El escándalo por los aumentos de sueldos en un municipio bonaerense llegó a la Suprema Corte: se defiende el intendente

El aumento de sueldos a los municipales de General Alvear, en el interior de la provincia de Buenos Aires, se convirtió en un escándalo político con una ordenanza vetada por el intendente radical, un decreto para pasar por arriba de la decisión del Concejo Deliberante y ahora un caso que tomó la Suprema Corte bonaerense.

En marzo de este año, Ramón “Tito” Capra, intendente de origen radical del municipio bonaerense de General Alvear, acordó un aumento del 10% en cuatro tramos para los 519 empleados municipales, donde están incluidos los doce concejales.

Después de realizar los dos primeros pagos con los incrementos de 2,5% cada uno, llegó el escándalo. Un grupo de nueve concejales, donde hay cinco peronistas, tres de Nuevos Aires y uno de Potencia, doblegaron a los tres radicales y aprobaron una ordenanza que impedía continuar con los aumentos para el intendente, su gabinete y los propios concejales.

La ordenanza de la polémica (N°2685), sancionaron que: “El intendente municipal, los concejales y todos los funcionarios de planta política no alcanzados por la Ley 14656 recibir incremento alguno”. Y, los congelaron hasta octubre.

Pero además, pusieron tope a los cargos en el gabinete: “Fijase en un cuarenta (40) por ciento del sueldo del señor Intendente Municipal los sueldos básicos de los señores Secretarios de Hacienda, de Gobierno, de Salud y de Obras y Serv. Públicos”.

Al contador del municipio, le establecieron el sueldo básico en el 35% del salario del jefe comunal; mientras que al Tesorero y al Jefe de Compras Municipales, en un 30%. En esa ordenanza, limitaron la facultad del Ejecutivo de otorgar bonificaciones. Hoy, el intendente cobra unos $5,2 millones, y los concejales, unos $ 1,7 millones. por mes

“Estoy en la gestión hace ocho años y antes estuve doce como presidente del Concejo. Siempre hemos establecido los aumentos para los empleados municipales de esta manera. Llegué en 2017, tenía 542 empleados y ahora, con más servicios, somos 519”, se defiende “Tito” Capra ante la consulta de Clarín.

El intendente vetó la ordenanza, pero el Concejo Deliberante con mayoría opositora insistió con la medida. Así fue que el jefe comunal recurrió a la Suprema Corte bonaerense. El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires aceptó el recurso por “conflicto de poderes” y como primera medida suspendió la ordenanza que frenaba aumentos.

“Esto no es un cogobierno, me obligaron a ir a la Suprema Corte porque afectaba el salario de los jubilados”, sostiene Capra y remarca que pese a las dificultades “siempre abona los salarios el 28 o 29”, y que también pagará el aguinaldo pese a las dificultades económicas.

En el Partido viven 12.800 habitantes en el interior de la provincia de Buenos Aires, los concejales acusan al jefe comunal de copiarse los argumentos del aumento del municipio vecino de Tapalqué; y remarcan que su ordenanza “sólo estableció una excepción que no desfinancia la economía municipal”.

A la vez, argumentan: “La motivación fue contundente, ante el estado de precariedad de los salarios del personal municipal, ante las cifras exuberantes que cobran los funcionarios municipales, con más los sobresueldos disfrazados de ‘Bonificaciones por cargo y/o función’, el Intendente sigue generando una brecha injusta, llegando a violentar el principio de ‘igual remuneración por igual tarea’ consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

La Suprema Corte resolvió aplicar el artículo 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ordenó la suspensión de las ordenanzas cuestionadas mientras analiza el expediente.

“Corresponde disponer la suspensión de los efectos de las ordenanzas 2.685/26 y 2.687/26 dictadas por el Concejo Deliberante de General Alvear, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto”, sostiene la resolución firmada por los jueces.

De esta manera, el máximo tribunal bonaerense tomo el caso pro “conflicto de poderes”, y ahora el presidente del Concejo Deliberante, el peronista Alberto Alaníz, deberá contestar la demanda y exponer los argumentos por las que aprobaron e insistieron con las ordenanzas de la polémica.