Polémica por la reforma laboral: el Gobierno asegura que no será retroactiva pero la oposición siembra dudas

El debate por el proyecto de reforma laboral ingresó en una recta final en el Senado, pero mientras Patricia Bullrich apura los últimos acuerdos para cumplir con el cronograma que se fijó esta semana, se generó una fuerte polémica sobre la retroactividad de la normativa, que podría tener la media sanción el próximo 26 de diciembre.

La propuesta enviada por el Gobierno comenzó a ser tratada este miércoles en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión, y de Presupuesto tras un arranque violento al momento de constituirse las mismas por un fuerte exabrupto de José Mayans, ofuscado por el acuerdo que la oficialista Bullrich selló con los bloques dialoguistas para asegurarse el control de las principales comisiones del Senado.

“Acá hacen lo que se les canta las pelotas”, gritó el formoseño recurriendo al artículo 14° del reglamento de la Cámara alta, para impugnar la conformación de las comisiones. Tal como había anticipado este diario, los K van por la judicialización de la disputa en protesta a sufrir un recorte en las sillas otorgadas a ese espacio, lo que seguramente terminará en la Corte Suprema, que aplicará la doctrina: los problemas de la política que los resuelva la política.

Más allá de esa disputa, la discusión del proyecto de modernización laboral reavivó la polémica por la retroactividad de la normativa, que en el caso de tener la media sanción del Senado después de Navidad, deberá pasar por Diputados la última semana de diciembre, algo más complejo de conseguir.

Al defender la propuesta en el Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, advirtió que si la ley es promulgada se va a aplicar a los nuevos trabajos. “Las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente”, puntualizó el funcionario ante los legisladores, aunque agregó que “hay algunos institutos que son de aplicación retroactiva y por eso hay juicios pendientes”.

Sin embargo, el diputado y dirigente de la CTA, Hugo Yasky, que cargó duro contra el proyecto al calificarlo como “regresivo”, explicó que la ley de modernización laboral comenzará a aplicarse, si es aprobada por el Congreso, a partir del momento que sea publicada en el Boletín Oficial derogando una serie de estatutos laborales.

En concreto, aquellos trabajadores que fueron contratados bajo un estatuto anterior a la ley podrán ser despedidos con la nueva legislación, perdiendo así todos los beneficios que había adquirido cada sector.

En contraposición, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que la legislación laboral se aplica en relación al momento en que se inicia el contrato de trabajo. De acuerdo a esta posición habría trabajadores que fueron contratados por normativas derogadas y en un hipotético caso de ser despedidos se debería respetar las condiciones laborales y de derechos.

No obstante es claro que la normativa, en caso de tener luz verde en el Congreso, habilitará a los empleadores a transferir a sus trabajadores a pasar al nuevo régimen laboral.

Más allá de las diferencias, Cordero defendió la propuesta al resaltar que es “un proyecto de ley que resulta equilibrado” y garantizar que “conserva los derechos de los trabajadores”. “Hemos trabajado para que los trabajadores que están dentro de la informalidad pasen de una manera dinámica a la formalidad”, fundamentó el funcionario aunque dejó en claro que la ley le devuelve “el poder de organización al empleador”.

En la jornada pasaron representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Sociedad Rural, entre otras organizaciones.

Mientras que el cierre de la jornada estuvo a cargo de los miembros del triunvirato de la CGT, Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, quienes fueron convocados cuando el plenario ya había comenzado aunque Bullrich había asegurado que se había comunicado con la central sindical para invitarlos y que le respondieron que iban a concurrir después de la manifestación convocada para este jueves en contra de la propuesta impulsada desde la Casa Rosada.

En este contexto, Sola insistió con que la propuesta “tiene graves problemas de constitucionalidad” porque va en contra del artículo 14 bis al no proteger a los trabajadores y ponerlos en pie de igualdad con el empleador. “Solicitamos que no sea una discusión entre gallos y medianoche. Están modificando las relaciones laborales y, por lo tanto, tiene que tener una discusión en profundidad”, reclamó el dirigente.

Mientras el debate en comisión seguía, Cordero trabajaba con la oposición en el despacho de Bullrich en la modificación de algunos artículos. Incluso, Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR, convocó a los miembros de su bancada para elaborar un semáforo con aquellos puntos que cuestionan de la normativa.

La ex ministra de Seguridad ya había anticipado que el despacho de comisión se iba a firmar este viernes con la misión de convertirlo en ley el próximo 26 de diciembre. Por lo pronto, este jueves continuarán los invitados propuestos por el peronismo y La Libertad Avanza.