Tuberculosis, extorsiones y tráfico de drogas: cómo es la peligrosa cárcel de Perú donde está preso Pequeño J

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, cayó en su país, pidió no ser extraditado y el destino le respondió con crueldad: lo enviaron al penal Cantera de Cañete, ubicado a 170 kilómetros de Lima, Perú, en el distrito de Nueva Imperial. Hasta que se resuelva el pedido de extradición, permanecerá allí en un entorno donde reina la violencia, el hacinamiento y la salud es un lujo inalcanzable.

El joven peruano cruzó la frontera escapando de la Justicia argentina, pero terminó detenido en una de las cárceles más peligrosas de su país. Tiene 20 años y lo acusan de haber sido el cerebro detrás de los crímenes de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El viernes 3 de octubre, un juez de Perú ordenó su detención preventiva por nueve meses en el penal de Cañete. Un lugar pensado para poco más de mil presos (1.024), pero en el que hoy conviven entre sus muros 3.888, según un informe de la población penal de Perú actualizado a septiembre. Más que una cárcel, es un verdadero infierno carcelario, con un hacinamiento que supera el 260%.

Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia peruana y experta en cárceles, explicó a Clarín que la forma en que se mide esa capacidad es engañosa porque se contabiliza cada cama como una unidad de albergue, cuando en realidad ese concepto debería abarcar mucho más, como el espacio vital, el acceso a servicios y las condiciones básicas de habitabilidad.

Lo cierto es que en el penal de Cañete, el número de camas aumentó en los últimos años, sin que eso implique una mejora real en la infraestructura. “Hay habitaciones en las que se han colocado camas al medio, tarimas al medio… eran camas dobles y se agrega una más en el centro para sacarlos del piso”, describió Pérez Tello. Esa práctica, pensada para sacar a los detenidos del suelo termina profundizando el amontonamiento.

Las consecuencias son graves. Una de las más preocupantes es la propagación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. La ex ministra de Justicia explicó que en su momento las cárceles llegaron a concentrar hasta el 5% de los casos de tuberculosis de todo el país. Un escenario crítico que se agrava por la falta de espacio, la mala ventilación y la precariedad en los servicios médicos.

Pero la superpoblación no es el único infierno que enfrentan quienes están tras las rejas en el penal Cantera. En 2024, una serie de denuncias expuso que internos de Cañete eran extorsionados por otros reclusos a cambio de no ser atacados.

Los familiares contaron a medios peruanos que los hacían pagar entre 50, 80 y hasta 100 soles (de 15 a 30 dólares) por semana como “cuota de protección”, y que quienes no pagaban eran brutalmente golpeados. Incluso salieron a la luz videos en los que se ve a presos empaquetando droga dentro del penal. Paradójicamente, Pequeño J está acusado de ser parte de una banda narco.

Pérez Tello afirmó que los números oficiales muchas veces maquillan la agobiante situación que se vive en Cañete. “Ese número en realidad no es real, el hacinamiento es bastante peor de lo que los números reflejan”, aseguró. La sobrepoblación, las enfermedades sin control y las redes de extorsión lo convierten en uno de los penales más peligrosos de Perú.

El informe de la población penal de Perú muestra tanto la cifra global de internos como la distribución por establecimiento. En el caso de Cañete, los números reflejan una situación crítica, no solo por la sobrepoblación, sino también por las condiciones en las que se cumple el encierro.

En teoría, cada unidad de albergue debería incluir no solo una cama, sino también los espacios y recursos necesarios para la resocialización del interno: acceso a talleres, estudios y trabajo, los tres pilares que sostienen el objetivo del sistema penitenciario de Perú.

“La unidad de albergue en teoría es la unidad que incluye no solo la cama, sino todo lo necesario para que el privado de libertad pueda resocializarse”, explicó Marisol Pérez Tello.

En cuanto a la organización interna, el sistema intenta mantener separadas a los presos según criterios específicos. Por ejemplo, procesados y sentenciados, aplicando un sistema de clasificación que asigna puntajes según varios factores: edad, reincidencia, tipo de delito, y otros elementos clave.

En función de ese puntaje, el detenido es derivado a penales de régimen cerrado o abierto, y a establecimientos de mínima o máxima seguridad. En el caso de Pequeño J, pesa uno de los cargos más graves: el de femicidio, además de un pedido de extradición activo.

Según detalló Marisol Pérez Tello, ese trámite corre por una vía distinta, bajo competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Una vez generada la solicitud, se eleva al Consejo de Ministros, que debe aprobarla para luego proceder a su ejecución. Pero el ritmo de ese proceso depende de muchos factores: puede priorizarse por orden de llegada, por vencimiento de plazos, o por criterios internos del propio ministerio.

Más allá del marco normativo, lo cierto es que la realidad de los penales peruanos dista mucho de cumplir con su función. “Los penales tienen como objetivo resocializar, de hecho el himno de los penales es ‘humanizar y dignificar para resocializar’”, afirmó Pérez Tello.

Entre pasillos angostos, barrotes oxidados y amenazas constantes, espera su suerte Pequeño J, mientras la justicia peruana avanza con el proceso que podría llevarlo de vuelta a la Argentina.