El recurso extraordinario del Gobierno por las universidades llega a la Corte Suprema: ¿una victoria pírrica?

El Gobierno comunicó como un éxito el fallo judicial en plena cuenta regresiva de la nueva marcha federal de las universidades. El ministerio de Capital Humano celebró la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que avaló la presentación de un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema defina sobre la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario que el Ejecutivo incumple y que pone en jaque el funcionamiento de las universidades.

El entusiasmo oficial puede diluirse si la Corte rechaza el pedido oficial, como acaba de hacer con el per saltum que el Gobierno había presentado para blindar la reforma laboral.

En la presentación del recurso ante la Corte, la procuración reclamó a los supremos que convocaran conjueces y se excusaran, porque Horacio Rosatti, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti son profesores universitarios y podrían ser parciales.

La Cámara ya había suspendido la ejecución de la ley después de que un fallo en segunda instancia avalara el reclamo de las 56 universidades nacionales nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional.

“La llamada ley de financiamiento universitario, impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA. Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema “, escribió en X Alejandro “Galleguito” Alvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias de Capital Humano. La ministra Sandra Pettovello replicó el posteo.

El funcionario había acusado a las universidades de extorsionar al Gobierno y argumentó que el Gobierno había girado los fondos asignados en el Presupuesto a los seis hospitales universitarios de la UBA, aunque luego reconoció por nota que existe un fondo de $75 mil millones que corresponde a todas las universidades -incluida la UBA- y debe ser girado.

En rigor, el Gobierno se aseguró una protección legal para no girar $ 2.5 billones a los que lo obliga la ley sancionada en 2025 y que el Congreso ratificó tras los vetos presidenciales. En la UBA calificaron la posición del Gobierno como “una tautología”, puesto que nunca pagó.

Javier Milei intentó derogar la norma en el Presupuesto, pero no pudo y ante la presión judicial no le quedó más remedio que reglamentar la norma, aunque nunca ejecutó los pagos.

Los rectores ya habían asimilado que la Cámara daría lugar al pedido oficial. Sin embargo, aguardan un resultado favorable tanto en materia política como en la estrategia legal.

“Es tan solo un paso más del proceso judicial. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplir y aplicar la ley consagrada por el Congreso. Y nuestra expectativa es que tanto el camino judicial como el acompañamiento de la sociedad argentina, nos permitirán encontrar respuestas para los problemas graves que la universidad pública atraviesa. Por eso el 12 de mayo, en todo el país, volvemos a manifestarnos en defensa de la universidad pública y no dudamos que la sociedad toda lo hará con una contundencia que será histórica.”, sostuvo el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, titular del CIN, ante la consulta de Clarín.

Lo mismo había repetido en una conferencia de prensa el miércoles, junto a los gremios docentes y no docentes, en los que graficó que las universidades perdieron el 45,6 de sus ingresos desde que asumió la actual administración nacional.

Delegados del Gobierno habían negociado con académicos a principios de año una nueva ley con menor impacto fiscal. El oficialismo decidió no impulsar la ley, dividido por su propia interna, primero; y sin iniciativa por la suerte del jefe de Gabinete, que también fue denunciado por la UBA por el incumplimiento de la norma.

Para los docentes y los gremios la decisión de la Cámara significó más combustible de cara a una nueva marcha interuniversitaria el próximo jueves 12 de mayo, en una manifestación que se avizora como multitudinaria y con un gobierno en medio de una crisis política.

“En un fallo, totalmente excepcional, la Cámara Contencioso Adm. aceptó el Recurso Extraordinario Federal solicitado por el PEN y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. DEBEMOS HACER SENTIR NUESTRA BRONCA COLECTIVA EL 12 DE MAYO. No habrá normalidad educativa en las universidades nacionales hasta que MILEI CUMPLA LA LEY”, consignaron en redes desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur.