El Gobierno elimina el capítulo de un proyecto de ley que abría paso al desalojo en los barrios populares

Tras las críticas de la Iglesia católica, el gobierno nacional decidió quitar de un proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” recientemente ingresado al Congreso el capítulo que elimina la suspensión de los desalojos en todos los casos, acelera la restitución de viviendas y terrenos, estableciendo un juicio sumarísimo que permite expulsar rápidamente a quienes no paguen el alquiler, vivan en una casa tomada u ocupen un terreno.

El gobierno tomó la decisión -según pudo saber Clarín- tras comprobar que no tenía los votos en el Senado como para avanzar con el proyecto por la resistencia que provocaba ese capítulo no solo en los legisladores de la oposición tradicionalmente más dura, sino entre los que eventualmente acompañan iniciativas legales del oficialismo. Y porque la Casa Rosada quiere que se apruebe el resto del proyecto.

La iniciativa legal -que tiene como mentor al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger– había generado gran preocupación en la Iglesia católica -pero también en ONGs como Techo- porque lo consideraban un intento en ciernes para erradicar las villas en todo el país, frenando la actual instrumentación del “Régimen de regularización dominical para la integración socio urbana”.

Ese régimen fue creado por la ley 27.453, aprobada por unanimidad en 2018 y con cambios votados casi por unanimidad en 2022, que declara de interés público la integración urbana, suspende los desalojos y facilita la expropiación para avanzar en la instalación de servicios básicos como cloacas y red eléctrica y la concesión de títulos de propiedad a familias vulnerables.

La ley estuvo precedida por un relevamiento de los barrios populares en todo el país que arrojó un total de 6467 con más de cinco millones de habitantes y la creación de un Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En la Iglesia destacan que la gran mayoría se conformaron hace más de 20 años y son consecuencia del déficit estructural de acceso a la tierra y la vivienda.

“No estamos aquí en presencia de una usurpación actual manejada por una mafia, ni ante el riesgo de que a un particular le vayan a ocupar la casa o un terreno, sino de una realidad extendida de larga data que incluso abarca a tierras fiscales y constituye un problema social de magnitud cuyo modo de afrontarlo generó un extraordinario consenso”, decían en la Iglesia.

Un dossier eclesiástico consignaba que la ley “revirtió situaciones históricas de marginación habitacional y generó resultados concretos a nivel país: 868.991 certificados de vivienda familiar -13.038 entregados en el actual gobierno-. Además, dio paso a obras de integración socio urbana en las 23 provincias y CABA a través de la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)”.

Advertía que “la eliminación de la suspensión de desalojos rompe las condiciones mínimas de estabilidad necesarias para cualquier proceso de regularización dominical” y enfatiza que, en cambio, “la existencia de la norma actual garantiza condiciones mínimas de estabilidad en la tenencia y evita desplazamientos masivos de familias”.

La eliminación de la suspensión de los desalojos que estaba en el capítulo del proyecto ahora dejado de lado se sumaba la parálisis de las obras que abarcaron más de 1200 proyectos, servicios en 24 mil lotes y 250 mil mejoras habitacionales, y el consiguiente desmantelamiento de la subsecretaría de Integración Socio Urbana, producto de la ley.

Las obras eran financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), producto de un porcentaje del impuesto PAIS -aún queda parte del dinero- que no fue reemplazado por otro impuesto cuando ese fue eliminado por el actual gobierno, ni puestas en el presupuesto nacional, abandonando el Estado esa transformación social.

El gobierno argumentó que en la presidencia de Alberto Fernández, cuando el área estaba a cargo de Fernanda Miño, muy cercana a Juan Grabois, se hacía un uso político de las obras, que además, eran fuente de corrupción. En la Iglesia dicen que el Estado tiene la obligación de investigar, pero no debe clausurar una buena iniciativa.

Mencionan, incluso, que el FISU venía siendo auditado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Sindicatura General de la Nación y la UCA. A la vez que recuerdan que Sebastián Pareja -de máxima confianza de Karina Milei-, que fue inicialmente el sucesor de Miño, admitió que se estaba haciendo un buen trabajo.

Al exponer días pasados en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, el presidente de Cáritas Argentina, que es el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, dijo que la ley actual “no va contra la propiedad privada, sino a favor de que todos tengan su casa”.

Tras preguntarse “dónde vamos a poner a cinco millones de personas, más de la mitad menores, si son desalojados”, subrayó que “el Estado tiene la obligación de cuidar a los más débiles”, pero también puede darles la posibilidad de que sean protagonistas de su desarrollo participando del proceso.