Un policía mató a un perro y ahora deberá pagar 500 mil dólares como indemnización: “Teddy no merecía esto”
La ciudad de Sturgeon, en Misuri, Estados Unidos, y uno de sus policías llegaron a un acuerdo de 500.000 dólares en indemnización con el dueño de Teddy, un perro Shih Tzu de seis kilogramos, ciego y sordo, que murió tras recibir un disparo por parte del oficial.
El hecho que llevó a la demanda judicial ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando una vecina encontró a Teddy en su patio trasero tras escaparse de su casa. La vecina llamó a la policía local, que en Sturgeon también se encarga del control animal.
La grabación de la cámara corporal del oficial Myron Woodson muestra que intentó, durante alrededor de tres minutos, asegurar al animal con una pértiga -soga- de captura. Sin embargo, el agente le disparó a Teddy a corta distancia.
El perro, de tamaño pequeño y con discapacidad sensorial, no representaba una amenaza para el oficial ni para terceros, según detalló el Fondo de Defensa Legal Animal (ALDF), organización financió parcialmente el litigio mediante una subvención.
El caso que conmocionó a Sturgeon y desató un debate nacional sobre el uso de la fuerza policial contra animales
La demanda federal se presentó en mayo de 2024 en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Misuri. Los abogados Daniel J. Kolde y Eric C. Crinnian representaron a Nicholas Hunter, dueño de Teddy, y reclamaron más de un millón de dólares por una presunta violación de derechos bajo la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos.
Según detalló ALDF, en agosto de 2025 se presentó una moción de juicio de sumario que incorporó declaraciones de testigos, entre ellos Hunter; el agente que efectuó el disparo; y representantes de la ciudad, incluidos el sargento Thomas Crawford y abogados municipales.
Los documentos de la demanda subrayaron deficiencias administrativas: la ordenanza municipal encomienda a la policía las tareas de control animal y la ciudad suministró una pértiga de captura y firmó un convenio con el condado de Boone para apoyo limitado.
Sin embargo, Sturgeon no informó ni capacitó al oficial sobre el convenio, ni le enseñó a usar el equipo provisto, según la demanda. Además, la ciudad habría omitido supervisar y sancionar al agente pese a que acumuló quejas ciudadanas por conductas previas.
De acuerdo con el expediente judicial, tras el incidente, autoridades municipales publicaron en Facebook versiones favorables al oficial —incluida una afirmación de posible rabia— pese a no haber revisado la grabación de la cámara corporal.
Posteriormente, la municipalidad le abonó 16.000 dólares a Woodson y difundió un comunicado en el que lo exoneró administrativamente. La semana pasada se informó que Woodson afronta cargos penales por allanamiento en su actual labor como notificador de procesos.
“El señor Hunter siente alivio porque este asunto concluyó, pero nada podrá devolverle a Teddy. Teddy era un buen perro que no merecía esto. Esperamos que otros departamentos aprendan de este caso y formen mejor a sus oficiales en el futuro para que eventos como este no vuelvan a ocurrir”, manifestaron los abogados Kolde y Crinnian en el expediente.
Chris Green, director ejecutivo del ALDF, calificó el acuerdo como “histórico” y subrayó el componente disuasorio del monto: “Estas tragedias horrendas son completamente innecesarias y prevenibles con una formación simple y adecuada. Espero que este monto de medio millón de dólares envíe un mensaje a otros departamentos de policía: si sus agentes dañan inútilmente a un animal, ustedes pagarán”, afirmó.
Jim Crosby, teniente retirado autor del curso Law Enforcement Dog Encounter Training aprobado por el Departamento de Justicia de EE. UU., afirmó que la suma del acuerdo refleja “la importancia que reconocemos de que las mascotas forman parte de las familias” y remarcó la necesidad de que los departamentos actualicen políticas y prácticas para tenerlo en cuenta.
En un comunicado publicado en su web, ALDF explicó que el caso de Teddy se inscribe en un debate nacional sobre interacciones policiales con animales. El Departamento de Justicia estimó que hasta 10.000 perros son abatidos por oficiales cada año, según documentos citados por el ALDF.
La organización recordó sus iniciativas previas: en 2015 ayudó a impulsar una ley en Texas que estableció formación obligatoria para encuentros con animales y consiguió una reducción superior al 90 por ciento en disparos policiales a perros; en 2016 apoyó el documental Of Dogs And Men; y en 2020 colaboró en una resolución de la American Bar Association que recomienda formación integral para fuerzas del orden.
Fuente: www.clarin.com
