ADEPA pide que el Gobierno revea los nuevos requisitos para que puedan trabajar los periodistas acreditados en Casa Rosada

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió que los nuevos requisitos para que los periodistas y medios de comunicación trabajen en Casa Rosada “podría limitar el trabajo periodístico profesional”. La entidad lo planteó en un extenso comunicado, donde le pidió al Gobierno que modifique la Resolución 1319, de la Secretaría de Comunicación y Medios, que encabeza Manuel Adorni y se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial.

Es que el Gobierno definió los nuevos criterios para la acreditación y el ejercicio de la labor periodística en la Casa de Gobierno, que incluyen un código de vestimenta, limitaciones a la cantidad de cronistas en el lugar y un novedoso Manual de Evaluación Objetiva que otorga puntaje a los periodistas que pretendan acreditarse en Casa Rosada.

Los nuevos requisitos “configuran una situación peligrosa que podría afectar seriamente el acceso a la información pública”, ya que “desconoce la cotidianeidad y naturaleza del trabajo periodístico” y, además, podría dejar afuera de las conferencias de prensa a medios pequeños, que no aparecen en las métricas digitales, sostuvo ADEPA.

La entidad periodística sostuvo que la resolución oficial instaura un “derecho de admisión” por el que se evalúan los datos de audiencia de los medios representados, “el alcance territorial de cada medio en particular y los antecedentes de especialización de su cobertura periodística, y de los profesionales autorizados a cumplir esas funciones”.

“No se recuerda una resolución de igual naturaleza. Además, el Gobierno regula la disponibilidad operativa de espacios y demás documentación presentada”, advirtió la entidad. Y agregó que las medidas sobre el número fijado para los periodistas acreditados “resultan ser excesivamente restrictivas si se tiene en cuenta la cantidad de profesionales que se desempeñan en la actualidad en la Casa Rosada”.

“Detrás de estas argumentaciones, que en principio puedan sonar razonables, suele esconderse la intención de digitar los permisos de acceso para rechazar así el ingreso de periodistas críticos o que no sean del agrado del gobernante”, concluyó ADEPA, que remitió a un informe de “estándares para el relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios de comunicación”, que elaboró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclamó que se modifique la Resolución 1319, afirmando que va en contra de los principios establecidos en la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La entidad pidió que el gobierno de Milei convoque “a las organizaciones de periodistas y a las entidades empresarias del rubro para consensuar una reglamentación que establezca parámetros objetivos y garantice ecuanimidad y pluralidad en la asignación de las acreditaciones”.

Es que esa normativa “estableció nuevas condiciones para otorgar las acreditaciones, como un código de vestimenta, y fijó limitaciones. Entre ellas, la libertad de circulación dentro de la Casa Rosada, los horarios permitidos y la limitación en el número de acreditados, que fija una cifra exigua en relación con los profesionales que hoy se desempeñan en el sector. También determinó que habrá un moderador en las conferencias de prensa y que los permisos se entregarán a medios y periodistas según criterios que van desde la audiencia hasta la trayectoria profesional”, planteó FOPEA.

Y añadió que “el requisito de presentar métricas para la obtención de mayores puntajes que permitan la obtención de la acreditación es discriminatorio, lo que atenta contra el pluralismo informativo y reduce los márgenes de difusión de los actos de gobierno. Bajo una tabla de puntajes que simula objetividad se esconde una gran discrecionalidad, puesto que no hay parámetros que fijen cada puntaje sino que quedan a criterio del evaluador. La figura del ‘derecho de admisión’ termina de confirmar esa discrecionalidad encubierta en la medida”.

“FOPEA rechaza esta resolución inconsulta y claramente discriminatoria, y reitera su predisposición a aportar su mirada y la experiencia de los colegas a fin de que se consensúe un mecanismo objetivo, plural y equitativo para las acreditaciones”, concluyó la entidad representativa de periodistas.

Por su parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) expresó su “profunda preocupación por el deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo libre en la Argentina”.

La nueva normativa oficial define dos modalidades de acreditación -anual y eventual- e introduce un Manual de Evaluación Objetiva, que otorga un máximo de 70 puntos y establece un mínimo de 35 para recibir la acreditación en forma de credencial, que deberá ser exhibida obligadamente mientras su titular permanezca en la Rosada.

La autoridad que calificará esa evaluación será la misma Secretaría de Comunicación y Medios -que hoy encabeza el recientemente electo legislador porteño Manuel Adorni-, lo que abre dudas sobre posible discrecionalidad con la que serán otorgadas las acreditaciones.

Otra de las novedades es que se fija un límite físico de acceso de 25 personas en la Sala de Periodistas y de 36 personas en la Sala de Conferencias.

Además, se “autoriza únicamente la circulación transitoria por las áreas comunes que sean estrictamente necesarias e indispensables. La permanencia y circulación en pasillos, oficinas, despachos u otras zonas de la Casa de Gobierno que no estén explícitamente autorizadas a tal fin, se encuentra prohibida”.

La resolución gubernamental establece que el acceso a Casa Rosada estará autorizado en el horario comprendido de lunes a viernes entre las 6:30 y las 21:00 horas, y marca que “los profesionales deberán mantener un trato respetuoso entre sí, con los organizadores y con los conferencistas”.

La norma también señala “que el código de vestimenta” de los periodistas que asistan a las conferencias de prensa “será formal”.

Además, prevé un sistema de faltas graves que puede derivar en la revocación de la acreditación. “En espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar. La falta de cumplimiento a está prohibición importará una falta grave”, dice uno de los “lineamientos y generalidades”, como los denominó el gobierno de Milei.

“Incurrir en dos o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”, advierte.

En cuanto al procedimiento para solicitar las credenciales, hay un párrafo que prevé la modalidad para canales o medios digitales: “Podrán solicitar acreditación eventual profesionales de la comunicación sin vínculo con un medio, en tanto acrediten producción regular y verificable en temas institucionales o vinculados a la labor de comunicación pública”, indica el reglamento.

“Deberán presentar un portfolio de publicaciones, canal o medio digital activo, y cumplir con los requisitos documentales aplicables a su situación conforme el procedimiento aplicable”, añade.

Después establece una “matriz de evaluación objetiva”, de acuerdo a “criterios técnicos y objetivos”, siempre según la letra oficial. Los 70 puntos máximos que se pueden alcanzar se distribuyen de la siguiente manera:

-Alcance numérico (audiencia demostrable en medios o plataformas digitales): 5 puntos.

-Interacción (retención, comentarios): 10 puntos.

-Especialización temática (producción específica sobre política, gobierno o gestión): 15 puntos.

-Cobertura institucional previa (participación en eventos oficiales anteriores): 10 puntos.

-Documentación formal completa (cumplimiento de todos los requisitos administrativos): 10 puntos.

-Trayectoria profesional (experiencia, formación, historial curricular): 10 puntos.

-Compromiso con normas institucionales (firma de DDJJ, cumplimiento previo): 5 puntos.

-Diversidad y pluralismo informativo (medios regionales, independientes, comunitarios): 5 puntos.