Pulseada en el Senado: Bullrich bajó Hojarasca y el Senado sesionará para aprobar los pliegos de jueces vinculados a “Chiqui” Tapia

Patricia Bullrich tuvo que volver a bajar la Ley Hojarasca y acordó con los bloques aliados convocar una sesión para el próximo jueves con un temario que incluirá los pliegos de dos jueces vinculados con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y la nueva Ley de Biocombustibles, que empujan las provincias del norte.

La convocatoria quedará formalizada este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria agendada para las 14 cuando los presidentes de bloque definirán el temario, que como adelantó Clarín, incluirá los pliegos de jueces, Biocombustible y los acuerdos de transferencia de la justicia a la ciudad de Buenos Aires.

En forma paralela, el oficialismo buscará este miércoles sacar despacho de comisión de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en una reunión que tendrá como invitados el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, y su vice, Vladimir Werning.

Bullrich confiaba en poder convertir en ley el proyecto Hojarasca, una propuesta que obtuvo la media sanción de Diputados en mayo, pero que no logra pasar el filtro del Senado. En una reunión que se realizó este martes en el bloque de la UCR, la jefa del oficialismo tuvo que retirar la iniciativa de Federico Sturzenegger, que deroga o modifica unas 70 leyes consideradas obsoletas por el ministro de Desregulación.

En cambio, el oficialismo si tendrá los votos para aprobar dos pliegos judiciales que habían quedado del primer paquete de candidatos que había enviado al Senado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Se trata de las nominaciones de Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, propuestos para el fuero penal económico y cuyas postulaciones fueron frenadas desde la Casa Rosada luego de que trascendiera que habían intervenido en causas vinculadas a Claudio “Chiqui” Tapia.

Sin embargo, solo quedó afuera el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuya nominación había quedado cajoneada luego de que trascendiera que firmó el primer comunicado de la agrupación ultra K Justicia Legítima. Por ahora tiene dictamen de la comisión de Acuerdos pero está frenada por el oficialismo.

En tanto, la nueva Ley de Biocombustible llegará a esta instancia con final abierto por las diferencias entre los senadores del norte argentino con los de las provincias del centro porque la normativa afecta a las pymes. La cuestión de fondo es que se recorta en forma progresiva la participación protegida de las denominada no integradas en el mercado interno y habilita la competencia a los grandes compañías agroexportadores.

En forma paralela, el Senado arranca este miércoles con el tratamiento en comisión de dos proyectos clave para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas ya tienen la media sanción de Diputados y podrían tener dictamen con apoyo del oficialismo y los aliados.

En un primer turno, desde las 10.30, se debatirá la reforma del Banco Central con la participación de Bausili y Werning. Ambos funcionarios defenderán la iniciativa en una reunión conjunta de las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda.

El debate genera cierta expectativa por la participación de los representantes del bloque Justicialista, que comanda José Mayans, ya que el peronismo se mostró crítico de la propuesta le devuelve al Central la misión de principal de preservar la estabilidad monetaria, eliminando los objetivos fijados por el kirchnerismo como la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Además, le quita a la autoridad monetaria la posibilidad de financiar al Estado de forma directa o indirecta impidiéndole otorgar préstamos, adelantos al Tesoro, provincias, CABA o municipios.

El Senado también comenzará con el tratamiento del proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, que también fue aprobado por la Cámara baja luego de que el oficialismo acordará con la oposición un artículo que prohíbe de manera total a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen.

La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones posteriormente.

Este miércoles también se retomará el debate en comisión del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental promovida por el Gobierno, que habilita las internaciones involuntarias e incorpora a las adicciones a las drogas como parte de la problemática de salud mental.