Críticas a la Ley de Lobby: organizaciones civiles y cámaras pidieron cambios en Diputados

El oficialismo retomó el debate en comisiones de la Ley de Lobby. Expusieron cámaras y asociaciones civiles de distinta índole pero todas alertaron sobre los riesgos del proyecto enviado por el Ejecutivo y pidieron modificarlo.

Estuvieron presentes cámaras como la de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), fundaciones como Barbechando, colegios como el de Abogacía de Capital Federal y organizaciones de distintos rubros como Poder Ciudadano, el CELS, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), ACIJ, Directorio Legislativo, entre otras.

Todos se mostraron en líneas generales a favor de crear una ley que regule el lobby pero fueron críticos del proyecto oficial y exigieron cambios.

El proyecto del Ejecutivo crea un Registro Público de Gestores de Intereses, obligatorio para todas las personas o entidades que quieran realizar actividades de gestión de intereses. Deben inscribirse, identificar clientes, declarar intereses extranjeros, si existen y presentar informes trimestrales detallando cada contacto realizados, incluso si es ocasional.

La mayoría coincidió en alertar sobre la amenaza de equiparar la actividad de lobby profesional y comercial con una reunión de cualquier organización civil, lo que vulneraría el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades. Los más duros incluso lo señalaron como del Estado de vigilar, perseguir y disciplinar.

También hubo llamados de alerta por la dificultad, debido a la burocratización y costos administrativos, que significaría la puesta en marcha y la desmesura de aplicar consecuencias penales (incluso de prisión) sin distinguir la gravedad del nivel de las faltas.

“No podemos estar todos adentro de la misma bolsa, no somos la misma cosa”, afirmó Melisa Hechenleitner de la Fundación Multipolar, que ayuda a personas en situación de calle.

“No distingue el lobby de interés del reclamo de una organización por el cumplimiento de un derecho. No distingue si hay lucro de por medio”, señaló Eduardo Ferreyra de la Asociación Civil sobre la Igualdad y la Justicia.

“Si bomberos del Sur reclaman equipamiento ¿tienen que registrarse para hacerlo? Esto desalienta justamente a quienes menos poder tienen para hacerse escuchar?”, ejemplificó Paola García Rey, directora de Amnistía Internacional.

Por su parte, Alejandro Díaz, CEO de Amcham celebró el consenso político para crear una Ley de Lobby pero planteó la necesidad de aclarar conceptos y definiciones como el de gestor, gestión y beneficiario final. “Para que en cámaras como las nuestras, que representan colectivos, no haya situaciones particulares que condicionen la adecuada representación”, apuntó.

En la misma línea, Agustina Briner de la Unión Industrial Argentina (UIA), reclamó incorporar la figura del “beneficiario colectivo”.

Díaz también criticó el alcance que tiene el concepto de intereses extranjeros y se quejó de que “empresas con actividades de inversión sean consideradas automáticamente como representantes de intereses extranjeros por solo formar parte de grupos internacionales”.

A su vez señaló que “dado que contempla información comercialmente sensible debería prever un mecanismo de confidencialidad” y alertó sobre el capítulo penal. “En Estados Unidos la responsabilidad recae sobre quien realiza la gestión, en Chile el funcionario que hace la audiencia. Acá propone un esquema compartido”, indicó.

Y hablando de la duplicidad también alertó que la “excesiva burocracia genera costos operativos sin beneficios proporcionales en esquema de transparencia” y propuso reportes semestrales o anuales.

“Esta ley, en la práctica equipara a una empresa que contrató una agencia de lobby con una organización de derechos civiles que quiere presentar un informe técnico”, señaló Gastón Wright de Civic House y comparó con la norma de EEUU: “La regulación estadounidense no considera lobby si no hay una compensación económica o más de un contacto y una dedicación significativa de tiempo. Es decir, regula el lobby profesionalizado”.

María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, planteó que el proyecto es “inconstitucional”, que se va a judicializar si se aprueba tal cual y concluyó con un dardo político: “Es paradójico que en esta semana en que los medios hablan de funcionarios o esposas que apelan a la Inocencia Fiscal y no renuncian acá pongamos en el banquillo de los acusados a las organizaciones de la sociedad civil como si fuera una falta de transparencia decir lo que pensamos y promover modificaciones”