El gobierno de Tierra del Fuego denunció a Navitas Petroleum ante el regulador de Israel: dice que ocultó riesgos legales y geopolíticos en Malvinas

El Gobierno de Tierra del Fuego, que encabeza Gustavo Melella, presentó una denuncia formal ante la Israel Securities Authority (ISA) contra la empresa Navitas Petroleum, por presuntas violaciones a la legislación de mercado de capitales vinculadas al proyecto hidrocarburífero denominado “Sea Lion”, en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

La ISA es el organismo estatal que supervisa y regula el mercado de valores en Israel, algo así como la Comisión Nacional de Valores de Argentina o la SEC en Estados Unidos. Está destinada a proteger a los inversores y garantizar la transparencia de las empresas que cotizan o buscan financiamiento en el mercado a través de distintos mecanismos.

Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration PLCa anunciaron el año pasado que, a partir de 2028, comenzarán a extraer petróleo y buscan ampliar sus exploraciones en las aguas del archipiélago cuya soberanía reclama la Argentina.

Es un anuncio muy grave para el Gobierno de Javier Milei y su Cancillería, porque Navitas es de Israel, su principal aliado, pero sobre todo para la Argentina es un acontecimiento histórico que, pese a su reclamo de soberanía sobre las tres islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes, exploten por primera vez en la historia hidrocarburos y conviertan a la zona en una inmensa cuenca petrolera.

La denuncia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur —provincia que, por la Constitución Nacional, posee jurídicamente las Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur, administradas de hecho por el Reino Unido— contiene un texto que sostiene que Navitas habría brindado información engañosa o incompleta a sus inversores respecto del verdadero alcance del riesgo jurídico, diplomático y geopolítico que enfrenta el proyecto, desarrollado sin autorización de la República Argentina en un área sometida a una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

En particular, desde la Provincia advirtieron que directivos de la compañía habrían minimizado ante el mercado la posición del Gobierno argentino, pese a que la Cancillería había rechazado formalmente la decisión final de inversión anunciada por Navitas y Rockhopper, calificando sus actividades como ilegales y recordando que cualquier participación directa o indirecta en operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en el área constituye un acto ilícito conforme al derecho argentino e internacional.

La denuncia solicita que la autoridad israelí investigue “si Navitas omitió informar de manera inmediata hechos relevantes para sus inversores, entre ellos el rechazo oficial argentino al proyecto, las sanciones ya aplicadas contra la empresa y las declaraciones del Presidente de la Nación del 2 de abril de 2026, en las que se anunció la adopción de medidas diplomáticas frente a actividades unilaterales e ilegítimas sobre recursos pertenecientes al pueblo argentino”.

Desde el Gobierno fueguino señalaron que el caso no se limita a una controversia empresarial, sino que involucra la protección de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, todos ellos parte integrante del territorio provincial conforme a la legislación nacional vigente.

“Navitas no sólo opera ilegalmente; además debe explicar ante sus propios inversores si informó con claridad los riesgos jurídicos, penales, financieros y diplomáticos que implica avanzar sobre recursos naturales argentinos sin autorización”, afirmó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales, Andrés Dachary.

La presentación también remarca que la actividad de Navitas se desarrolla en contradicción con el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, en particular con las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llaman a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación permanezca pendiente.

“La Provincia va a utilizar todas las herramientas institucionales, jurídicas y diplomáticas disponibles para impedir que empresas extranjeras pretendan explotar ilegalmente recursos naturales argentinos en Malvinas. La ilegalidad no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión”, agregó Dachary.

El Gobierno de Javier Milei ha protestado formalmente, pero no actuó judicialmente. El gobierno de Israel se desentendió del tema, al argumentar que se trata de una inversión privada. Pero, al mismo tiempo, siempre sostuvo que la provincia no tiene la facultad federal para realizar este tipo de intervenciones, que corresponden al Estado nacional. Sin embargo, como Melella es opositor, no le atienden el teléfono y consideran que sus acciones son para “la tribuna interna”. Es a la inversa de lo que sostiene la oposición con la política malvinera de la administración libertaria. Y así, siguen sin estrategia en común.

Israel ha mantenido una posición de prudencia y limitada intervención respecto de la cuestión de las Islas Malvinas, sin expresar un respaldo explícito a las partes en la disputa de soberanía. “En ese marco, se confía en que sus autoridades regulatorias actuarán conforme a los principios del derecho internacional y a los estándares de transparencia y debida información al mercado”.

El yacimiento de Sea Lion que Navitas y Rockopper van a explotar desde 2028, tiene, según el mercado hasta 800–900 millones de barriles de petróleo. Busca una alternativa al mercado del Mar del Norte. En las primeras fases aprobadas apuntan a más de 300 millones de barriles recuperables, con 50.000 barriles diarios. La inversión inicial fue de entre U$S 1.800 y 2.100 millones. Pero vana avanzar en otro yacimiento.

Expertos que conversaron con Clarín señalaron que el verdadero test que debería atravesar Milei es cómo detener la explotación de petróleo anunciada para 2028 por Navitas, en sociedad con la británica Rockhopper. “Será una bofetada para la Argentina”, advirtieron.

Esos especialistas sostuvieron que el Gobierno nacional podría aplicar a Navitas y Rockhopper, si tuviera la voluntad de hacerlo, una estrategia similar a la utilizada para recuperar la ARA Libertad, retenida en Ghana por fondos de inversión que reclamaban por la deuda externa.

La recuperación de la ARA Libertad fue un caso sofisticado de derecho internacional, llevado a cabo por la embajadora Susana Ruiz Cerutti y el jurista Marcelo Kohen. Se apoyó en un principio clave: la inmunidad soberana de los buques de guerra.

Con las diferencias del caso, varias fuentes diplomáticas consideraron que la Argentina podría llevar la cuestión del petróleo en Malvinas como un conflicto de soberanía sobre una plataforma continental en disputa ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Allí obtuvo una medida provisional clave para liberar la fragata, y algunos creen que podría buscarse una cautelar similar para desalentar la inversión privada en el área.

Ello tensaría aún más la relación con el Reino Unido. Pero también con Israel, país aliado de Milei, cuyo gobierno ha intentado tomar distancia de las actividades de Navitas —consideradas ilegales por la Argentina— al sostener que se trata de un asunto entre privados y no estatal.