Mas problemas para Manuel Adorni: el juez Lijo ordenó investigar las comunicaciones de Marcelo Grandio por los contratos con la TV Pública

El juez federal Ariel Lijo pidió analizar las comunicaciones de Marcelo Grandio, el amigo del jefe de Gabinete, y Horacio Silva quien figura como presidente de Imhouse SA la productora que firmó seis contratos con la TV Pública. La justicia analiza las fechas de esos acuerdos y quiere saber si en el medio hubo intercambios con Manuel Adorni.

El objetivo de la medida es lograr saber con quiénes hablaron en fechas determinantes de los contratos de la TV Pública, “para evaluar si hubo algún tipo de injerencia o influencia”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

En el expediente que se concentra en el vuelo privado a Punta del Este que tomó Manuel Adorni junto a todas su familia, acompañado por el periodista Marcelo Grandio, y a raíz del levantamiento del secreto fiscal y bancario, se sumaron nuevos datos que para los investigadores “corroboran un vínculo preexistente a la función pública”.

El foco de la pesquisa busca desentrañar una sospecha central: si el funcionario benefició a su amigo con contratos con la Televisión Pública, si existió un presunto circuito de retornos. Seis contratos se incorporaron al expediente que ya contaba con diez transferencias bancarias recibidas por el Jefe de Gabinete antes de ser funcionario.

El viaje hacia Punta del Este con Grandio se convirtió en un expediente judicial. Las sospechas rondan alrededor del pago del mismo, la metodología y el vínculo comercial que podría existir entre el funcionario y el periodista. En ese viaje, el trayecto de ida que el funcionario dijo haber pagado, tuvo un costo el 4.830 dólares, mientras el del tramo de regreso fue de 4.200 dólares. Adorni habría abonado sólo el primero de los tramos pero según la documentación que consta en la causa, la empresa de vuelos Alpha Centauri S.A remitió las facturas que dan cuenta del pago que concretó Imhouse SA, propiedad de Grandio.

A esa relación se sumaron seis contratos entre RTA (Radio y Televisión Argentina) y la productora Imhouse que, en primer término, señalaron fuentes judiciales a Clarín, “no establecen un vínculo jurídico directo entre el conductor Grandio y el jefe de gabinete, pero sí muestran que antes de que Adorni llegue a la función pública la productora no tenía contratos y previo a ello existieron diez transferencias bancarias”.

El jefe de Gabinete negó cualquier beneficio concedido a Marcelo Grandio desde su cargo, en ese sentido añadió que los contratos otorgados a su productora pasaron por los entes de control requeridos y que en ninguno de ellos, intervino.

La justicia federal busca determinar si existió la comisión de algún delito: las figuras bajo estudio son las negociaciones incompatibles, el abuso de poder, beneficios que podrían haberse otorgado bajo el tráfico de influencias.

Las comunicaciones que se analizarán por orden del juez federal, Ariel Lijo, son entre Marcelo Grandio y Horacio Silva quien en los papeles, figura como presidente de Imhouse SA, la productora que firmó los seis contratos con la TV Pública.

En esencia, teniendo en cuenta las fechas en las que se firmaron los contratos, si -por ejemplo- hubo comunicaciones con Manuel Adorni. La TV Pública depende de la Secretaría de Medios y de la jefatura de Gabinete.

Son seis los contratos que fueron entregados a la justicia y también de esos documentos, se analiza la evolución de los montos. Lo primero que queda sobre el escritorio es que existió un respaldo institucional “que se fue incrementando en favor de los contenidos que proporcionaba Imhouse propiedad de Grandio”, explicó una fuente allegada a la causa.

Se pasó de un contrato global de $ 5,8 millones en agosto de 2024 a valores unitarios de casi $ 1,1 millones por capítulo en septiembre de 2025. Otro de los interrogantes es, si había una política de recorte en los medios públicos, los ingresos garantizados a Grandio ¿sufrieron ese ajuste o sus valores se incrementaron? Es donde hace foco la justicia federal, también.

Para fortalecer la línea de investigación, se comenzarán a analizar las comunicaciones de Grandio y Silva, para entrecruzar con las fechas de inicio de los expedientes que habilitaron las firmas de los contratos, y saber si en esas fechas hubo comunicaciones y con quiénes: “con interventor de la TV Pública, con Manuel Adorni, conocer con quiénes se hablaba”, indicaron fuentes allegadas a la causa.

Las fechas de los contratos firmados son una guía para analizar las comunicaciones, la justicia quiere saber con quiénes hablaba Grandio.

En un resumen comparativo de costos y contratos para la televisión y plataforma streaming, la información que tiene bajo estudio el juez Lijo expone que desde agosto de 2024 los valores crecieron como también la cantidad de capítulos demandados.

El primero de los contratos fue de 10 capítulos con un costo unitario de $ 588.399 más IVA, Siete meses después, por la misma cantidad de capítulos se le pagó a Grandio $ 900.000 más IVA por cada uno.

Hacia agosto de 2025 se mantuvo el valor unitario de los capítulos, pero se duplicó su cantidad. Y el número aumentó en el último de los contratos: 50 capítulos para el streaming por $ 950.000 más IVA cada uno. Previo a ello, hubo un costo para la misma plataforma de $ 1.097.500 más IVA valor unitario por 16 capítulos.

Hay un dato especificado en la documentación y es que en todos los contratos de TV/Streaming se aclara que si la comercialización publicitaria no alcanza para cubrir el costo de producción, Imhouse asume el cargo, lo que implica que el Estado (RTA) no debería desembolsar dinero en efectivo, aunque cede gratuitamente toda su infraestructura operativa.