Revés judicial para la planta de hidrógeno verde en Uruguay: ordenan pruebas por una posible violación de tratados

En lo que representa un golpe para los planes uruguayos de avanzar con la construcción de una planta de hidrógeno verde para producir metanol frente a las costas de Entre Ríos, la justicia federal de la provincia argentina hizo lugar a la demanda de un grupo de legisladores de la oposición, que pedían medidas de prueba a nivel preventivo.

La presentación ante la justicia argentina fue realizada por los diputados peronistas Guillermo Michel y Laura Marianela Marclay, junto al senador Adán Humberto Bahl. El grupo demandó al Estado uruguayo y a una empresa privada (HIF Uruguay) para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a Colón (Entre Ríos).

Planta de combustible sintético en Paysandú: la Justicia da lugar a la demanda y avanza con las medidas de prueba.

Frente a la inacción del gobernador Frigerio y del intendente de Colón, iniciamos junto con @adanhbahl y @MarianMarclay una acción preventiva de daño ambiental… pic.twitter.com/qcTpP9YlzX

— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) April 10, 2026

Los tres sostuvieron en su presentación que el proyecto podría generar un daño ambiental grave e irreversible en el río Uruguay, y que no se habrían cumplido normas internacionales, como el Estatuto del Río Uruguay, regido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Además, pusieron como antecedente el conflicto entre Uruguay y la Argentina por la instalación de la pastera finlandesa Botnia/UPM en el país vecino.

Entonces, la protesta ambiental de los entrerrianos implicó extendidos cortes de puentes entre Gualeguaychú y Fray Bentos (donde se instalaron las plantas de pasta de celulosa), escaló a los fallecidos presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, y derivó en un costoso juicio para ambos Estados en los tribunales de La Haya.

“La resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No sólo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó parte de las medidas que solicitamos”, dijo Michel.

Entretanto, el gobernador Rogelio Frigerio, advertido de los embates de la oposición en Entre Ríos y de la negativa del presidente uruguayo Yamandú Orsi, buscó negociar con las autoridades uruguayas la relocalización de la planta, que implicaría una inversión de 5.300 millones de dólares. Un proyecto de escala histórica, pero que, para los vecinos de Colón —que viven del turismo— representaría la instalación de un complejo industrial con chimeneas visibles desde sus playas, en la otra orilla del río Uruguay. El proyecto estima que esté a unos 3 o 4 kilómetros de la costa, mientras que el gobierno entrerriano pide que se ubique a 30.

El gobernador argentino de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo de visita oficial en Uruguay entre el 27 y el 28 de marzo. Se reunió con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y con los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño y de Industria, Energía y Minería,… pic.twitter.com/YfpV8kXiNO

— Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) March 28, 2025

A lo largo de 2025 y este año, Frigerio habló con Orsi y con su canciller, Mario Lubetkin, para enfriar el conflicto en puerta. A su vez, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no descartó un posible traslado de la planta: “La relocalización responde a encontrar, entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa, un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones que las propuestas por el proyecto”, dijo. Sostuvo que eso era viable y aseguró que “se trabaja para concretarlo”.

Tanto el gobierno de Orsi como la multinacional HIF Global acordaron la semana pasada prorrogar hasta fines de junio el cronograma de acuerdos hacia la concreción de la planta de combustibles sintéticos.

En principio, aceptó parcialmente un pedido clave de los demandantes: producir “prueba anticipada”. Es decir, autorizó a recolectar pruebas ahora, antes de que avance el juicio, porque podrían perderse o volverse difíciles de conseguir más adelante.

Las pruebas que ordenó incluyen pedidos de información a organismos uruguayos (ambientales, regulatorios y bancarios), requerimientos a la Comisión Administradora del Río Uruguay, la realización de un peritaje ambiental con un biólogo y una inspección judicial en el lugar. Pero no aceptó, por ahora, la prueba testimonial, porque no consideró que hubiera urgencia.

Como los demandados están en Uruguay y eso puede demorar el proceso, el juez decidió que intervenga la Defensoría Pública para garantizar el derecho de defensa mientras tanto.