Mundial 2026, aunque sólo restan dos semanas.

Y se ilusionan con la posibilidad de que se pueda repetir el resultado de 2024 cuando en el marco de la Ley Bases, al primera versión del RIGI fue aprobada con 134 votos a favor, un caudal de votos que los libertarios parecen tener como base según las votaciones ganadoras que se dieron desde el recambio de diciembre del año pasado.

Sin embargo, tanto el PRO como la UCR deslizaron, al menos en la primera impresión, un par de observaciones. Los radicales esperaban que el primer RIGI iba a ser como “algo extraordinario” y especulaban que se generarían las condiciones para que la Argentina se convierta en un polo de atracción de inversiones.

No obstante, desde ese espacio ven como positivas las medidas que promuevan nuevas inversiones y más en las cifras que impone el proyecto como base US$ 1.000 millones. Pero desde esta bancada, que tiene como referente económico al mendocino Lisandro Nieri, puntualizaron que analizarán el proyecto en detalle para cuando se abra el debate en comisión.

En tanto, desde el PRO ya hay cierta tensión sobre un artículo que otorga algunos beneficios impositivos que podrían afectar las cuentas de las provincias como de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

Es que con la intención de atraer grandes inversiones, el Gobierno propone que las importaciones de bienes que forman parte del plan de inversión queden exentas de derechos de importación y de todo régimen de percepción, recaudación o retención de tributos ya sean nacionales como provinciales y municipales, incluido el IVA.

En otras palabras, las provincias deberán adherir y otorgar esos beneficios. El argumento que expondrá el Gobierno es que, con los nuevos proyectos, ese porcentaje que cederán ingresará a través de otra recaudación.

Entre los aliados creen que otro punto más sensible está entre los sectores que ya hicieron inversiones y ven que otros ingresan a la competencia con nuevos beneficios. Está claro que la clave puede estar en el acompañamiento de los gobernadores como fue en la primera versión que fue apoyada por las provincias mineras.

En esta oportunidad se especula que las grandes inversiones estarían orientadas a los sectores de desarrollo tecnológico y energético, lo que podría alentar el acompañamiento no sólo de Innovación Federal sino también de Provincias Unidas, el espacio que tiene terminal con los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy.

En este espacio hay legisladores que no responden a los gobernadores como es el caso del socialista Esteban Paulón, quien ya anticipó que votará en contra del súper RIGI como lo hizo con la primera versión del programa de incentivo fiscal al entender que la propuesta del Gobierno está destinada a favorecer a Peter Thiel, opinión que compartirían otros diputados.

Lo cierto es que el empresario tecnológico dueño de la empresa de seguridad informática Palantir, proveedora del Pentágono, ya estuvo en el despacho del presidente Javier Milei hace un mes.