La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por la destitución del ex juez de la Corte Moliné O’Connor

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la Argentina “es responsable internacionalmente de violar la independencia judicial”, en el caso de la destitución por juicio político a Eduardo Moliné O’Connor como juez de la Corte Suprema de Justicia, algo que concretó el Senado en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Y determinó que el estado argentino “deberá regularizar el régimen de pensión” del exjuez. Moliné O’Connor murió en 2014, a los 76 años, cuando estaba en trámite su demanda ante la Corte Interamericana.

El tribunal internacional se basó en que Moliné fue removido de su cargo por el contenido de sus sentencias. La decisión de la Corte Interamericana se había tomado hace varias semanas en su sede de Costa Rica y se notificó oficialmente este jueves.

Moliné O’Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos en aquella época, luego de que el gobierno de Néstor Kirchner apuntara contra “los cinco jueces de la mayoría automática” de la Cote Suprema de la época menemista. Los otros tres integrantes -Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López- renunciaron antes.

Moliné O’Connor fue el primero en ir a juicio político en el Senado. Lo acusaban de haber comprometido indebidamente al Estado en el pago al grupo Meller. Tras la suspensión en el tribunal de senadores, el 3 de diciembre del 2003 fue destituido por 45 votos contra 19. Y por primera vez en medio siglo, el Senado destituía a uno de los jueces de la Corte.

Ahora, el tribunal internacional sostiene que varias decisiones adoptadas en aquel juicio político en el Senado “no estuvieron debidamente fundadas” y que los tribunales argentinos -que revisaron los planteos de la defensa de Moliné- no respondieron a los mismos. También la Corte Interamericana consideró que revocarle la pensión vitalicia vulneró sus derechos y que el juicio iniciado por Moliné para reclamar ese beneficio “se demoró sin justificación”.

Ahora ordenó regularizar el régimen de la pensión, publicar la sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, además de costas y gastos. Todo eso llegó tarde, pues el juez, destituido hace 23 años, murió hace 16 años. La Corte Interamericana también dispuso que las autoridades argentinas interpreten el artículo 53 de la Constitución, que regula el juicio político, de acuerdo con la Convención Americana y la jurisprudencia del tribunal.

La sentencia internacional fue firmada por los jueces Rodrigo Mudrovitsch (titular de la Corte Interamericana), Ricardo Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Patricia Pérez Goldeberg, Alberto Borea y Diego Moreno Rodríguez. La jueza argentina Verónica Gómez no participó en el caso.

Y constituye un antecedente importante ya que podría limitar en el futuro otros intentos de juicio político en el Congreso contra jueces de la Corte.