Duro revés para Ariel Vallejo, el financista cercano al Chiqui Tapia: el Banco Central dio de baja la billetera virtual de Sur Finanzas

El Banco Central dio este viernes de baja la billetera virtual de Sur Finanzas, la financiera que es propiedad de Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, en lo que constituye un nuevo revés para el procesado hombre de negocios.

En una resolución, firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curuchet, se resalta que “Sur Finanzas PSP SA no registra operaciones como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) desde enero de 2026. Esta inactividad supera los 180 días”.

Un proveedor de servicios de pago es una empresa habilitada para ofrecer cuentas virtuales, recibir y realizar transferencias y administrar pagos electrónicos. Sin embargo, esa inscripción no equivale a una autorización para funcionar como banco, pero era una herramienta clave para la financiera de Adrogué.

La pérdida de los bancos patrocinantes, “la interrupción prolongada de la actividad y la falta de condiciones acreditadas para reanudar el servicio evidencian también cambios fundamentales en las condiciones de inscripción”, dijo la entidad regulatoria del sistema financiero argentino, según fuentes judiciales.

Pero uno de los datos más llamativos de la resolución es que Sur Finanzas declaró no haber realizado operaciones durante un período en el que el propio Banco Central detectó millones de transferencias bancarias por cifras multimillonarias.

En efecto, la Superintendencia comprobó que solamente en julio de 2025 la empresa registró 2.999.117 transferencias por 393.871 millones de pesos, según los movimientos verificados en las entidades bancarias con las que operaba.

Es decir, casi tres millones de transferencias por una cifra cercana a los 394 mil millones de pesos en apenas 31 días. Un volumen de dinero que contrasta con las declaraciones juradas presentadas posteriormente por la sociedad.

El Banco Central señaló que, en septiembre de 2026, Sur Finanzas presentó tardíamente declaraciones juradas en las que aseguró no haber registrado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026.

Sin embargo, los inspectores verificaron movimientos significativos hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre de ese año en el Banco Hipotecario.

La contradicción quedó expresamente asentada en la resolución que dispuso la exclusión de Sur Finanzas PSP SA del Registro de Proveedores de Servicios de Pago.

Además, la empresa había dejado de presentar los informes obligatorios al Banco Central desde julio de 2025. Tampoco entregó toda la documentación que le reclamaron los organismos de supervisión.

El organismo destacó un detalle especialmente relevante: esos incumplimientos comenzaron antes de las medidas judiciales que Vallejo y sus empresas invocaron posteriormente para justificar la falta de información.

De esta manera, el Banco Central rechazó que las restricciones impuestas por la Justicia fueran una explicación suficiente para las irregularidades administrativas detectadas.

Las presentaciones realizadas por Sur Finanzas fueron consideradas incompletas y tampoco estuvieron acompañadas por información contable actualizada que permitiera reconstruir adecuadamente su actividad.

Para los funcionarios del organismo, esas omisiones impidieron avanzar y concluir el análisis de cuestiones relevantes relacionadas con el funcionamiento anterior de la billetera virtual.

La resolución advierte que mantener a Sur Finanzas en el registro oficial implicaría conservar la autorización de una empresa que dejó de desarrollar la actividad para la cual había sido inscripta.

Pero, además, no acreditó las condiciones necesarias para reanudar el servicio y mantiene pendientes de aclaración aspectos importantes de sus operaciones anteriores.

El Banco Central consideró que esta situación “representa un riesgo para la integridad y confiabilidad del sistema de pagos”, además de comprometer los objetivos de seguridad, transparencia y protección de los usuarios.

La decisión constituye otro golpe para el entramado empresarial de Vallejo, cuya actividad financiera quedó bajo investigación de la Justicia federal de Lomas de Zamora.

Sin embargo, los movimientos registrados y las inconsistencias informativas adquieren especial importancia por la investigación judicial que enfrenta el grupo financiero.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, procesó a Ariel Vallejo como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

El magistrado también dispuso un embargo de 40 mil millones de pesos sobre los bienes del empresario, cuya financiera mantenía vínculos comerciales con clubes de fútbol y patrocinaba distintas actividades deportivas.

Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, había sido detenido durante la investigación. Posteriormente, Rodríguez Ponte convirtió esa detención en prisión domiciliaria con control mediante tobillera electrónica.

El financista debe cumplir la medida en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente, mientras continúa la investigación sobre el origen y destino de los fondos que circularon por sus empresas.

La Justicia sospecha que parte de los movimientos financieros investigados podría estar relacionada con maniobras de evasión impositiva, operaciones financieras irregulares y otras actividades bajo investigación.

El procesamiento también alcanzó a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, por los mismos delitos atribuidos a su hijo, con excepción de la jefatura de la asociación ilícita. El juez le impuso otro embargo de 40 mil millones de pesos.

Entre los demás procesados figuran María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Carrozza, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Sánchez, Sergio Da Silveira, Juan Ramón Cervín y Rolando Soloaga.

La resolución judicial también incluyó a Micaela Sánchez, Susana Hoffmann, Nahiara Gamarra, Jonathan Ledesma, Juan Miguel Soloer, Cecilia Fioretti y César Abilio Zapaia.

Además, Rodríguez Ponte procesó a nueve sociedades vinculadas con la investigación: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach SA, Centro de Inversiones de Concordia SRL, Ars Cambios y Roma Inversiones SA.

La nómina se completa con Neocam, Gestiones San Miguel SA y Sur Pagos SA. Sobre las empresas también fueron dispuestos embargos multimillonarios.

El magistrado intenta determinar cómo funcionaba el circuito financiero, quiénes aportaban los fondos, quiénes eran sus destinatarios finales y qué operaciones tenían una justificación económica legítima.

La Superintendencia también tuvo en cuenta una medida cautelar dictada por la Justicia en marzo de 2026, que estableció limitaciones sobre la situación de la sociedad y sus accionistas.

Según la resolución, esas restricciones profundizaron los cambios en las condiciones que la empresa debía reunir para conservar su inscripción como proveedora de servicios de pago.