Súper lunes en el Congreso, el Gobierno polariza como los K y ¿un radical vice de Milei?

El proyecto de reforma laboral que esta semana comenzará a discutir el Senado no busca mejorar las desgracias del empleo, que existen en todo el mundo -en donde no saben qué es el peronismo ni la Ley de Contrato de Trabajo de 1974-.

Es un arma arrojadiza para poner a la colectividad política en estado de asamblea permanente y alistarla para el único round que le interesa al oficialismo: asegurar una renovación del mandato de Javier Milei con los amigos y los proyectos que sean.

Esta bomba racimo repite la experiencia de la llamada ley de bases de diciembre de 2023: desatar el juego de la mancha venenosa que permite identificar amigos y enemigos, arrinconar la opinión de todos en torno a la cuestión del trabajo, asunto que atraviesa esta etapa del capitalismo en todo el mundo y donde nadie la tiene clara.

Por esa razón los países, aun los que presumen de estar a la vanguardia, consienten extremos como las limitaciones a las migraciones -la corriente global más importante desde la posguerra del siglo XX- y las prácticas de trabajo esclavo en los gobiernos de extremo oriente, que producen para el mundo y lo inundan de productos elaborados a un costo que ninguna economía de Occidente puede empardar.

La recurrencia de los aranceles como política exterior que inauguró Donald Trump es la expresión de esta realidad, que ha buscado en la abolición de las reglas internacionales del libre comercio una salida a la crisis del empleo. En Argentina, todos los gobiernos han emprendido la reforma del sistema jurídico del PJ de los 70 como una salida por arriba del laberinto de una economía ineficiente.

Lo hicieron todos los gobiernos, con la ilusión de que con eso transformarían el país sin enfrentar rutinas tóxicas. Por ejemplo, males endémicos como el endeudamiento serial, la fabricación de inflación como lubricante de la subsistencia de los gobiernos, el clientelismo y la protección de sectores que han vivido de las zonas amparadas por regímenes de desvío de comercio.

Ejemplo de eso son las zonas francas de las provincias y proyectos que ilusionan con los RIGI de la Ley de Bases o el RINI del proyecto de reforma laboral. Esta granada racimo, que es el proyecto de “modernización”, abre conflictos cuando se esperaba que el Gobierno buscase el consenso para el proyecto de empezar a gestionar más allá de los indicadores contables, y asegurar un camino llano hacia la reelección.

La calidad política del método explica el apuro del Gobierno por ocupar la agenda de las extraordinarias con este proyecto, que promete camorras y grescas más que aprobaciones pacíficas. Les conviene el jaleo y que salga lo que salga. El proyecto es el más agresivo ante la oposición peronista y, aun saliendo, tendrá una cantidad de votos muy cercana al número del quórum de las dos cámaras.

Los gobiernos débiles creen que sacar leyes en Diputados por poco más de los 129 votos del quórum o los 37 del número del Senado les sirve para algo. Las leyes estructurales -y la de trabajo lo es- deberían sancionarse con una amplia cantidad de apoyos como para que duren algo más que un mandato presidencial.

Aprobar algo sobre el filo del quórum es pan para hoy y hambre para mañana. A eso se dedicó el gobierno Milei en los dos primeros años de gestión. Por eso mantiene índices de desconfianza del público que no se explican, si fuera cierto que este es el mejor gobierno del mundo.

El público .votantes, inversores, organismos- sabe que las leyes sancionadas sobre el filo del quórum no resisten el tiempo. Caen con el primer cambio de gobierno. Esta debilidad también alimenta los errores en la Justicia, que al final empantana la aplicación de las leyes de los gobiernos débiles.

Esta semana que comienza le pondrá pilas al debate en el Senado y en Diputados, en donde el llamador a la polarización es el proyecto de Presupuesto. Tanta prisa motiva el acelerado regreso a Buenos Aires, en las primeras horas del lunes, del diputado Nicolás Mayoraz, hombre clave del bloque de La Libertad Avanza.

Viajó el fin de semana a Santiago de Chile como observador electoral. Lo acompañaron el senador por Tierra del Fuego Agustín Coto (que será vicepresidente del bloque de LLA que preside Patricia Bullrich), el diputado Guillermo Montenegro, el senador provincial Matías de Urraza y el ex prosecretario del Senado Mariano Gerván, que es amigo personal del candidato chileno Juan Antonio Kast.

Mayoraz es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y lo llamaron para que esté en el debate del reparto de comisiones. En el Senado ya se informó que Bullrich presidirá también la Comisión de Trabajo para liderar el debate del proyecto.

El presidente provisional Bartolomé Abdala seguirá a cargo de la Comisión de Legislación General y Agustín Monteverde, debutante senador por CABA, estará al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Con el proyecto de esta reforma (como lo intentó el gobierno de Macri con el lanzamiento de un proyecto de despenalización del aborto) el gobierno echa mano del mismo recurso de llevar a todos una pelea contra todos.

El trabajo es un asunto que atraviesa, como el aborto, todas las ideologías y al que nadie le encuentra soluciones que impacten en un proceso económico que genera más ricos y más pobres, y que amenaza con dinamitar el Estado de Bienestar que nació después de la Segunda Guerra como una solución a las desgracias que habían motivado las grandes conflagraciones bélicas de la primera mitad de siglo.

Esta caída del Estado de Bienestar viene acompañada del renacimiento de las señales de guerra. Da escalofrío enterarse de que Alemania reinstaura el servicio militar, cuando la paz entre los países de Europa, una preocupación que viene de hace dos siglos, parecía adormecida en un equilibrio perpetuo.

Vale releer la tesis doctoral de Henry Kissinger para entender que darle paz a Europa después de Napoleón, fue la misión de la política internacional desde el Congreso de Viena (1814/1815), que buscó reorganizar el continente depredado por el corso, y que duró hasta el final de la Guerra Fría (“Un mundo restaurado: Metternich, Castlereagh y los problemas de la paz, 1812-1822”, publicado en 1957).

Esa teoría del equilibrio de poderes explica mucho, como lo ilustra la novela de Mary Shelley “Frankenstein”, hoy de moda por el filme de Guillermo del Toro, cuyo personaje es una representación del “Prometeo Moderno” (subtítulo de la novela de 1818) como el monstruo que crea la sociedad.

De paso, Kissinger se murió en 2023 desaconsejando a Estados Unidos y Europa que se metieran en la guerra de Ucrania. Él sabía de guerras turbias y de tensión interminable.

Este contexto explica con claridad que el propósito del Gobierno es reacomodar las piezas llevando adelante conflictos con la oposición, los sindicatos, los gobernadores, los abogados, los medios, la justicia, y otros sectores afectados en el largo articulado de esta nueva ley de bases.

El método es lanzar una propuesta con una cantidad infinita de materias que atraigan la adhesión y el rechazo, y produzca una identificación no solo de quiénes se le ponen enfrente sino, antes que nada, de quién está con el Gobierno.

En suma, una profundización de la polarización planteada como método -siguiendo las doctrinas pardas de Ernesto Laclau, discípulo confeso del “Colorado” Jorge Abelardo Ramos-.

Se trata de aprovechar la conformación binaria de la sociedad de la información, estigmatizar al anti-pueblo mal manejado por las oligarquías (la “casta” de la publicidad oficial) y exalta la fantasía del verdadero pueblo que aspira a representar el Gobierno (con el 40% de votos de Cambiemos desde 2015).

El actual gobierno es, en esencia, una continuación de la coalición Cambiemos, con una fuerte influencia de la derecha del PRO, aunque con Mauricio Macri en estado de disponibilidad según el formato del “jarrón chino” -grande, caro y difícil de acomodar en diseños ambientales reducidos-.

De allí proviene buena parte del Gabinete y de los planes de gobierno, con distintos grados de autenticidad. Los hay quienes han dado el salto del tránsfuga hacia el partido del oficialismo y los hay quienes, curtidos en la prudencia, hacen oficialismo desde marcas ajenas: el PRO, el radicalismo marrón, y otras marcas que administran provincias que han querido tomar distancia del peronismo del AMBA, que no ofrece otro destino que seguir las penurias carcelarias de su jefa hasta que termine de caer el velo de la realidad.

¿Para qué importa esto? Para que el Cambiemos que se apoderó del gobierno (algo que vale recordar con la misma validez de quienes dicen que Milei se apoderó de Cambiemos) no construya un candidato presidencial para 2027.

La obliteración del proyecto de un Macri candidato en 2027 es central para este blindaje del candidato Milei a un segundo mandato. Ese es el propósito de clavar el debate en el Congreso entre el oficialismo y el peronismo clásico. El que no salta es peronista, con eso basta.

Este primer armado imaginario -como todos los proyectos políticos- se complementa desalentando a sectores de opinión que puedan generen candidatos presidenciales que le lleguen a sacar votos al Milei reeleccionista. La historia política de Macri demuestra que la marca partidaria nunca le ha importado, ni tampoco quiere ser otra vez candidato a presidente ni a nada en 2027.

En su trayectoria las marcas partidarias han sido instrumentos de descarte, como también las alianzas. En 2003 compitió como jefe de Gobierno con la boleta del Partido Justicialista. En 2013 sus candidatos en la provincia de Buenos Aires se sumaron a la lista de Sergio Massa, lo que le hizo perder al PRO la personería partidaria, que recuperó en 2015.

El estallido de Juntos por el Cambio de 2023 se produjo cuando Macri impulsó al actual presidente, afirmando que representaba mejor que nadie sus ideas. Esto provocó la fractura con los radicales y con Carrió, disipando el voto e impidiendo a Patricia Bullrich entrar al balotaje.

La abstención del 46% en las elecciones de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue la expresión de ese electorado de Cambiemos que se sintió traicionado y que hoy está vacante. Este es el voto que el “Grito Federal” de los gobernadores intenta atraer.

Hasta ahora el Gobierno ha impedido la intención del interbloque PRO-UCR de unirse con el interbloque de Provincias Unidas. Estuvieron a punto de lograrlo antes de la sesión preparatoria de Diputados. Lo frenaron Macri y Cristian Ritondo, a quienes les conviene mantener alguna tensión con Olivos, que los tiene como objeto predilecto de cacería.

Si se lograba, hubieran armado un interbloque de 42/45 diputados, y podría reclutar en marzo de 2026 a unos 20 más. Sería otro país al que imaginó el Gobierno y el PJ cuando compitieron el 26 de octubre. Saben que allí hubo una caída de la asistencia al voto de alrededor de 12 millones de electores, que seguramente manifestaron su indiferencia y su rechazo a lo que ofrecían las dos coaliciones.

Este conflicto, que ha pasado inadvertido entre los comunicadores y periodistas que se dedican mayoritariamente a comentar las campañas al Gobierno sin repreguntar, explica no solo el armado de los bloques del Congreso.

También explica el resultado del pleno del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que esta semana reunirá a la nueva mesa directiva para instruir a todos sus legisladores (los que están en el interbloque PRO-UCR y los que se quedaron en Provincias Unidas) que esta es la coalición legislativa que reconoce el partido.

Aconsejarán a los diputados que fueron elegidos con algún compromiso de la marca UCR -con alianzas de todo tipo, incluyendo con La Libertad Avanza- que se incorporen a Provincias Unidas. Le negarán la marca partidaria a las dos coaliciones para que se produzca un recuento, que puede ser lesivo del proyecto del nuevo Comité Nacional de representar a todos los radicales.

Prefieren no arriesgar por ahora la marca, y no someterla a un arbitraje resbaladizo. El debate que precedió a la elección de Leonel Chiarella se concentró en ese proyecto de unificar los dos interbloques. Los delegados críticos de la gestión saliente de Martín Lousteau no llevaron candidato. Ni aun los del mendocino Alfredo Cornejo, que se acreditó como delegado, aunque no participó del pleno.

Consiguió al menos que el nuevo directorio no diera a conocer una adhesión explícita a Provincias Unidas. Nadie pudo explicar por qué Daniel Angelici fue reelegido en la mesa nacional de un partido que quiere ser opositor, cuando el binguero es socio de Jorge Macri, que es aliado de Milei en CABA. Parecen quedar al desnudo contradicciones que estaban escondidas bajo la sigla de Cambiemos.

La nueva situación dispara iniciativas que todos van a aprovechar. Según el esquema más previsible, los hombres fuertes de la coalición Provincias Unidas -Maxi Pullaro y Martín Llaryora- no querrán ser candidatos a presidentes en 2027. Buscarán la reelección en sus provincias, lo mismo que Nacho Torres de Chubut. Esto libera la pista a Milei, que les ofrecerá ayudarlos a reelegir en sus provincias a cambio de que lo ayuden a él.

El exgobernador Gustavo Valdés rechazó ser presidente de la UCR porque cree que con eso protege mejor los intereses de Corrientes, gobernada por su hermano y que dice necesitar ayuda de la Nación. Con eso ya se salió de la competencia presidencial.

Agazapado, Cornejo, que fue socio de Milei en las elecciones de Mendoza, es el primer radical que acaricia un puesto en la fórmula presidencial de 2027 como vicepresidente de Milei. Por eso quiere impedir que la UCR quede afiliada al arco opositor de PU. Busca que se nacionalice la alianza con LLA que él abrochó en Mendoza.

No tiene reelección como gobernador y ya antes ha ensayado estos posicionamientos. Con Juan Carlos Mazzón fue uno de los fogoneros de la alianza con el peronismo de los Kirchner para la fórmula Cristina-Julio Cobos en 2007.

No era tampoco nada nuevo. En 1946 Juan Perón ganó las elecciones con el radical Hortensio Quijano, a quien conservó en la fórmula en su reelección de 1952. Esos entendimientos los soñó antes Perón con Amadeo Sabattini antes de 1946 y con Ricardo Balbín en los años 70.