Tras la citación a contadores por inconsistencias de US$ 450 millones en sus balances, la AFA salió a negar irregularidades y acusó a la IGJ de presiones

Tras la primera declaración pública de Claudio “Chiqui” Tapia sobre las acusaciones de corrupción que recaen sobre él y su entorno, y a días de que comiencen a declarar los contadores responsables de los número de la entidad, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a negar irregularidades en sus balances y acusó a la Inspección General de Justicia (IGJ) de ejercer “presión y construir un relato ficticio de incumplimiento”.

El organismo de control oficial había advertido supuestas inconsistencias en los balances por US$ 450 millones y había puesto como plazo el 20 de enero para que declaren los especialistas que intervinieron en los estados contables cuestionados.

El comunicado de AFA llega a horas de que se presente el primer responsable contable del organismo, este miércoles 14 de enero. Se trata del auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional, el contador Fernando Dubois, que deberá comparecer ante la IGJ a las 11, para dar detalles de los balances que avaló entre los años 2020 y 2024.

Un día después, es decir el 15, en apenas 48 horas, habrá otro desfile de contadores para dar cuenta de la radiografía financiera de la asociación que conduce “Chiqui” Tapia, hoy salpicada por varias denuncias de presuntos usos irregulares de millones de dólares.

El jueves se presentarán, también en la sede de la IGJ en Paseo Colón 291, los contadores Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi. Carraro deberá explicar el balance de 2017, Mucelli tendrá que hacerlo con los de 2018, 2019, 2020 y 2021; y Bisurgi los de 2022, 2023 y 2024.

La Inspección General de Justicia le dio a la AFA, en paralelo, un plazo máximo para brindar explicaciones: el 20 de enero. Desde el ente que dirige Daniel Vítolo no descartan presentar veedores en caso de que no haya avances a partir de las explicaciones reclamadas.

En respuesta a esa intimación de la IGJ, desde la entidad que preside Tapia, respondieron con un contragolpe en el que aseguran que presentaron todos los balances en tiempo y forma desde 2017, y que sólo fueron notificados de una observación, que fue contestada.

“Una vez más, el incumplidor no es la AFA, sino el propio Organismo, que además tiene el atrevimiento de recorrer los medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes. Nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas”, sostiene la AFA en el comunicado titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”.

“Estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control”, aseguran.

Según la AFA, “solo una única vista fue debidamente notificada” y es la correspondiente al balance cerrado el 30 de junio de 2017 y notificada el 26 de diciembre de 2017.

“Esta fue respondida por AFA con nota y documentación de fecha 9 de enero de 2018.E l resto de las vistas invocadas públicamente por el Inspector General, de las cuales maliciosamente dijo que AFA se negó a contestar, nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ”, añaden.

La Asociación del Fútbol Argentino y sus máximos dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino aparece comprometidos en varias denuncias por presuntos hechos irregulares que salpican a la entidad que maneja el fútbol argentino.

Una es el expediente que investiga el nexo entre la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejos, de nexos probados con Tapia y varios clubes argentinos. Allí, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció maniobras de presunto lavado de dinero y evasión tributaria, en el manejo de $ 880 mil millones a través de billeteras virtuales entre 2022 y 2025.

Otra denuncia denuncia de ARCA le pega de lleno al mandamás de AFA. Es la que lo acusa de presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $ 19 mil millones.

En el escrito también cuestionan los “límites del control estatal” y aseguran que “la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios su rol se limita al control de legalidad formal, debiendo además fundar y notificar debidamente cualquier observación a los mismos”.

El foco de la IGJ no está solo en la ausencia formal de balances en tiempo y forma, sino en la falta de explicaciones claras sobre el contenido de partidas millonarias incluidas en esos estados, en la que está imputado formalmente el “Chiqui”.

Esta el caso de la imponente mansión de Villa Rosa, Pilar, que dirigentes de la Coalición Cívica denunciaron que fue comprada por presuntos testaferros del tesorero de AFA, Pablo Toviggino. Matías Yofe, Elisa Carrió y Facundo del Gaiso, los denunciantes, pidieron investigar en su primera presentación si hay algún vinculo de la propiedad con Tapia.

Además, hay varias denuncias sobre la venta de dólar a precio oficial que tramitan en la justicia federal porteña. Allí se pidió investigar si existió una operatoria a través de la cual se compraban dólares al precio oficial para luego venderlos en financieras a la cotización blue, con ganancias millonarias, durante la gestión de Sergio Massa en el ministerio de Economía. Se asocia a Sur Finanzas, de Vallejos, en el rulo.

Por último, la causa que más revuelo ha generado en los últimos días es la que tiene la lupa sobre Javier Faroni, exdiputado massista de Provincia de Buenos Aires, y su empresa TourProdEnter LLC, que gestionó los derechos y negocios de la AFA en el exterior por más de US$ 260 millones, con una comisión del 30% y presuntos desvíos millonarios a empresas sin ningún tipo de respaldo en EE.UU.

Volviendo a la IGJ, de acuerdo con la información reunida por el organismo de control que dirige Daniel Vítolo, los balances observados incluyen cifras globales que, sumadas, superan los 450 millones de dólares, sin que se haya precisado adecuadamente el origen de los fondos, su destino ni la composición real de varios rubros sensibles.

En este nuevo comunicado, la AFA también responden a las acusaciones de Vítolo de haber mudado el domicilio legal de la entidad a Ezeiza por ser “un territorio que consideran más amigo para continuar violando la ley sin que se les diga nada”.

En este sentido, sostienen que “es objetivamente falso afirmar que la AFA ‘se escapó’, que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal”. “La IGJ conoció, participó y certificó el cambio de jurisdicción desde su etapa inicial. Cualquier afirmación en contrario resulta incompatible con los propios actos del organismo”, agregan en el descargo.

En este punto, desde la AFA remarcan que “es falso afirmar que la AFA pretendiera eludir obligaciones o sustraerse al control estatal. Lo que existió fue —y es— el ejercicio regular de un procedimiento legal previsto por la normativa de ambos organismos”.

Frente al cambio de domicilio, en el organismo que dirige Tapia afirman que la entidad se encuentra en la actualidad “bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires”, por lo que la IGJ “carece de competencia actual para ejercer funciones de fiscalización”.

“El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad, irregularidades administrativas y una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de sus funciones, concluye el comunicado.

Esta respuesta de la Asociación del Fútbol Argentino llega un día después de que “Chiqui” Tapia afirmó al diario La Nación que las acusaciones de corrupción de lo acorralan forman parte de “una difamación mediática”.

Al ser consultado sobre cómo lleva este momento de escándalos con los números de la entidad, enfatizó que está “tranquilo”. “No estoy imputado”, argumentó y remarcó que “con lo otro no pasa nada”, sobre la causa que lo tiene en el centro de la escena junto al tesorero Pablo Toviggino y a Javier Faroni sobre desvío de fondos y pagos sin justificar .