Polémica en Santa Fe: la Corte local declaró inconstitucional el tope a jubilaciones de privilegio y avaló haberes de $ 18 millones

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abrió una fuerte polémica política e institucional. El máximo tribunal provincial declaró inconstitucional el tope que la reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro había establecido para las denominadas jubilaciones de privilegio, una medida que alcanza principalmente a magistrados y funcionarios judiciales con los haberes más elevados del sistema.

El fallo no solo reabrió la discusión sobre los regímenes especiales de jubilación. También dejó a la Corte en el centro de las críticas por haber resuelto un expediente cuyos efectos económicos alcanza a uno de sus integrantes, próximo a retirarse y convertirse en potenciales beneficiarios de la decisión.

La ley previsional aprobada el año pasado había fijado un límite equivalente a 20 jubilaciones mínimas provinciales, un monto que hoy ronda los $ 13 millones mensuales. Con esa restricción, el gobierno local buscaba poner un techo a un reducido grupo de haberes previsionales que llegan a $ 18 millones.

Sin embargo, por una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres, la Corte consideró que ese límite vulnera garantías constitucionales y dejó sin efecto uno de los puntos centrales de la reforma.

La sentencia provocó una inmediata reacción del Ejecutivo provincial, que no solo confirmó que apelará la decisión hasta agotar todas las instancias judiciales posibles, sino que además cuestionó duramente que los propios jueces hayan intervenido en un expediente del que podían resultar beneficiados.

El caso que más incomodidad genera es el del ministro Eduardo Spuler. El magistrado dejará la Corte el próximo 1° de septiembre y votó a favor de declarar inconstitucional el tope. Desde la Casa Gris sostienen que, por su situación personal, debió haberse apartado del expediente.

“Podría haberse excusado. Le faltaban apenas unos días para irse. Sin embargo, decidió intervenir en una sentencia que puede beneficiarlo personalmente”, cuestionó el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso.

La Provincia ya había intentado apartar a integrantes del tribunal mediante una recusación por entender que existía un evidente conflicto de intereses. Ese planteo fue rechazado por la propia Corte, que finalmente resolvió el expediente con una mayoría mínima.

Para el Gobierno, el debate ya no pasa únicamente por la constitucionalidad del límite previsional sino por un principio básico de transparencia institucional: si un tribunal puede pronunciarse sobre un régimen que tiene consecuencias patrimoniales directas para quienes integran ese mismo cuerpo.

La discusión también tiene un fuerte impacto económico. Antes de la reforma previsional, el déficit proyectado de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe rondaba los $ 900.000 millones anuales. Tras los cambios aprobados por la Legislatura, el rojo estimado se redujo a unos $ 400.000 millones.

Según datos oficiales, el régimen previsional del Poder Judicial explica cerca del 50% del déficit total del sistema provincial, producto de beneficios superiores al régimen general y de haberes considerablemente más altos que los del resto de los jubilados.

Por eso, en el pullarismo sostienen que el límite cuestionado no afectaba a la inmensa mayoría de los jubilados santafesinos, sino exclusivamente a un grupo muy reducido de beneficios de excepción, concentrados principalmente en el Poder Judicial.

La sentencia amenaza ahora con reabrir un esquema que el Gobierno considera financieramente insostenible y políticamente difícil de justificar en un contexto de ajuste sobre las cuentas públicas.

En la administración de Pullaro aseguran que la decisión de apelar ya está tomada y que el caso llegará hasta las últimas instancias disponibles. Al mismo tiempo, buscarán instalar el debate sobre la necesidad de que los jueces se aparten de expedientes cuando existe un interés patrimonial directo.

El fallo, en ese contexto, amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos institucionales de los últimos años en Santa Fe. No solo porque pone en discusión la reforma previsional más importante impulsada por la actual gestión, sino porque deja bajo sospecha la imparcialidad de un tribunal que terminó resolviendo sobre un beneficio que también alcanza a algunos de sus propios integrantes.