Otra mala noticia para Cristina Kirchner: Casación confirmó que ella y los condenados de Vialidad deben pagar $ 685.000 millones

La Cámara Federal de Casación Penal volvió a confirmar que Cristina Kirchner debe pagar 684.990.350.139,86 pesos de forma solidaria con los demás condenados del caso Vialidad, en concepto de decomiso. Rechazaron la apelación de la ex Presidenta y de Lázaro Báez al avalarla cifra que exige el Tribunal que ejecuta la pena.

El 15 de julio, el Tribunal Oral Federal 2 -responsable de ejecutar la pena de la causa donde Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta- intimó a todos los responsables de la maniobra a pagar aquella suma en el plazo de diez días hábiles.

Los peritos contables de la Corte Suprema actualizaron por orden del TOF 2, el valor del fraude ocasionado. La sentencia condenatoria de juicio se refirió a 85.000 millones de pesos. En junio, los especialistas sostuvieron el la cifra a pagar de forma solidaria por los condenados, asciende a 684.990.350.139,86 pesos.

Pese a la intimación cursada por el Tribunal a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y los demás condenados, ninguno de ellos depositó nada en la cuenta abierta para tales fines en el plazo indicado.

Desde entonces, la ex Presidente presa en San José 1111 con tobillera electrónica en cumplimiento de la condena de corrupción, buscó retrasar la instancia siguiente: la ejecución patrimonial reclamada por el Ministerio Público Fiscal.

Primero rechazó la actualización del monto a pagar. No tuvo éxito, y esa decisión obtuvo la confirmación de la Cámara de Casación. Después, discutió la fórmula aplicada para llegar a los 685.000 millones de pesos. Obtuvo el mismo resultado que la anterior queja.

El último de sus planteos, que resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña- pretendía llevar la ejecución de bienes de Comodoro Py al fuero Civil y Comercial.

Con el objetivo de retrasar la ejecución patrimonial, la defensa de la expresidenta cuestionó la cifra arribada partiendo de la base de la defraudación que en la sentencia de juicio se había fijado en 85.000 millones de pesos, y la metodología aplicada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia para arribar a los 685.000 millones.

Ante ese debate los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña coincidieron en que la condena dictada en diciembre de 2022 se encuentra firme desde la intervención de la Corte en junio pasado, “lo que clausura cualquier debate sobre la procedencia o extensión del decomiso”.

Con un criterio unánime, los integrantes del máximo tribunal penal, indicaron que el decomiso es una “consecuencia legal e imperativa de la condena penal prevista en el artículo 23 del Código Penal”. Es decir: es resultado del delito cometido y que confirmó la sentencia de juicio. La misma obtuvo firmeza el 10 de junio tras el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia.

Al momento de referirse a la actualización del monto -que asciende a $684.990.350.139,86- los camaristas respaldaron una vez más, el dictamen técnico del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también el criterio aplicado por las profesionales del Ministerio Público Fiscal.

Los jueces entendieron que dichos informes en los que se basó el TOF 2 para exigir el pago del decomiso a la ex Presidenta y a los demás ocho condenados por corrupción, “garantiza independencia, imparcialidad y solidez metodológica”.

Sin embargo, la defensa de la ex Mandataria rechazó esa resolución es insistió con su oposición al monto fijado que de forma solidaria debe pagar junto a los demás condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Frente a la nueva queja interpuesta por Cristina Kirchner, el máximo tribunal penal consideró que no había sustento en el planteo. “Las partes recurrentes basaron sus impugnaciones en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas”, sostuvieron los magistrados.

La defensa de la ex presidenta, había señalado que el método utilizado por el tribunal oral (índice de precios al consumidor) resultaba inadecuado, y señaló que resultaba más apropiado el criterio seguido por el perito contador de parte, quien arribó a un monto sustancialmente menor ($ 42.494.357.845,17). Asimismo, solicitó que se suspenda la ejecución del decomiso.

A ese reclamo adhirieron las defensas de Lázaro Antonio Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda. Todo fue desestimado por el máximo tribunal penal.

Esta nueva resolución de la Cámara de Casación allana el camino para que el juez Jorge Gorini -responsable de hacer cumplir la pena en el caso Vialidad-, avance con la ejecución patrimonial de los acusados.

El fiscal general, Diego Luciani, presentó un listado de veinte inmuebles de Cristina Kirchner, y 89 de Lázaro Báez sobre los cuales pidió la ejecución patrimonial inmediata.