Tras el fracaso de un proyecto de ley, Salta estableció por decreto el narcotest obligatorio para todos los funcionarios públicos

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, desde el mandatario provincial hasta concejales, jueces e ingresantes a la administración pública.

Ahora la medida debe ser enviada a la Legislatura provincial, como parte del tratamiento habitual de DNU. En ese recinto había fracasado un proyecto similar impulsado por el diputado provincial Juan Esteban Romero y que alcanzaba a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ahora los narcotest alcanzan, además del Poder Judicial, a organismos de control y municipios. Apunta, según se informó oficialmente, a “garantizar la idoneidad, la aptitud moral y la confianza ciudadana en el ejercicio de la función pública”.

Durante el acto de firma, Sáenz remarcó que no se trata de una recomendación sino de una exigencia formal. “He tomado la decisión de hacerlo de esta manera para que esto no sea una invitación, sino una obligatoriedad para todos. Desde el gobernador hasta abajo, todos aquellos que tengan una responsabilidad en la función pública deben reunir estos requisitos”, afirmó. Y agregó: “Es un hecho de transparencia ante la sociedad”.

Durante el acto, Sáenz sostuvo que “la sociedad demanda mecanismos de control que aseguren que quienes ejercen cargos públicos lo hagan libres de adicciones que puedan comprometer la objetividad e independencia”, y definió la medida como “preventiva” y orientada a fortalecer la legitimidad institucional.

La secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, destacó que el DNU permite “dar un paso muy importante” en materia de transparencia y subrayó que “ejercer un cargo público exige idoneidad y ética, que no pueden estar nubladas por consumos problemáticos”.

El DNU establece un régimen de control obligatorio para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y alcanza a cargos electivos, magistrados y personal que pretenda ingresar al Estado. Entre los funcionarios incluidos figuran el gobernador y vice, ministros, jueces de la Corte, integrantes del Ministerio Público, legisladores provinciales, intendentes, concejales y empleados de los distintos organismos.

Según se detalló, los controles buscarán detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras sustancias psicoactivas prohibidas.

Los exámenes serán sorpresivos, mediante test rápidos homologados. En caso de un resultado positivo, se avanzará con un análisis confirmatorio de mayor rigor científico en laboratorios habilitados y designados por sorteo. El procedimiento prevé la cadena de custodia y el derecho de defensa, incluida la posibilidad de contraprueba.

El decreto también fija las consecuencias. Para funcionarios electivos o magistrados con estabilidad, un resultado positivo activará los mecanismos constitucionales de remoción, como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento. En el caso de funcionarios designados, el positivo será causal directa de remoción.

Además del proyecto que naufragó en la Legislatura, otras dos provincias ya implementaron los controles toxicológicos. Una de las primeras fue San Luis, en febrero de 2025. Está destinado a 1.500 personas de los tres poderes del Estado provincial. Fue aprobado por ley, tras una presentación de la diputada Marisa Patafio, perteneciente al espacio del gobernador Claudio Poggi.

Cinco meses después se sumó Santa Fe. Maximiliano Pullaro, actual gobernador, había impulsado la medida en 2017 cuando era ministro de Seguridad, y ahora fue el primer sometido al análisis.

En este caso alcanza a policías y funcionarios de Seguridad de Santa Fe.

En 2023, en tanto, se había aprobado en el Concejo Deliberante de Córdoba una normativa para que los funcionarios electos o nombrados por decreto pesentaran un certificado negativo de consumo de drogas ilegales.

Luego, la provincia de Córdoba implementó una medida similar, la Ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, en abril de 2024. Quienes deben presentar un certificado negativo son “las personas que desempeñen funciones por elección popular, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados”.