Una condenada por un fraude millonario al Estado denunció a un histórico dirigente del PJ

La causa por las compensaciones impositivas fraudulentas dentro de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), que investigó maniobras de corrupción realizadas durante una década, abrió un nuevo frente judicial. Una de las ex funcionarias condenadas por el fraude denunció penalmente al ex titular del organismo Marcelo Casaretto y a cinco integrantes de la conducción que lo acompañaron durante su gestión.

La presentación fue realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, ex jefa del Departamento Despacho de ATER, quien el 21 de agosto pasado admitió su responsabilidad en los hechos y fue condenada en un juicio abreviado. Ahora, la ex funcionaria sostiene que las operaciones por las que fue responsabilizada no podrían haberse realizado sin conocimiento y autorización de los niveles superiores del organismo. La denuncia está en manos del Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos Gonzalo Badano.

Además de Casaretto -dirigente del PJ provincial y ex diputado nacional-, la denuncia alcanza a Damián Alcides Zoff, ex director de Impuestos; César Del Castillo, ex director de Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, ex director de Informática; Federico Borra, ex director Jurídico; y Manuel Valiero, ex director de Interior.

El planteo de Martínez de Yankelevich introduce así un nuevo interrogante en un expediente que hasta ahora había concentrado las responsabilidades penales en quienes intervinieron directamente en la instrumentación de las operaciones fraudulentas.

La investigación reconstruyó un mecanismo mediante el cual se incorporaba información falsa al sistema tributario provincial para generar créditos fiscales inexistentes a favor de determinados contribuyentes. Esos saldos ficticios permitían posteriormente compensar y cancelar obligaciones impositivas reales, aunque el dinero correspondiente nunca ingresaba al Estado entrerriano.

Las maniobras investigadas abarcaron el período comprendido entre 2004 y 2014 y quedaron distribuidas en tres grandes expedientes. El perjuicio calculado fue de unos $8 millones para las operaciones realizadas entre 2004 y 2007; otros $20 millones entre 2008 y 2011; y más de $18 millones correspondientes al período 2012-2014.

Se trata de aproximadamente $46 millones a valores nominales de aquellos años. Si se realiza una actualización estimativa mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), diferenciando cada uno de los períodos, la cifra rondaría actualmente los $14.700 millones, equivalentes a unos US$9,7 millones al tipo de cambio mayorista de agosto de 2026.

La investigación judicial se inició en junio de 2014. Con el avance de la pesquisa se incorporaron operaciones correspondientes a años anteriores y la investigación terminó retrocediendo hasta 2004.

En diciembre de 2017 se definió la situación procesal de 180 imputados. Casi nueve años después, el 21 de agosto de 2026, el vocal Alejandro Diego Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, dictó sentencia mediante un procedimiento de juicio abreviado. Entre los condenados quedaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

Fue después de esa sentencia cuando la ex jefa de Despacho decidió avanzar contra quienes ocupaban los principales cargos de conducción del organismo.

Casaretto se defendió públicamente tras esta nueva denuncia penal que lo menciona. Sostuvo que fue él quien descubrió y denunció en 2014 la maniobra de compensaciones fraudulentas en ATER. También afirmó que las acusaciones en su contra ya habían sido descartadas por la Justicia y que durante su gestión se recuperó “todo el dinero” defraudado.

En su presentación, Martínez de Yankelevich no desconoce la responsabilidad que ella misma admitió ante la Justicia, pero asegura que la operatoria excedía ampliamente sus posibilidades de actuación. Afirma que “jamás” podría haber realizado las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Casaretto y de las máximas autoridades de ATER.

La denunciante sostiene además que los directores conocían los mecanismos mediante los cuales se modificaba la información de los contribuyentes y tenían intervención en el circuito administrativo por el que expedientes y resoluciones llegaban hasta quienes finalmente cargaban las operaciones en el sistema.

Uno de los puntos que pide investigar se remonta a 2012. Según su versión, un auditor y el entonces director de Interior habrían advertido a Casaretto acerca de movimientos detectados en las cuentas corrientes de determinados contribuyentes. Martínez de Yankelevich asegura que el entonces director ejecutivo hizo “caso omiso” de ese aviso.

También sostiene que Casaretto y los integrantes de su conducción disponían de claves informáticas con niveles de autorización superiores que permitían realizar movimientos sobre las cuentas de los contribuyentes y efectuar compensaciones. En respaldo de esa hipótesis menciona una pericia informática que, según afirma, habría expuesto vulnerabilidades en el sistema utilizado por el organismo.

La ex funcionaria solicitó, además, que la Justicia investigue su propia evolución patrimonial y la de Gaggión, Casaretto y los otros cinco ex directores. También pidió ser citada para ratificar la denuncia, ampliar sus dichos y precisar cuál habría sido, según su versión, la participación de cada uno.

La presentación deberá atravesar ahora una nueva instancia judicial para establecer si existen elementos que permitan abrir una investigación sobre los ex funcionarios señalados.

Casaretto, contador público y dirigente del peronismo entrerriano, desarrolló buena parte de su carrera dentro del Estado. Comenzó en 1993 como director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación y posteriormente ocupó distintos cargos provinciales. Fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Entre Ríos durante la gobernación de Jorge Busti, senador provincial y asesor de la Gobernación y la Vicegobernación.

Entre 2011 y 2015, durante la segunda gobernación de Sergio Urribarri, estuvo al frente de ATER, período que coincide con una parte de las operaciones fraudulentas investigadas. Luego fue asesor durante la gestión de Gustavo Bordet, presidió el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, ocupó una banca como diputado nacional por el Frente de Todos.