tres años de justicia más ágil y cercana

A tres años de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, Jujuy muestra un giro histórico en su sistema judicial. La reforma, basada en el modelo acusatorio con audiencias orales y digitalización de denuncias, permitió triplicar las condenas, reducir los tiempos de resolución y acercar la justicia a la ciudadanía.

Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los tiempos de acusación bajaron un 36% y las sentencias se obtienen un 30% más rápido que con el esquema anterior. Además, los ingresos de causas crecieron un 130% y las condenas aumentaron un 25% en comparación con el trienio previo.

“La oralidad y la digitalización fueron claves para agilizar procesos y brindar una respuesta más efectiva, especialmente en casos de violencia de género”, destacaron desde el MPA.

Uno de los cambios más significativos fue el rol activo de los fiscales como representantes legales de las víctimas, lo que fortaleció su defensa y mejoró la cercanía institucional. La reforma, impulsada por la ley 6.259 y ajustada por la ley 6.400, recibió en 2023 un respaldo decisivo con la reforma constitucional provincial, que consolidó el sistema acusatorio adversarial como pilar de la política judicial jujeña.

Más allá del marco normativo y la infraestructura tecnológica, las autoridades subrayan que el cambio es también cultural. La transformación exige una adaptación profunda de fiscales, jueces, defensores y operadores judiciales, en torno a tres ejes centrales: persecución penal pública, resolución alternativa de conflictos y atención integral a víctimas.

“Se trata de una justicia más rápida, eficaz y cercana a la gente”, remarcan desde el organismo, aunque advierten que el proceso de modernización “sigue en desarrollo y requiere profundizar estándares de tutela judicial efectiva”.

Con este balance, Jujuy se posiciona como una de las provincias pioneras en la implementación de un modelo acusatorio y oral en el país, demostrando que la reorganización de roles y el uso de tecnología pueden acortar tiempos y ampliar derechos en la justicia penal.