Patricia Ríos defendió el Consejo de la Mujer y apuntó contra el ajuste nacional

La diputada provincial Patricia Ríos, integrante del frente Frente Jujuy Crece, salió con dureza al cruce de las declaraciones del legislador Kevin Ballesty, quien sostuvo que debería cerrarse el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género al considerar que el organismo “no atiende cuestiones de género”.

La legisladora defendió el trabajo que realiza el organismo provincial y alertó sobre el retroceso de derechos conquistados en las últimas décadas a partir del desmantelamiento de políticas públicas a nivel nacional.

“Es la última barrera de contención institucional”

Ríos enumeró las acciones que actualmente lleva adelante el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, entre ellas la prevención y erradicación de violencias por motivos de género, la asistencia integral a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad, la promoción de igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la autonomía económica femenina.

También destacó la implementación de capacitaciones mediante la Ley Micaela, el trabajo articulado con municipios y el funcionamiento de equipos interdisciplinarios que brindan asistencia psicológica, social y legal en situaciones de violencia extrema.

“Frente al desmantelamiento nacional, el Consejo Provincial es la última barrera de contención institucional para miles de jujeñas”, sostuvo.

Críticas al Gobierno nacional

En otro tramo de sus declaraciones, la diputada vinculó el debate provincial con las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei en materia de género y diversidad.

Ríos recordó que, a pocos días de asumir, el Ejecutivo nacional degradó el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a subsecretaría mediante el Decreto 86/2023 y posteriormente avanzó con su eliminación definitiva.

Además, cuestionó el cierre y vaciamiento de programas nacionales como Producir, Igualar, Generar, Sembrar Igualdad y las Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”.

La legisladora también señaló el fuerte recorte del programa Acompañar, destinado a mujeres en situación de violencia de género, y advirtió sobre la reducción presupuestaria de la Línea 144, servicio de atención que recibe cientos de consultas diarias.

“Que un dispositivo tenga deficiencias justifica reformarlo, no eliminarlo. Cerrar lo que no funciona perfectamente y no dejar nada en su lugar no es gestión: es abandono”, afirmó.

Datos alarmantes y obligaciones legales

La diputada sostuvo además que el contexto actual refleja un retroceso en derechos vinculados a la igualdad de género, participación política, derechos sexuales y reproductivos, igualdad salarial y reconocimiento de tareas de cuidado.

En ese sentido, recordó que en Argentina ocurre un femicidio cada 33 horas, según registros de organizaciones como MuMaLá y La Casa del Encuentro.

Ríos también afirmó que el desmantelamiento de políticas públicas implica un incumplimiento legal por parte del Estado nacional, ya que la Ley 26.485 obliga al Poder Ejecutivo a contar con un organismo rector en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, mencionó las observaciones realizadas este año por el comité CEDAW, que expresó preocupación por la reducción presupuestaria y la eliminación de organismos y programas vinculados a políticas de género en Argentina.

Finalmente, la legisladora jujeña aseguró que el planteo impulsado por Ballesty “pretende convalidar una situación donde el Estado argentino incumple leyes nacionales y tratados internacionales con rango constitucional”.