Se negó a un test de alcoholemia en el trabajo, la despidieron y la Justicia ordenó indemnizarla con más de 45 mil dólares

Una trabajadora fue despedida después de negarse a realizar un test de alcoholemia en su lugar de trabajo, pero el caso llegó a la Justicia y terminó con un fallo que obligó a la empresa a indemnizarla con 63.500 dólares australianos (unos 45 mil dólares estadounidenses).

El episodio ocurrió en Australia, en una empresa del sector transporte con más de 1.300 empleados. Todo comenzó tras un almuerzo laboral que se extendió durante varias horas y generó tensiones dentro del equipo.

Al regresar a la oficina, uno de los trabajadores tuvo un comportamiento conflictivo y anunció que renunciaba. A partir de esa situación, la empresa decidió avanzar con controles de alcoholemia y consumo de drogas.

Según se detalló en el caso, la trabajadora había participado del almuerzo junto a otros dos empleados. Al volver, la empresa solicitó que todos se sometieran a un test.

La mujer explicó que solo había consumido una bebida alcohólica y que no correspondía someterla a ese control en ese contexto. Además, sostuvo que se sentía señalada por una situación que no había generado.

Ante la negativa, la empresa interpretó que se trataba de una falta grave.

Cuatro días después, fue despedida en una reunión disciplinaria.

Para justificar la medida, la compañía sostuvo que negarse a realizar el test impedía verificar si la trabajadora estaba en condiciones de cumplir sus tareas.

También consideró que esa conducta afectaba los estándares internos de seguridad y control.

En ese marco, encuadró el caso como un incumplimiento grave que justificaba la desvinculación.

El caso fue analizado por la Comisión de Trabajo de Australia, que evaluó si la orden de realizar el test era razonable y si la negativa podía ser sancionada.

El tribunal concluyó que la empresa no logró demostrar una razón válida para exigir el control en ese contexto.

También señaló que no se acreditó un riesgo concreto ni una conducta que justificara una sanción de esa magnitud.

Además, consideró que la medida fue desproporcionada frente a los hechos.

A partir de ese análisis, la Justicia declaró el despido injustificado y ordenó el pago de una indemnización de 63.500 dólares australianos (unos 45 mil dólares estadounidenses).

Si bien no se dispuso la reincorporación, el fallo dejó un criterio claro sobre los límites de este tipo de controles dentro del ámbito laboral.

El caso expone hasta qué punto las empresas pueden avanzar en sus mecanismos de control y cuándo esas decisiones terminan siendo cuestionadas en la Justicia.