Reelecciones indefinidas en la Provincia a cambio de Boleta Única de Papel: el trueque que se instaló en la Legislatura ante la urgencia de 82 intendentes

Representa una de las mayores preocupaciones de los intendentes bonaerenses. Incluye a peronistas, radicales, macristas y también vecinalistas. Si la Legislatura bonaerense no modifica la ley 15.315, 82 jefes comunales no se podrán presentar a un nuevo mandato en 2027. Ante ese panorama, en las últimas semanas la Legislatura abrió las puertas a una posible negociación a dos bandas entre peronistas y libertarios, si persiste la negativa de La Cámpora a tratar el tema por separado, como pasó el año pasado.

Siempre de acuerdo a la iniciativa de la que nadie se hace cargo, a cambio de los votos violetas para las reelecciones, los intendentes garantizarían las manos necesarias para la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP), que ya rige a nivel nacional. La idea es instrumentarlo en algún momento de este año, de cara a los comicios bonaerenses de 2027, sean desdoblados o concurrentes.

Ante la consulta de Clarín, legisladores libertarios, massistas, camporistas y funcionarios del gobierno de Axel Kicillof aseguraron haber escuchado el rumor de la propuesta de trueque de proyectos de ley. Pero en cada tribu ponen el origen de la “propuesta” en sus rivales. Incluso hasta dan los argumentos de por qué cada sector lanza esa habladuría.

La inquietud por modificar la ley de reelecciones se debe a que, en el estado actual de situación, varios referentes históricos no se podrán presentar en sus municipios: Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mariel Fernández (Moreno), o Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), entre otros, integran la larga lista de afectados.

En total suman 82 en toda la provincia, aunque hay varios que se tomaron licencia en sus cargos antes del 9 de diciembre de 2025, y si no regresan al poder de sus municipios antes del 10 de diciembre de 2027, se pueden presentar a un nuevo mandato, en un artilugio que empezaron a usar en 2021. Los afectados por la ley son 53 intendentes del Partido Justicialista (PJ), 17 radicales, cinco libertarios, tres macristas y cuatro vecinalistas.

El año pasado, intendentes que militan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de lanzamiento de una candidatura presidencial de Kicillof, llevaron la propuesta de reformar la ley de reelecciones, que también abarca a legisladores, concejales y consejeros escolares. Pero chocaron con La Cámpora, que tenía un proyecto propio para la reelección solo para cargos legislativos. Tras una áspera negociación, el proyecto naufragó: 22 legisladores y decenas de concejales no pudieron ser candidatos.

Ahora algunos quieren instalar la discusión con tiempo. Dos diputados libertarios confirmaron que la versión del trueque de leyes da vueltas por la Legislatura. “Sí, se ha comentado esa idea. Para la gente de Kicillof es más fácil hablar con nosotros que con La Cámpora”, señaló un libertario que entró en diciembre pasado. Cerca del diputado nacional Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, negaron cualquier tipo de contacto con el gobierno de Kicillof por ese tema.

En La Cámpora también sostienen que la iniciativa circula y remarcan que buscan saltearlos. Cerca de Máximo Kirchner remarcan que el líder camporista no se opone a la reelección de los intendentes, con el argumento del voto popular. Pero insisten en que quiere discutir todo el paquete electoral junto. Esto incluye, entre otros puntos, un posible desdoblamiento o elecciones concurrentes -el mismo día, con distintas urnas-.

El año pasado, tanto Máximo como Cristina Kirchner se opusieron al desdoblamiento que propuso Kicillof, pero igual en la Legislatura le aprobaron el proyecto al gobernador. El peronismo ganó cómodo, sumó bancas en Provincia, obtuvo una mayoría histórica en el Senado bonaerense y también decenas de concejales, pero poco más de un mes después perdieron la elección nacional.

Con algo de sorna, un alto dirigente camporista sostiene que ahora los intendentes tienen sus concejos como si fueran Corea del Norte, con todos concejales propios para aprobar ordenanzas, pero faltan diputados nacionales.

Este rumor, que desde un sector le endilgan al Ejecutivo y desde el otro a los libertarios para instalar la BUP, evidencia la dificultad interna del peronismo y expone el conflicto entre el gobernador bonaerense y Máximo Kirchner. Los intendentes alineados con Kicillof cada vez tienen menos votos propios y necesitan más aliados.

Pese al amplio triunfo local del año pasado, saben que no cuentan con los votos del Frente Renovador. Los massistas fueron coautores de la ley junto al PRO, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y sostienen su negativa a los cambios. La Cámpora pretende un debate más amplio y tiene la llave para la discusión.

Sólo la urgencia de los intendentes marcará qué tan dispuestos están a ceder y con quién. Cerca de Kicillof aseguran que la modificación de la ley saldrá, mientras algunos exploran la vía judicial.

Una parte del radicalismo también adelantó su rechazo a la modificación, aunque 17 de sus 27 jefes comunales no podrán presentarse a un nuevo mandato. La misma postura adelantó parte del PRO. Pese a que la Legislatura está paralizada porque no están nombrados algunos cargos, la UCR, el PRO y los libertarios pusieron en agenda parlamentaria un paquete electoral que abarca: BUP, eliminación de las PASO, ficha limpia y la discusión por el desdoblamiento.

Ante la falta de acuerdo dentro del peronismo y la dificultad para conseguir votos aliados, algunos exploran la vía judicial. La idea es recurrir a la Suprema Corte bonaerense para que entre otros puntos, defina la constitucionalidad de la ley que limita los mandatos. Otros sugieren que pueden ir a consultar por el artículo reformado en 2021.

La ley fue sancionada en 2016 y se aplicó por primera vez en 2021. Ese año dos senadores, diez diputados y decenas de concejales no se pudieron presentar como candidatos. Para evitar que el límite alcance a los intendentes en 2023, en diciembre de 2021 acordaron modificar la ley. Argumentaron que el texto no era claro y en la enmienda aclararon que el mandato 2015-2019, en el que fue sancionada la norma, no se computaba. Todos tuvieron una vuelta más.

Ahora, quieren volver con una interpretación similar, por eso algunos quieren ir al máximo tribunal de la provincia. Otros quieren que aclare si es legal limitar los mandatos.

Pero la Suprema Corte bonaerense está en un momento crítico. Tiene apenas tres integrantes de los siete (Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres) y desde hace 800 días deben sumar el voto del presidente de la Cámara de Casación de la Provincia para llegar a los cuatro votos, pero si empatan deben recurrir a otros jueces.

Esas cuatro vacantes en la Suprema Corte Bonaerense no se completan por los mismos desacuerdos políticos en la Legislatura. Ya suman seis años sin definiciones y esa Corte renga ahora podría padecer la tensión de las reelecciones de los intendentes.