La Justicia suspendió la tarjeta corporativa de la AFA que usaba uno de los presuntos testaferros de Toviggino

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó la “inmediata” suspensión preventiva de la tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que estaba a nombre de uno de los presuntos testaferros del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en la compra de la mansión en Pilar que se investiga por presunto lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron a Clarín señalaron que la medida se tomó luego que se detectaron más gastos con esa tarjeta American Express que son ajenos a la AFA. A principio de año, un informe reveló que desde allí se pagaban los Telepase de los 54 vehículos de lujo y colección que se secuestraron en el lugar. Y ahora se conoció que se abonaba el servicio de luz de propiedades que no están vinculadas a la AFA.

“Se recibió en el día de la fecha un informe de la empresa EDENOR del cual surge que con la Tarjeta Corporativa American Express (tarjeta empresarial) terminada en 1007 a favor de Luciano Nicolás Pantano, se abonaron servicios de suministro eléctrico a numerosos domicilios que serían ajenos al quehacer propio de la institución deportiva (AFA)”, sostuvo el magistrado en su resolución.

Así, Aguinsky le solicitó a American Express que “de manera inmediata proceda a la suspensión preventiva de todos los débitos de la Tarjeta Corporativa American Express (tarjeta empresarial) terminada en 1007 a favor de Luciano Nicolás Pantano”.

“La acción en tiempo oportuno de la justicia pretende poner un freno al perjuicio continuado, evitando pérdidas económicas irreversibles e interrumpiendo su desarrollo en la prolongación del daño. Más allá de las acciones civiles que dieran lugar en el futuro”, agregó el magistrado en otro tramo de su resolución.

La justicia determinó que desde esa tarjeta Pantano hizo entre enero y diciembre del 2025 gastos mensuales de 50 millones de pesos. La tarjeta estaba a su nombre a pesar que no tiene un cargo en la AFA. Pantano fue desde mayo de 2021 hasta marzo de 2022 presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y de Fútbol Playa.

Cuando se conoció la información sobre el uso de la tarjeta la justicia ordenó distintas medidas de prueba para conocer cuáles eran los gastos que se hacían. Uno de ellos fue el pago del servicio de EDENOR.

Pantano y su madre Ana Lucía Conte son quienes figuran como dueños de la mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar y que fue allanada a fin de año. En mayo de 2024 pagaron 1.800.000 dólares por la propiedad pero peritos oficiales tasaron su valor en casi 17 millones de pesos.

Ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para ser los propietarios de la mansión ni de los 54 vehículos de lujo y colección que se encontraron en el lugar y que también están a su nombre, al igual que una casa en una country de Pilar. Todo figura a nombre de “Real Central S.R.L”, empresa de la que Pantano y Conte figuran como dueños.

La sospecha es que en rigor son prestanombres de los verdaderos dueños. Y allí aparece el nombre de Toviggino. Cuando la propiedad fue allanada se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central, el club del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a nombre de Toviggino. Además, las cédulas azules de los vehículos que se encontraron estaban a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero para comprar la vivienda y el juez Aguinsky tiene como principal hipótesis que la plata que se usó para hacerlo es de la AFA. “En el marco de estas conclusiones provisorias, el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta, prevista por el Art. 173 inc. 7mo. del Código Penal, en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”, dijo el magistrado en una resolución reciente.

Aguinsky habilitó la feria judicial de enero para investigar el caso por las medidas urgentes que ordenó hacer. Esa decisión fue objetada por la defensa de Pantano y Conte que pidieron que la investigación se suspenda hasta febrero cuando regrese la actividad formal a tribunales. Ese pedido fue rechazado este viernes por la Cámara en lo Penal Económico.