Según la justicia, Cristóbal López y Fabián de Sousa eran inquilinos de Cristina Kirchner y además le pagaban coimas

El 29 de mayo de 2019, cuando el caso Cuadernos ya se encontraba elevado a juicio oral, el fallecido juez federal Claudio Bonadio procesó a Cristóbal López y Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo) por la adquisición de dos departamentos en el edificio de Uruguay y Juncal, donde en la causa por sobornos se determinó que hubo reiteradas entregas de dinero de las coimas que pagaban los contratistas del Estado a Néstor y Cristina Kirchner. López y De Sousa también figuran en los pagos ilegales atribuidos a la ex presidenta, como inquilinos de la inmobiliaria Los Sauces, la empresa familiar de los Kirchner que usaban para maniobras de lavado de dinero.

En el edificio del barrio de Recoleta donde Daniel Muñóz -ex secretario privado de Néstor Kirchner- iba de forma asidua con valijas y bolsos con dinero, tal como consta en la causa de los cuadernos de las coimas, ser realizaron 87 entregas por 69,7 millones de dólares. Así consta en el requerimiento de elevación a juicio que comenzó a leerse el jueves pasado durante la primera audiencia del debate público.

A la ex presidenta le atribuyeron -contabilizando la causa madre, más dos conexas (coimas en los subsidios a los trenes y la cartelización de la obra pública)- un total de 204 hechos de cohecho pasivo, es decir: la recepción de coimas.

A lo largo de la primera audiencia, se leyeron los 40 hechos de sobornos que conforman parte del entramado de corrupción correspondientes a la causa central. De la misma se desprendieron seis más. En el juicio que tiene a cargo el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) se juzgarán cuatro de los casos.

Por delante queda la lectura del requerimiento del tramo conocido como “la camarita”, donde Cristina Kirchner está acusada de haber recibido 175 coimas. En este expediente hay 51 personas procesadas.

Los aportes de los imputados colaboradores permitieron reconstruir el mecanismo de corrupción que funcionaba utilizando a las empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción y que fue “implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector”.

Se determinó que se abonaron anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%– o montos más concretos y relacionados con certificados de obra.

Así lo explicaron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Bonadio, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el propio Clarens.

¿Quiénes pagaban las coimas? Empresarios vinculados a la Cámara de la Construcción. El listado de procesados y enviados a juicio oral incluye a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo de Sousa.

Se les atribuyen seis sobornos pagados a la ex Presidenta entre septiembre y noviembre de 2011 y desde febrero al 16 de agosto de 2012. Los pagos los hicieron a través de CPC SA, la firma constructora de los dueños del Grupo Indalo.

Coimas y lavado de dinero

En primer lugar, la constructora que se quedó con una ruta que durante 16 años Austral Construcciones -propiedad de Lázaro Báez- no terminó -aunque después se la rescindieron por abandono-, fue investigada por adquirir departamentos en el mismo edificio de Uruguay y Juncal donde residía Cristina Kirchner.

Cuando la causa de los Cuadernos fue elevada a juicio oral, Bonadio procesó a López y a los hermanos De Sousa por lavado de activos. En la operación inmobiliaria, según se determinó, se “puso en circulación dinero de origen ilícito” que provenía de la asociación ilícita que “comandó” la ex Presidenta.

El juzgado corroboró que, en cinco meses, Osvaldo De Sousa, hermano del socio de Cristóbal López, desembolsó más de 880 mil dólares y que, en principio, “no contaba con un patrimonio que avale ese movimiento de dinero”.

Algo similar ocurrió en otra compra realizada por Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner. Compró un departamento en Rivadavia al 1500 por 135.000 dólares. En los libros contables aparecieron asentados 14 facturas a favor de CPC SA por el alquiler de ese inmueble. Esa maniobra fue investigada como parte de operaciones de blanqueo encabezadas por Sanfelice responsable, además, de administrar propiedades de la ex presidenta.

El lavado de activos es un delito que López y De Sousa comparten como acusados en otra causa con Cristina Kirchner: Los Sauces-Hotesur, donde todos irán a juicio oral en 2026.

Los empresarios señalados como responsables de pagar coimas a la ex mandataria en el marco del tramo de los Cuadernos denominado “la camarita”, fueron los principales inquilinos de Cristina Kirchner durante el mismo período en el que pagaban sobornos con CPC SA.

Los Sauces es una de las empresas más importantes de la familia Kirchner. La inmobiliaria, cuya facturación principal provino de dos inquilinos, Lázaro Báez y Cristóbal López (86% de los ingresos), fue una “pantalla” según la acusación por lavado de dinero.

Una vez constituida, Los Sauces comenzó a adquirir propiedades: “más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares en pocos años”, sostuvo la fiscalía que envió el caso a juicio oral. Las operaciones “fueron constantes en el tiempo” y el derrotero de “alquileres ficticios” derivó en un procesamiento por lavado de dinero y por lo cual se intervino la compañía.

Para los investigadores la empresa nunca tuvo la intención real de funcionar comercialmente, sino que se “montó para realizar operaciones de blanqueo de activos”.

Los bienes más valiosos de Los Sauces son los dos departamentos ubicados en Puerto Madero, que fueron alquilados por empresas de López, Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. Esos inmuebles cuestan unos 600 millones de pesos a valores de 2020

Cuando el dueño del Grupo Indalo fue desalojado por el juez federal Claudio Bonadio, que tenía a su cargo la investigación sobre Los Sauces por presunto lavado de activos, el dúplex valuado en 344,4 millones de pesos nunca más se volvió a alquilar.

Con tres empresas del Grupo Indalo, Cristóbal López proporcionó ingresos a los Kirchner por 1.727.500 dólares. Fue el 68% de la facturación total de la empresa familiar, su principal inquilino.

El rol de los dueños del Grupo Indalo fue determinante en la operación de lavado de activos. Mientras en la causa Cuadernos se determinó que pagaban coimas, en simultáneo abonaban mes a mes el alquiler a la ex mandataria.

Para la Justicia, dada la entidad económica de los grupos Báez e Indalo, “no se advierte la necesidad real de alquilar inmuebles con las características de los bienes de Los Sauces”.