Sobreseyeron a Jorge “Corcho” Rodríguez en una causa por lavado de dinero

La Cámara Federal porteña sobreseyó al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien era investigado por lavado de dinero. El fallo se firmó después de que la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que correspondía dejar sin efecto el procesamiento porque no había fundamentos para sostener la acusación alrededor de la compra de un helicóptero. A la inexistencia del delito, se le sumó otro criterio: la prescripción de las acusaciones.

Hace poco más de un mes, la Casación Federal firmó el sobreseimiento de Rodríguez, al considerar que las pruebas incluidas en la causa resultaban “insuficientes para acreditar” la maniobra atribuida en el año 2012, cuando se concretó la compra del helicóptero, y su posterior venta en 2016.

Los jueces del máximo tribunal penal señalaron que correspondía anular el procesamiento ya que la decisión de no hacerlo, tal como había pedido el abogado de Rodríguez, era “arbitraria” por “carecer de fundamentación”.

Como toda maniobra de lavado de activos se requiere la determinación del delito precedente, es decir de dónde provenía el dinero de origen ilícito que se buscó reingresar al mercado formal para darle maniobra licitud.

Sobre este aspecto, el máximo tribunal penal señaló le pidió a la Cámara Federal porteña que revise el fallo a través del cual -por mayoría-, había confirmado el procesamiento, y ordenó que se dicte una nueva resolución, que ahora firmaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y con la que sobreseyeron a Jorge Rodríguez.

La Casación había concluido que “no existe ningún elemento” para sostener que “la maniobra que comenzó en marzo de 2012 se iba a perfeccionar cuatro años después”. Esto impide “considerar la maniobra completa con la adquisición del helicóptero LV-CFO y la integración al patrimonio de la firma Helicopter Corporation”.

Otro punto destacado que condujo a la firma del sobreseimiento es que el máximo tribunal penal advirtió que no se había respondido algunas observaciones de la defensa. Los abogados del empresario habían solicitado que se considere un informe de la DAJUDECO -la oficina de escuchas e investigación que depende la Corte- según el cual no surgían vínculos de Rodriguez con las sociedades involucradas, luego de relevar 582 registros que refieren a vinculaciones de tipo comercial, bancario, societario y personal, y 258 relaciones societarias.

La Casación señaló que hubo una omisión por parte de la Sala I de la Cámara Federal porteña a la hora de pronunciarse al respecto, “prescindiendo de efectuar un análisis que “habría sido pertinente para la resolución del caso”.

Ante esta situación, los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia resolvieron -en consonancia con lo indicado por el Tribunal de alzada-, firmar el sobreseimiento de Jorge Rodríguez.

Fuentes allegadas a la defensa de Rodríguez indicaron a Clarín que “esta causa conexa que tuvo más de excursión de pesca del fiscal Delgado que de investigación, era una herramienta para avanzar sobre una presunta irregularidad e insistir en su relación con la empresa uruguaya Sabrimol”, atribuida al empresario en una de las causas judiciales por supuesta corrupción a través de la constructora brasileña Odebrecht. Sobre este aspecto, se consignó que hay exhortos del Banco Central de Uruguay y su correspondiente organismo recaudador “que sostienen que no hay ninguna vinculación”.

La imputación al “Corcho” Rodríguez decía que había puesto en circulación 1.715.000 dólares de origen ilícito, con la finalidad de dotarla de aparente legitimidad. “Para ello habrían intervenido durante 2012 en operaciones financieras que involucraron a personas jurídicas nacionales e internacionales, y en la posterior adquisición por parte de Helicopter Corporation SA del helicóptero matrícula LV-CFO radicado en el país (marca EUROCOPTER EC 130 B4, número de serie 7002)”.

Dicha compra se habría financiado mediante la simulación de tres mutuos por 1.415.000 dólares, obtenidos de la empresa Latin Financial LP.

Fue lo que la DAJUDECO desestimó: no había vínculos comerciales entre el empresario y las compañías bajo investigación, Sabrimol y Latín Financial.

La maniobra se habría completado cuatro años más tarde, cuando Molinolo Menafra cedió los derechos de cobro correspondientes a aquellos mutuos -que se habían mantenido impagos- a Fabián Carballo, titular de la firma nacional Fusion Blue Servicios Aéreos SA, quien acordó con Helicopter Corporation SA la transferencia del helicóptero matrícula LV -CFO como medio de cancelar dicha deuda. Una vez efectuada esta transacción, se concretó la registración ante la ANAC, trámite en el que intervinieron Osvaldo Gandini y Patricia Buzzi.

Sin embargo, ninguna de esas acusaciones, señalaron los camaristas de la Casación, lograron corroborarse y se le sumó a eso, la prescripción de los hechos bajo investigación.