Citaron a indagatoria a la exministra Carla Vizzotti y al empresario Hugo Sigman por el retraso en comprar vacunas contra el Coronavirus

El juez federal Ariel Lijo citó a Carla Vizzotti, exministra de Salud, a la ex asesora presidencial durante la presidencia de Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, al empresario Hugo Sigman y al médico infectólogo, Pedro Cahn, entre otros ejecutivos, a prestar declaración indagatoria. Están acusados por demorar la compra de vacunas contra el Coronavirus a los Estados Unidos en 2020 y, supuestamente, favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis contra el virus.

La medida fue requerida por el fiscal Carlos Stornelli, y ordenada por el juez Lijo, para quien, el requerimiento de instrucción desnudó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses”, que tuvo lugar durante la Pandemia del Coronavirus.

Para Stornelli, Vizzotti, exministra de Salud, un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública, según consta en el dictamen al que accedió Clarín.

Vizzotti fue citada a indagatoria el 2 de junio. Por su parte, Nicolini deberá presentarse el 16 de junio y Sigman y Cahn, para el 19 y 26 de mayo respectivamente. Las otras 11 personas lo harán entre mayo y septiembre.

Para la fiscalía, el Estado Nacional demoró de manera deliberada la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer, con el objetivo de favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios -con conexiones en el país- en la Argentina. “Habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, expresa el dictamen.

Asimismo, el fiscal remarcó que el laboratorio Pfizer ofreció un suministro de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis, en agosto de 2020, en los primeros meses de la Pandemia del Coronavirus. No obstante, el Estado Nacional dejó de lado la propuesta y avanzó con las contrataciones de vacunas: Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca.

El dictamen señaló que las demoras en la decisión de adquirir las dosis de Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

Stornelli dijo que Pfizer advirtió al Estado Nacional que la dilación en firmar el contrato produjo que el país perdiera el cupo que tenía reservado. Por su parte, los funcionarios del Ministerio de Salud, con Vizzotti a la cabeza, adujeron escollos legales conexos con la Ley N°26.944 de Responsabilidad del Estado. Por esto, para el fiscal, la cartera de Vizzotti le exigió a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas.

“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló Stornelli.

Este accionar de los funcionarios intervinientes “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”. Además, para el fiscal “habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.

En la misma línea, Stornelli hizo hincapié en las consecuencias fatales, producto de esa dilación y posterior toma de decisiones, ya que “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

Hay que recordar que los expedientes relacionados con las vacunas de Pfizer fueron trabajados “de forma desordenada” y puestos como secretos (ocultados) en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Esto produjo que estuvieran paralizados, en algunos casos por meses, sin justificación, por parte de los funcionarios involucrados.

El fiscal entendió que los actores intervinientes estuvieron “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”. Y, para Stornelli, el factor común, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.