Presupuesto: un artículo sobre Educación encendió el alerta y el Gobierno negocia contrarreloj para que no se caiga la ley

Este viernes el Gobierno se juega una ficha importante en el Senado: la sanción del que sería el primer Presupuesto avalado de Javier Milei en sus dos años de gestión. Si bien La Libertad Avanza confía en que tendrá el número suficiente, todavía hay negociaciones abiertas con aliados, artículos en pugna y anuncios de último momento que tensionan la previa a la sesión, porque cualquier cambio significaría la vuelta del proyecto a Diputados.

Después de que el Ejecutivo aceptara dejar atrás el capítulo XI la discusión ahora se centra en puntos concretos: el artículo 30 que elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación, y la deuda de Nación con los gobernadores por el financiamiento de las cajas previsionales; un punto en el que los mandatarios de Provincias Unidas se pusieron firmes y amenazan con abstenerse en la votación general, al igual que hicieron en Diputados.

En el proyecto de Inocencia Fiscal -que también se someterá a votación este viernes- las alertas saltaron por el artículo que eleva en más de un 100 mil por ciento las multas del ARCA por incumplimientos impositivos, como la no presentación de una declaración jurada en tiempo y forma. El riesgo era tan alto que el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo salió a calmar las aguas en la previa a la Nochebuena proponiendo una “solución” en la reglamentación.

En la votación en general La Libertad Avanza -que suma 20 senadores propios- confía en tener más de 40 votos con ayuda de aliados como Luis Juez, los bloques de la UCR, el PRO y bancadas provinciales.

Pero en la discusión en particular todavía están ajustando clavijas. El artículo 30 del Presupuesto pasó por debajo de los radares en Diputados porque la atención estaba centrada en el artículo 75 (incluido en el Capítulo XI que se cayó) que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, pero en el Senado recobró fuerza.

El artículo 30 elimina pasajes clave de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.

Hay radicales -como el bonaerense Maximiliano Abad y el catamarqueño Flavio Fama- que están en contra. Si sumaran al rechazo a toda la bancada de la UCR, que tiene 10 miembros, y a otros provinciales con los que el peronismo está conversando el artículo podría caerse.

Y si se cae cuenta como una “modificación” del proyecto, con lo cual el texto debería volver a Diputados para ser revalidado y eso es lo que La Libertad Avanza quiere evitar a toda costa. El clima post pelea con el PRO quedó caldeado en la Cámara Baja y reabrir el recinto en esas condiciones es riesgoso.

Como la aprobación se da con la mitad más uno de los presentes, todo dependerá de la cantidad de senadores sentados al momento de votar. Ausentarse es una forma de ayudar al oficialismo y en LLA esperan que sea eso lo que hagan algunos de los legisladores que responden a gobernadores peronistas, que integran las bancadas de Convicción Federal o los santiagueños de Gerardo Zamora.

Por otra parte, los mandatarios de Provincias Unidas -entre los que se encuentran el chubutense Ignacio Torres y el cordobés Martín Llaryora, que tienen senadores propios- están exigiendo por las deudas que la Nación tiene con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES.

“Estamos esperando si avanzan las gestiones, si se concretan acuerdos de palabra”, aseguraron desde Provincias Unidas.

El día del debate en comisión del Presupuesto, la cordobesa Alejandra Vigo no firmó el dictamen. “Para dimensionar: a Córdoba le adeudan alrededor de $690.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas $122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias”, detalló Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti.

Sin embargo, su compañero de bancada, el correntino Carlos “Camau” Espínola, sí acompañó el dictamen.

El proyecto de Inocencia Fiscal -que busca blindar a los ahorristas para que se animen a “sacar los dólares del colchón”– también debe sancionarse el viernes y hay un articulado sobre el que están alertando empresas y aliados políticos.

Tiene que ver con el que aumenta las multas por incumplimientos como la falta de presentación de declaraciones juradas, regímenes de información y operaciones internacionales.

Actualmente son irrisorias: de $ 200 para personas humanas y $ 400 para empresas. Con la reforma, suben a $ 220 mil y $ 440 mil y a partir de 2027 se actualizarán por índice UVA.

Pero las críticas es que no distingue a Pymes de empresas grandes, que a veces la página del ARCA se cae e impide hacerlo a tiempo, entre otras cuestiones.

Caputo tuiteó entrada la noche del martes que había acordado con ARCA una “solución” para la reglamentación de la ley: que en vez de aplicarse la multa el día del vencimiento del plazo se va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. ⁠”Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa”, señaló y agregó que ARCA va a “merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso”.

La jefa de bancada de LLA, Patricia Bullrich -que capitanea las negociaciones- celebró: “Escuchamos a la gente y lo bueno de un Ministro que responde las consideraciones de la gente. La prioridad: acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen más trabajo y oportunidades. Nada de multas”.