Una empresa investigada por el espionaje a jueces en la época K aparece en la filtración masiva de datos en la Dark Web

La filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos en la llamada Dark Web, que se reflotó esta viernes, volvió a poner en el radar la investigación sobre la empresa SudamericaData. Se trata de la empresa utilizada por agentes inorgánicos de la SIDE para espiar a jueces, políticos, periodistas y artistas a partir de 2023 y que avanza a paso lento en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Esa filtración de datos privados podría ser el más grande de la historia de este tipo en el país e incluiría información de Anses, ARCA, registros de propiedad inmueble y automotor y compañías telefónicas,

Se trata de la causa por la que estuvo detenido el policía retirado y ex “pluma” de la Policía Federal Ariel Zanchetta, señalado como un inorgánico de la SIDE y de la AFI, quien buceó en los registros de SudamericaData los datos de más de dos mil jueces, funcionarios, dirigentes, artistas y periodistas que se convirtieron en “blancos” de sus actividades, según dictaminó el fiscal Gerardo Pollicita.

La sospecha, dijo el fiscal, es que esa base obtiene “datos que provienen de fuentes desconocidas” y no de fuentes públicas, como permite la ley.

En noviembre de 2023, el juez Martínez De Giorgi ordenó clausurar la página SudamericaData e impedir la consulta de sus usuarios. Según la resolución, los responsables de SUDAMERICADATA GROUP SRL “no respondieron correctamente los requerimientos formulados en esta causa, ocultaron y alteraron datos obrantes en su poder” sobre las consultas que hizo el propio Zanchetta. Se trata de una empresa que, en teoría, sería sobre antecedentes financieros y societarios de carácter público.

Además, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en cuya órbita funciona el Registro Nacional de Bases de Datos, informó que esa firma no se encuentra inscripta. Es decir: agentes de fuerzas de seguridad buscaban información en páginas que no funcionaban bajo la ley. Sudamericana estaba contratada por la Policía Federal.

Además, el juez hizo un peritaje sobre los servidores secuestrados a la empresa y de los que se pudieron abrir resultó que “no había bases de datos” y que los servidores “se nutrían de fuentes públicas”.

La firma fue fundada a finales de 2020 por Mario Fernando Ares, de profesión ingeniero y ex funcionario de la AFIP. La firma ofrecía a sus clientes una cantidad de información privada de las personas buscadas: número de celular particular, correo electrónico privado, monto exacto de ingresos salariales, ‘bienes personales” de los “objetivos”, como decía Zanchetta, (incluyendo inmuebles a su nombre) o datos provenientes se supone de la exAFIP.

Con la clausura la empresa habría seguido operando bajo otro nombre, Work Management. De allí es que, según indica la publicación de la Dark Web que incluye 1 TB de información confidencial, salieron los datos que ahora amenazan con convertirse en una filtración masiva de datos.

A Zanchetta, las pruebas lo vinculan con haber pedido informes en la base SudamericaData de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky el 8 de septiembre de 2022, el mismo día en que Borinsky perdió el control de su línea. Y que, también, entraron al teléfono del juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los magistrados que llevó adelante el juicio oral contra Cristina Kirchner que terminó con la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad.

Pero además, Zanchetta pidió informes sobre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Horas después, su nombre apareció un diario K sobre su presencia en una reunión, publicación que sirvió luego –junto a la filtración de supuestos chats- para que el kirchnerismo pidiera juicio político de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, Rosatti –que en las llegó a decir que debe ser la persona “más espiada” del país- también denunció que le fabricaron líneas telefónicas a su nombre, bajo la sospecha de que podían utilizarlas para cometer delitos.

En esa investigación, Zanchetta se justificó diciendo que actuaba como periodista. Pero en su teléfono se encontraron diálogos con el diputado K y ex director de Contrainteligencia de la SIDE Rodolfo Tailhade y con el ex funcionario de La Cámpora Néstor “Conu” Rodríguez, quien ocupó un alto cargo jerárquico en la AFIP hasta el final del gobierno de Alberto Fernández y terminó imputado.

Según un diálogo de Telegram encontrado, en foto, en el celular de Zanchetta, “Conu” Rodríguez le encargó una operación política en medios K contra la entonces ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, hoy diputada y enfrentada con La Cámpora.

La policía fue a sus oficinas de la AFIP para secuestrarle su teléfono al “Conu”, pero no lo encontraron. En su dictamen, Pollicita señaló que, por los registros de las antenas, “Conu” Rodríguez se encontraba en el edificio ubicado frente a Plaza de Mayo. Días después “Conu” se presentó con abogados en tribunales para entregar su celular.

La apertura de los celulares y otros equipos del Conu tuvo un fuerte debate en la causa. Finalmente, “se abrieron con presencia de la defensa, la querella y el fiscal y ahora se está analizando su contenido”, informaron fuentes judiciales.

El juez Martínez de Giorgi espera “recibir en febrero el resultado del peritaje y luego decidir la situación procesal” del dirigente de La Cámpora.

En los celulares de Zanchetta se encontró un informe de su propia autoría –entre otros mil- en la que dice que fue parte de un “grupo de tareas” de la SIDE K bajo el mando del suboficial del Ejército Conrado Pereyra.

El rol de Pereyra está confirmado en el informe que el fiscal Eduardo Taiano, que investiga el crimen de Alberto Nisman, difundió en enero pasado al hacer un balance de 10 años de investigaciones sobre el caso del ex fiscal de la AMIA.

Al hacerse la profundización del análisis de las comunicaciones mantenidas el domingo 18 de enero de 2015 desde horas tempranas hasta que se supiera (a medianoche) que Nisman estaba muerto “se logró detectar una trama de contactos entre miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (y su antecesora la Secretaría de Inteligencia), la Policía de la provincia de Buenos Aires, su Ministro de Seguridad y el Ejército Argentino, entre otros”. El mes pasado, Taiano y su segundo, Herman Kleiman, empezaron a tomar testimoniales a 300 espías del Ejército pero no a Pereya y su jefe del ex comandante del Ejército, César Milani, porque podría imputarlos en función del resultado de esas testimoniales.

La causa del espionaje a jueces en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi –que cambió de fiscal a manos de Carlos Stornelli- sigue en trámite y a la espera de novedades en los próximos meses, según fuentes judiciales.